Caso SQM-Cascadas: SVS entrega respuesta a la justicia por negar antecedentes a la fiscalía
De forma reservada la Superintendencia de Valores y Seguros entregó los fundamentos con los cuales negó el acceso al Ministerio Público de la formulación de cargos en contra de Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores. El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, hizo un llamado para que se actúe "en forma rápida" en esta investigación
Jueves 10 de octubre 2013 12:02 hrs.
Luego del requerimiento hecho por la justicia, la Superintendencia de Valores y Seguros entregó de forma reservada los antecedentes que justifican la decisión, del organismo fiscalizador, de no facilitar los documentos con la formulación de cargos a los ejecutivos de SQM, por el llamado “Caso Cascadas”, al Ministerio Público.
Recordemos que la SVS negó los antecedentes de la formulación de cargos por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores, en contra de Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de la firma, al Ministerio Público, luego que éste último decidiera levantar una investigación, acogiendo la querella presentada por uno de los accionistas minoritarios.
Hasta ahora no se conocen detalles de los antecedentes presentados por el superintendente, Fernando Coloma, debido a que se hizo de forma reservada, pero se espera que contenga los mismos planteamientos que hizo la SVS para negar dicha solicitud, argumentando que “no existen las garantías desde el organismo persecutor para mantener el resguardo de la investigación”.
Según los cargos presentados por la Superintendencia de Valores y Seguros, los cuatro ejecutivos cuestionados, habrían cometido una serie de irregularidades en operaciones con sus “empresas cascadas”, que son sociedades pertenecientes a SQM, entre los años 2009 y 2011.
Reacción de la CPC
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, reaccionó a la investigación que lleva a cabo la SVS, en contra de Julio Ponce Lerou y tres ex ejecutivos y afirmó que las diligencias deben hacerse “lo más rápido posible”.
“Hay que exigirle, y así veo que lo están haciendo las AFPs, una investigación exhaustiva y rápida a la Superintendencia de Valores y Seguros porque las cosas tienen que ser oportunas, porque cuando no son oportunas pierde eficacia”, sostuvo Santa Cruz durante este jueves.
“demandamos en este caso una actuación firme, oportuna y rápida de la autoridad para aclarar los hechos y sancionar debidamente a los culpables en caso de existir”, agregó el dirigente gremial.
El presidente de la CPC agregó que esta investigación debe condenar todo tipo de mala práctica que atente contra la libre competencia y, sobre todo, si puede constituir algún tipo de fraude.
“Si nosotros no actuamos de esta manera lamentablemente ponemos en peligro la solidez de nuestras instituciones”, afirmó
“Posibilitar que los eventuales culpables tengan el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario”, finalizó Santa Cruz.
Dificultades para investigar
Mauricio Daza, abogado defensor de accionistas minoritarios, indica que falta voluntad de investigación: “Creo que nuestra legislación es suficiente para obtener condenas ejemplares en este tipo de delito. Lo que falta son autoridades que tengan la decisión y coraje de hacer cumplir la ley, sobre todo cuando se trata de grupos empresariales relevantes. Más que leyes, faltan autoridades competentes que tengan la voluntad de perseguir estas infracciones”.
En esta línea, el abogado criticó el rol de la Superintendencia en su formulación de cargos, y luego por negar el acceso de esta información a la Fiscalía, órgano que sostiene la investigación judicial: “La Superintendencia ha tenido una actuación tardía e incompleta. Tardía porque son hechos conocidos hace años por el mercado, e incompleta porque se ha limitado a una indagación que tiene por objeto la aplicación de multas, sin remitir antecedentes al Ministerio Público de hechos que exceden la infracción administrativa, si es que no se trata de delitos”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, subraya en la sobrecarga laboral, factor que impide mayor dedicación en delitos de alta complejidad. A su juicio, se requiere más equipo y experticia para agilizar el procedimiento.
Uribe indica que “es difícil salirse del tema de carga de trabajo, porque la dificultad principal es el tiempo que disponemos. Sin perjuicio de eso, no siempre se dispone de policías especializados, que sean capaces de procesar la información. Y además, tener la cooperación de todas las instituciones, son figuras complejas de difícil determinación, entonces requerimos tiempo, pero también un apoyo importante de la policía especializada”.
Luego del requerimiento hecho por la justicia, la Superintendencia de Valores y Seguros entregó de forma reservada los antecedentes que justifican la decisión, del organismo fiscalizador, de no facilitar los documentos con la formulación de cargos a los ejecutivos de SQM, por el llamado “Caso Cascadas”, al Ministerio Público.
Recordemos que la SVS negó los antecedentes de la formulación de cargos por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores, en contra de Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de la firma, al Ministerio Público, luego que éste último decidiera levantar una investigación, acogiendo la querella presentada por uno de los accionistas minoritarios.
Hasta ahora no se conocen detalles de los antecedentes presentados por el superintendente, Fernando Coloma, debido a que se hizo de forma reservada, pero se espera que contenga los mismos planteamientos que hizo la SVS para negar dicha solicitud, argumentando que “no existen las garantías desde el organismo persecutor para mantener el resguardo de la investigación”.
