Fueron 40 los parlamentarios que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional sobre el Decreto Supremo Nº 40, del ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La acción objetaba los artículos que regulan la Consulta a los pueblos indígenas y los permisos sectoriales para la evaluación de impacto ambiental. Con esto los dos tratados internacionales que regulan estos temas: El Convenio 169 de la OIT y la Convención de Washington, ambos ratificados por nuestro país, estarían por debajo de las leyes internas, lo que alertó a la los parlamentarios.
En este sentido, el diputado socialista, Alfonso De Urresti señaló que “estamos estudiando hacer una presentación judicial para poder recurrir ante el Tribunal Ambiental sobre esta situación porque creemos que no se debe rebajar el estándar de la consulta indígena del Convenio 169 y menos aún la Convención de Washington en materia de protección de área silvestre, creemos que el Tribunal Constitucional ha dado una mala señal y vamos a utilizar todas las instancias judiciales”.
En cuanto al asunto ambiental, con este fallo se podría entrar en recintos protegidos y sustraer especies. Algo que no es la primera vez que se intenta establecer, tal como indicó Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram.
Por esto, la ambientalista afirmó que “permite la corta de especies declaradas monumento natural que están amparadas en la Convención de Washington, tales como la Araucaria, el Alerce, el Queule, el Titao, entre otras y esta es una historia de larga data, donde distintas veces instituciones públicas han intentado la violación de esta Convención y particularmente autorizar al corta de especies declaradas monumento natural”.
La ambientalista indicó que el ministro Jaime Campos en el gobierno de Lagos lo intentó bajo el Decreto 525 y la ministra de Agricultura Marigen Hornkohl con el Decreto 654 en el gobierno de Bachelet. Sin embargo, hoy existen algunos fallos de la Corte Suprema en la línea contraria, lo que podría considerarse en una discusión normativa.
En cuanto al tema indígena, hay varios intentos de subsumir la Consulta a otras normas. De hecho, en esta administración se realizó una mesa de consenso, altamente cuestionada, que determinó que, en temas ambientales, la Consulta sería regulada por ese reglamento. Y los mismos participantes del encuentro han amenazado con que, si la consulta no se resuelve de buena manera llegarán a la OIT.
Por otro lado, están las organizaciones críticas a esa instancia, como el Encuentro de Autoridades Ancestrales y dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados. La Coordinadora, Sandra Huentemilla, calificó la decisión de Tribunal Constitucional como “un retroceso” e indicó que también analizan llegar a Tribunales Ambientales e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.
Fueron 40 los parlamentarios que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional sobre el Decreto Supremo Nº 40, del ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La acción objetaba los artículos que regulan la Consulta a los pueblos indígenas y los permisos sectoriales para la evaluación de impacto ambiental. Con esto los dos tratados internacionales que regulan estos temas: El Convenio 169 de la OIT y la Convención de Washington, ambos ratificados por nuestro país, estarían por debajo de las leyes internas, lo que alertó a la los parlamentarios.
En este sentido, el diputado socialista, Alfonso De Urresti señaló que “estamos estudiando hacer una presentación judicial para poder recurrir ante el Tribunal Ambiental sobre esta situación porque creemos que no se debe rebajar el estándar de la consulta indígena del Convenio 169 y menos aún la Convención de Washington en materia de protección de área silvestre, creemos que el Tribunal Constitucional ha dado una mala señal y vamos a utilizar todas las instancias judiciales”.
En cuanto al asunto ambiental, con este fallo se podría entrar en recintos protegidos y sustraer especies. Algo que no es la primera vez que se intenta establecer, tal como indicó Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram.
Por esto, la ambientalista afirmó que “permite la corta de especies declaradas monumento natural que están amparadas en la Convención de Washington, tales como la Araucaria, el Alerce, el Queule, el Titao, entre otras y esta es una historia de larga data, donde distintas veces instituciones públicas han intentado la violación de esta Convención y particularmente autorizar al corta de especies declaradas monumento natural”.
La ambientalista indicó que el ministro Jaime Campos en el gobierno de Lagos lo intentó bajo el Decreto 525 y la ministra de Agricultura Marigen Hornkohl con el Decreto 654 en el gobierno de Bachelet. Sin embargo, hoy existen algunos fallos de la Corte Suprema en la línea contraria, lo que podría considerarse en una discusión normativa.
En cuanto al tema indígena, hay varios intentos de subsumir la Consulta a otras normas. De hecho, en esta administración se realizó una mesa de consenso, altamente cuestionada, que determinó que, en temas ambientales, la Consulta sería regulada por ese reglamento. Y los mismos participantes del encuentro han amenazado con que, si la consulta no se resuelve de buena manera llegarán a la OIT.
Por otro lado, están las organizaciones críticas a esa instancia, como el Encuentro de Autoridades Ancestrales y dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados. La Coordinadora, Sandra Huentemilla, calificó la decisión de Tribunal Constitucional como “un retroceso” e indicó que también analizan llegar a Tribunales Ambientales e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.
Fueron 40 los parlamentarios que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional sobre el Decreto Supremo Nº 40, del ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La acción objetaba los artículos que regulan la Consulta a los pueblos indígenas y los permisos sectoriales para la evaluación de impacto ambiental. Con esto los dos tratados internacionales que regulan estos temas: El Convenio 169 de la OIT y la Convención de Washington, ambos ratificados por nuestro país, estarían por debajo de las leyes internas, lo que alertó a la los parlamentarios.
En este sentido, el diputado socialista, Alfonso De Urresti señaló que “estamos estudiando hacer una presentación judicial para poder recurrir ante el Tribunal Ambiental sobre esta situación porque creemos que no se debe rebajar el estándar de la consulta indígena del Convenio 169 y menos aún la Convención de Washington en materia de protección de área silvestre, creemos que el Tribunal Constitucional ha dado una mala señal y vamos a utilizar todas las instancias judiciales”.
En cuanto al asunto ambiental, con este fallo se podría entrar en recintos protegidos y sustraer especies. Algo que no es la primera vez que se intenta establecer, tal como indicó Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram.
Por esto, la ambientalista afirmó que “permite la corta de especies declaradas monumento natural que están amparadas en la Convención de Washington, tales como la Araucaria, el Alerce, el Queule, el Titao, entre otras y esta es una historia de larga data, donde distintas veces instituciones públicas han intentado la violación de esta Convención y particularmente autorizar al corta de especies declaradas monumento natural”.
La ambientalista indicó que el ministro Jaime Campos en el gobierno de Lagos lo intentó bajo el Decreto 525 y la ministra de Agricultura Marigen Hornkohl con el Decreto 654 en el gobierno de Bachelet. Sin embargo, hoy existen algunos fallos de la Corte Suprema en la línea contraria, lo que podría considerarse en una discusión normativa.
En cuanto al tema indígena, hay varios intentos de subsumir la Consulta a otras normas. De hecho, en esta administración se realizó una mesa de consenso, altamente cuestionada, que determinó que, en temas ambientales, la Consulta sería regulada por ese reglamento. Y los mismos participantes del encuentro han amenazado con que, si la consulta no se resuelve de buena manera llegarán a la OIT.
Por otro lado, están las organizaciones críticas a esa instancia, como el Encuentro de Autoridades Ancestrales y dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados. La Coordinadora, Sandra Huentemilla, calificó la decisión de Tribunal Constitucional como “un retroceso” e indicó que también analizan llegar a Tribunales Ambientales e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.
