La mencionada comisión parlamentaria aprobó el proyecto con tres votos a favor, los RN Alberto Espina y Carlos Larraín y el UDI Hernán Larraín, y las abstenciones de los democratacristianos Patricio Walker y Soledad Alvear.
Sin embargo, la iniciativa, en segundo trámite, seguirá siendo estudiada en Constitución, Legislación y Justicia, esta vez en particular.
El ministro del Interior Andrés Chadwick, dio por superada la molestia que generó la suspensión de la sesión de la instancia de este martes, por la inasistencia de varios de los parlamentarios, y mostró su satisfacción por el avance del proyecto.
En esa perspectiva, el jefe de gabinete señaló que “lo que nos ha pedido el Presidente Piñera y es su intención que obviamente con la colaboración del Congreso y en este caso del Senado, esos proyectos que consideramos muy importantes para abordar y luchar con más instrumentos contra la delincuencia, los podamos sacar lo antes posible, porque el único objetivo que tienen es beneficiar a la gente en materia de seguridad ciudadana”.
El senador Espina enfatizó en que el proyecto busca evitar desórdenes que provoquen la interrupción del transporte, el suministro de agua potable o la libre circulación en las carreteras.
“Una cosa es manifestarse públicamente porque aquello es parte de la democracia, pero otra cosa es cortar la circulación, golpear gente, quemar autos, realizar saqueos, y además hacer todo aquello, encapuchado”, aseguró.
Por su parte el senador Walker, justificó su abstención, y la de la senadora Soledad Alvear, en que es necesario “escuchar la opinión de otros expertos en la materia”.
En esa línea, el parlamentario de la DC explicó que “las dos actuaciones no se explican porque no se quiera legislar, sino porque se debió haber escuchado a otros profesores, a otros invitados, como el general director de Carabineros antes de votar, el Gobierno insistió en la discusión inmediata, por eso nosotros preferimos abstenernos, si hubiéramos querido obstaculizar la tramitación lo hubiéramos rechazado, para escuchar como lo vamos a hacer el martes a varios profesores de Derecho Penal que han pedidos ser escuchados, al general director de Carabineros que también queremos escuchar y empezar a votar en particular, pero legislar bien”.
Desde Amnistía Internacional Chile insisten en que esta iniciativa no garantiza proporcionalidad entre el resguardo del orden y el respeto de derechos fundamentales.
Según Ana Piquer, directora de la organización, dijo que éste y toda la agenda de seguridad pública del Gobierno de Sebastián Piñera, además generaría roces con los tratados internacionales ratificados por el país.
Por esto, la directora del organismo humanitario afirmó que “vemos que todos estos proyectos gatillan preocupaciones en esa línea, de que son restricciones más allá de lo debido desde la perspectiva de los derechos humanos, y en ese sentido es importante que esto se analice, que esto se discuta y que efectivamente se tengan en cuenta los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile, y que no se estén vulnerando. Desde esa perspectiva el que se haga una discusión tan rápida impide de alguna manera hacer ese análisis y eventualmente podríamos terminar teniendo una legislación que conflictue con los Tratados Internacionales que el propio Estado de Chile ha ratificado”.
Ana Piquer advirtió que esta situación podría revisarse a inicios del próximo año cuando a Chile le corresponda someterse al Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de la ONU.
La mencionada comisión parlamentaria aprobó el proyecto con tres votos a favor, los RN Alberto Espina y Carlos Larraín y el UDI Hernán Larraín, y las abstenciones de los democratacristianos Patricio Walker y Soledad Alvear.
Sin embargo, la iniciativa, en segundo trámite, seguirá siendo estudiada en Constitución, Legislación y Justicia, esta vez en particular.
El ministro del Interior Andrés Chadwick, dio por superada la molestia que generó la suspensión de la sesión de la instancia de este martes, por la inasistencia de varios de los parlamentarios, y mostró su satisfacción por el avance del proyecto.
En esa perspectiva, el jefe de gabinete señaló que “lo que nos ha pedido el Presidente Piñera y es su intención que obviamente con la colaboración del Congreso y en este caso del Senado, esos proyectos que consideramos muy importantes para abordar y luchar con más instrumentos contra la delincuencia, los podamos sacar lo antes posible, porque el único objetivo que tienen es beneficiar a la gente en materia de seguridad ciudadana”.
El senador Espina enfatizó en que el proyecto busca evitar desórdenes que provoquen la interrupción del transporte, el suministro de agua potable o la libre circulación en las carreteras.
“Una cosa es manifestarse públicamente porque aquello es parte de la democracia, pero otra cosa es cortar la circulación, golpear gente, quemar autos, realizar saqueos, y además hacer todo aquello, encapuchado”, aseguró.
Por su parte el senador Walker, justificó su abstención, y la de la senadora Soledad Alvear, en que es necesario “escuchar la opinión de otros expertos en la materia”.
