En la esquina nor-oriente de las calles Riquelme y Compañía, en pleno centro de Santiago, se está demoliendo una casa bella, con gran calidad arquitectónica y urbana, elegante y simbólica de la ciudad. Se trata del palacio Montt, respecto del cual la alcaldía de Santiago y el Consejo de Monumentos Nacionales, pidieron que no se demoliera. Sin embargo, los propietarios, pensando solo en el lucro al corto plazo, seguramente preocupados por la creciente presión social, se apresuraron en demoler.

Por el solo hecho de ser los propietarios, y buscar el lucro fácil (podrían haber ganado lo mismo agudizando el ingenio y la creatividad) privaron a toda la ciudad de un gran aporte arquitectónico, urbano y cultural. ¿Que construirán en ese estrecho paño de terreno? Seguramente un edificio que, como la mayoría de los edificios nuevos que invaden el sector, será feo, mal concebido y tugurizable en el corto plazo. Vergüenza para los arquitectos involucrados y ganancia para los gestores inmobiliarios.

Nuestra sociedad y las ciudades están absolutamente desamparadas y desvalidas frente a un atentado como este. Lo paradójico es que los propietarios no violaron ninguna ley, ya que nuestro modelo de desarrollo, y su legislación, permite acciones infames como estas, incluso las fomenta.

Por lo tanto, no es un problema tan solo de la ley. Creo que el asunto es aun más grave, ya que si en el futuro cercano se aprobara una ley que le diera mas atribuciones a las autoridades y a la población organizada para planificar la ciudad, sin duda que no faltarían los parlamentarios que presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual seguramente sería acogido, y la ley quedaría anulada, ya que atentaría contra la libre iniciativa privada. El problema, por lo tanto, está en la Constitución que nos heredó la dictadura.

Esperemos que la demolición infamante del palacio Montt debería ser uno de los últimos (?) estertores de la dictadura en nuestras ciudades. En conclusión, el cambio constitucional que se avecina, necesaria e inevitablemente, es también un hecho urbano.

Una pregunta final:
¿Estará consciente la clase política chilena de los beneficios sociales que significa una ciudad justa, equilibrada y bella?¿los gremios inmobiliarios habrán permeado, a través de la ideología o a través de la corrupción, a nuestros representantes políticos?