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Año XII, 26 de noviembre de 2020

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Persisten reparos a proyecto de ley de TV Digital pese a su próximo despacho

A pocos pasos de su aprobación está el proyecto de Ley de Televisión Digital. La próxima semana se realizará su votación en último trámite constitucional en el Senado, y de ser aprobada, pasará a ser ley oficial de la República. Esto después de que el martes se aprobara el informe de la Comisión Mixta que zanjaba las diferencias entre ambas cámaras, llegando a nuevos acuerdos que se incorporan a la iniciativa.

Paula Correa

  Miércoles 9 de octubre 2013 19:56 hrs. 
tv digital



Después de cinco años de tramitación ya está en recta final el proyecto de Ley de Televisión Digital. Las complicaciones en el debate se han dado porque este proyecto no sólo intenta regular el cambio tecnológico desde la televisión análoga a digital, sino que al tratarse de un bien público, se busca regular el contenido y generar avances en la forma en la que se entiende la televisión en el país.

El martes pasado se aprobó en la Cámara de Diputados el informe de la Comisión Mixta, con lo que se modificaron algunas normas del texto legal que provocaban discordia entre los parlamentarios. Pero, ¿qué plantea este informe?

Cambios al rol del CNTV
En línea con el proyecto de ley que pretende fortalecer el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), se le entrega al organismo la función de regular las campañas televisivas de utilidad pública y se le da un plazo de 15 días de corrido para aprobarlas con el voto conforme de, al menos, siete de sus miembros en ejercicio. Se fija también la duración de las campañas y su posible renovación.

Aquí había desacuerdos ya que algunos parlamentarios pretendían que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) elaborara las campañas y luego fueran los canales, conforme a sus editoriales, los que definieran la publicidad, lo que iría en contra de una campaña de interés público, según indicó la abogada del Observatorio de Medios FUCATEL, Lorena Donoso.

Además, el acuerdo de la Mixta señala que el Consejo deberá adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que, en los programas de noticias, de opinión y de debate político que se emitan, se respete debidamente el principio del pluralismo. Todo lo que respecta a las atribuciones del CNTV sigue generando discrepancias, pese a las cercanías de una posible aprobación del texto, tal como advirtió la especialista en telecomunicaciones.

Lorena Donoso indicó que “en los puntos principales, lo que seguía en controversia y sigue con ello, es que la UDI anunció una reserva de constitucionalidad para que el TC se pronuncie sobre las modificaciones que se hace a las atribuciones del CNTV, que iría más allá de las facultades que la Constitución le entrega a este órgano. Nosotros hemos sostenido que se debe aumentar las facultades, porque no puede ser que un proyecto técnico defina a los concesionarios”.

Cobertura de la televisión abierta
Lorena Donoso destacó que en este informe se ratifica el que la ley asegura que toda la televisión abierta es gratuita, pero advirtió que también genera polémica la posibilidad de que con el 85 por ciento de la cobertura poblacional los operadores de televisión abierta le cobren a los canales de pago o cable por transmitir sus contenidos.

Esto porque hay zonas que sólo tienen acceso a cable y allí entonces podría incluso perderse el acceso a la TV abierta. “No queda claro que sólo con TV abierta se pueda llegar al 100 de la cobertura poblacional y tampoco que esta regla no termine por encarecer el precio de los planes te revisión pagada, debido al posible traspaso de estos cobros de las empresas a los clientes”, afirmó la jurista.

Situación de la entrega de concesiones
En materia de concesiones, en el acuerdo se optó por una nueva redacción, estableciendo que se entregarán por localidades y no se podrán otorgar nuevas concesiones a personas jurídicas que ya sean titulares de una. Esto buscaría impedir la concentración de concesiones en pocas manos.

Además, sólo se otorgarán a personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no sea inferior al de la concesión. Las que se generen por medios propios, es decir que sean los propietarios los que transmiten, durarán 20 años, en tanto las con medios de terceros, es decir, con arriendo de espacios, durarán cinco años.

Sin embargo, estas resoluciones no dejaron conforme a todos los actores, ya que las organizaciones buscaban que las concesiones se dieran conforme a un proyecto programático, lo que finalmente quedó fuera del proyecto de ley, según indicó Jorge Atom, Subsecretario de Telecomunicaciones significaba control previo a la programación y contenido, lo que mal usado “podría ser nefasto”.

La investigadora del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), Chiara Sáez, se refirió a la nueva estructura con la que se entregarán estos permisos de operación y sus limitantes: “Se cambian las concesiones de vitalicias a 20 años, pero los canales análogos pasan a digital automáticamente, es una renovación encubierta. Eso nos dice que el espectro está distribuido entre actores dominantes, y que en ningún caso se promueve la entrada a nuevos actores. Lo que promueve es financiamiento para la producción de contenidos, pero no el acceso a concesiones”.

En ese sentido, las organizaciones han sostenido también que el proyecto, como está quedando en su etapa final, no cumple los requisitos en materia de libertad de expresión, ya que sólo reproduce la antigua estructura en vez de generar un cambio de fondo, dejando sin aportes de financiamiento a los concesionarios de la llamada televisión de diversidad que incluye a los canales comunitarios, educativos y culturales.

Reparos técnicos
También hay reparos en temas técnicos. Si bien durante el gobierno de Bachelet se consensó una normativa, el modelo brasileño/japonés, no se puede asegurar que “la nueva televisión” llegue a todos. Esto principalmente por problemas información.

Así lo indicó Juan Carlos Berner de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, quien apunta que “la gente tendrá acceso de ver televisión abierta en alta definición, pero hay desinformación porque la gente va a una tienda, y no sabe qué características debe tener el televisor para tener mayor calidad. Y la gente que no puede comprarse un televisor, no sabe que por esto no podrá tener acceso a los nuevos contenidos”.

Si bien hay cinco años para completar el proceso de migración de los aparatos receptores con decodificadores que oscilan entre los 20 y 25 mil pesos, desde FUCATEL indican que el proyecto de ley permite que los canales ocupen tecnologías complementarias y use satélite, con eso abre la posibilidad de que además de pagar una nueva televisión, un decodificador, la gente deba comprar también el satélite.

Así, aún hay algunos aspectos que consensuar y otros que deben ser regulados, incluso después de la posible aprobación del texto de ley en la Cámara Alta el próximo martes. Por eso, las organizaciones y los especialistas piden que se abra un amplio proceso de discusión y de información respecto de esta ley y sus alcances.