En esa línea, el parlamentario de la DC explicó que “las dos actuaciones no se explican porque no se quiera legislar, sino porque se debió haber escuchado a otros profesores, a otros invitados, como el general director de Carabineros antes de votar, el Gobierno insistió en la discusión inmediata, por eso nosotros preferimos abstenernos, si hubiéramos querido obstaculizar la tramitación lo hubiéramos rechazado, para escuchar como lo vamos a hacer el martes a varios profesores de Derecho Penal que han pedidos ser escuchados, al general director de Carabineros que también queremos escuchar y empezar a votar en particular, pero legislar bien”.
Desde Amnistía Internacional Chile insisten en que esta iniciativa no garantiza proporcionalidad entre el resguardo del orden y el respeto de derechos fundamentales.
Según Ana Piquer, directora de la organización, dijo que éste y toda la agenda de seguridad pública del Gobierno de Sebastián Piñera, además generaría roces con los tratados internacionales ratificados por el país.
Por esto, la directora del organismo humanitario afirmó que “vemos que todos estos proyectos gatillan preocupaciones en esa línea, de que son restricciones más allá de lo debido desde la perspectiva de los derechos humanos, y en ese sentido es importante que esto se analice, que esto se discuta y que efectivamente se tengan en cuenta los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile, y que no se estén vulnerando. Desde esa perspectiva el que se haga una discusión tan rápida impide de alguna manera hacer ese análisis y eventualmente podríamos terminar teniendo una legislación que conflictue con los Tratados Internacionales que el propio Estado de Chile ha ratificado”.
Ana Piquer advirtió que esta situación podría revisarse a inicios del próximo año cuando a Chile le corresponda someterse al Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de la ONU.
La mencionada comisión parlamentaria aprobó el proyecto con tres votos a favor, los RN Alberto Espina y Carlos Larraín y el UDI Hernán Larraín, y las abstenciones de los democratacristianos Patricio Walker y Soledad Alvear.
Sin embargo, la iniciativa, en segundo trámite, seguirá siendo estudiada en Constitución, Legislación y Justicia, esta vez en particular.
El ministro del Interior Andrés Chadwick, dio por superada la molestia que generó la suspensión de la sesión de la instancia de este martes, por la inasistencia de varios de los parlamentarios, y mostró su satisfacción por el avance del proyecto.
En esa perspectiva, el jefe de gabinete señaló que “lo que nos ha pedido el Presidente Piñera y es su intención que obviamente con la colaboración del Congreso y en este caso del Senado, esos proyectos que consideramos muy importantes para abordar y luchar con más instrumentos contra la delincuencia, los podamos sacar lo antes posible, porque el único objetivo que tienen es beneficiar a la gente en materia de seguridad ciudadana”.
El senador Espina enfatizó en que el proyecto busca evitar desórdenes que provoquen la interrupción del transporte, el suministro de agua potable o la libre circulación en las carreteras.
“Una cosa es manifestarse públicamente porque aquello es parte de la democracia, pero otra cosa es cortar la circulación, golpear gente, quemar autos, realizar saqueos, y además hacer todo aquello, encapuchado”, aseguró.
Por su parte el senador Walker, justificó su abstención, y la de la senadora Soledad Alvear, en que es necesario “escuchar la opinión de otros expertos en la materia”.
En esa línea, el parlamentario de la DC explicó que “las dos actuaciones no se explican porque no se quiera legislar, sino porque se debió haber escuchado a otros profesores, a otros invitados, como el general director de Carabineros antes de votar, el Gobierno insistió en la discusión inmediata, por eso nosotros preferimos abstenernos, si hubiéramos querido obstaculizar la tramitación lo hubiéramos rechazado, para escuchar como lo vamos a hacer el martes a varios profesores de Derecho Penal que han pedidos ser escuchados, al general director de Carabineros que también queremos escuchar y empezar a votar en particular, pero legislar bien”.
Desde Amnistía Internacional Chile insisten en que esta iniciativa no garantiza proporcionalidad entre el resguardo del orden y el respeto de derechos fundamentales.
Según Ana Piquer, directora de la organización, dijo que éste y toda la agenda de seguridad pública del Gobierno de Sebastián Piñera, además generaría roces con los tratados internacionales ratificados por el país.
Por esto, la directora del organismo humanitario afirmó que “vemos que todos estos proyectos gatillan preocupaciones en esa línea, de que son restricciones más allá de lo debido desde la perspectiva de los derechos humanos, y en ese sentido es importante que esto se analice, que esto se discuta y que efectivamente se tengan en cuenta los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile, y que no se estén vulnerando. Desde esa perspectiva el que se haga una discusión tan rápida impide de alguna manera hacer ese análisis y eventualmente podríamos terminar teniendo una legislación que conflictue con los Tratados Internacionales que el propio Estado de Chile ha ratificado”.
Ana Piquer advirtió que esta situación podría revisarse a inicios del próximo año cuando a Chile le corresponda someterse al Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de la ONU.