Según los cargos presentados por la Superintendencia de Valores y Seguros, los cuatro ejecutivos cuestionados, habrían cometido una serie de irregularidades en operaciones con sus “empresas cascadas”, que son sociedades pertenecientes a SQM, entre los años 2009 y 2011.
Reacción de la CPC
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, reaccionó a la investigación que lleva a cabo la SVS, en contra de Julio Ponce Lerou y tres ex ejecutivos y afirmó que las diligencias deben hacerse “lo más rápido posible”.
“Hay que exigirle, y así veo que lo están haciendo las AFPs, una investigación exhaustiva y rápida a la Superintendencia de Valores y Seguros porque las cosas tienen que ser oportunas, porque cuando no son oportunas pierde eficacia”, sostuvo Santa Cruz durante este jueves.
“demandamos en este caso una actuación firme, oportuna y rápida de la autoridad para aclarar los hechos y sancionar debidamente a los culpables en caso de existir”, agregó el dirigente gremial.
El presidente de la CPC agregó que esta investigación debe condenar todo tipo de mala práctica que atente contra la libre competencia y, sobre todo, si puede constituir algún tipo de fraude.
“Si nosotros no actuamos de esta manera lamentablemente ponemos en peligro la solidez de nuestras instituciones”, afirmó
“Posibilitar que los eventuales culpables tengan el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario”, finalizó Santa Cruz.
Dificultades para investigar
Mauricio Daza, abogado defensor de accionistas minoritarios, indica que falta voluntad de investigación: “Creo que nuestra legislación es suficiente para obtener condenas ejemplares en este tipo de delito. Lo que falta son autoridades que tengan la decisión y coraje de hacer cumplir la ley, sobre todo cuando se trata de grupos empresariales relevantes. Más que leyes, faltan autoridades competentes que tengan la voluntad de perseguir estas infracciones”.
En esta línea, el abogado criticó el rol de la Superintendencia en su formulación de cargos, y luego por negar el acceso de esta información a la Fiscalía, órgano que sostiene la investigación judicial: “La Superintendencia ha tenido una actuación tardía e incompleta. Tardía porque son hechos conocidos hace años por el mercado, e incompleta porque se ha limitado a una indagación que tiene por objeto la aplicación de multas, sin remitir antecedentes al Ministerio Público de hechos que exceden la infracción administrativa, si es que no se trata de delitos”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, subraya en la sobrecarga laboral, factor que impide mayor dedicación en delitos de alta complejidad. A su juicio, se requiere más equipo y experticia para agilizar el procedimiento.
Uribe indica que “es difícil salirse del tema de carga de trabajo, porque la dificultad principal es el tiempo que disponemos. Sin perjuicio de eso, no siempre se dispone de policías especializados, que sean capaces de procesar la información. Y además, tener la cooperación de todas las instituciones, son figuras complejas de difícil determinación, entonces requerimos tiempo, pero también un apoyo importante de la policía especializada”.
Luego del requerimiento hecho por la justicia, la Superintendencia de Valores y Seguros entregó de forma reservada los antecedentes que justifican la decisión, del organismo fiscalizador, de no facilitar los documentos con la formulación de cargos a los ejecutivos de SQM, por el llamado “Caso Cascadas”, al Ministerio Público.
Recordemos que la SVS negó los antecedentes de la formulación de cargos por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores, en contra de Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de la firma, al Ministerio Público, luego que éste último decidiera levantar una investigación, acogiendo la querella presentada por uno de los accionistas minoritarios.
Hasta ahora no se conocen detalles de los antecedentes presentados por el superintendente, Fernando Coloma, debido a que se hizo de forma reservada, pero se espera que contenga los mismos planteamientos que hizo la SVS para negar dicha solicitud, argumentando que “no existen las garantías desde el organismo persecutor para mantener el resguardo de la investigación”.
Según los cargos presentados por la Superintendencia de Valores y Seguros, los cuatro ejecutivos cuestionados, habrían cometido una serie de irregularidades en operaciones con sus “empresas cascadas”, que son sociedades pertenecientes a SQM, entre los años 2009 y 2011.
Reacción de la CPC
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, reaccionó a la investigación que lleva a cabo la SVS, en contra de Julio Ponce Lerou y tres ex ejecutivos y afirmó que las diligencias deben hacerse “lo más rápido posible”.
“Hay que exigirle, y así veo que lo están haciendo las AFPs, una investigación exhaustiva y rápida a la Superintendencia de Valores y Seguros porque las cosas tienen que ser oportunas, porque cuando no son oportunas pierde eficacia”, sostuvo Santa Cruz durante este jueves.
“demandamos en este caso una actuación firme, oportuna y rápida de la autoridad para aclarar los hechos y sancionar debidamente a los culpables en caso de existir”, agregó el dirigente gremial.
El presidente de la CPC agregó que esta investigación debe condenar todo tipo de mala práctica que atente contra la libre competencia y, sobre todo, si puede constituir algún tipo de fraude.
“Si nosotros no actuamos de esta manera lamentablemente ponemos en peligro la solidez de nuestras instituciones”, afirmó
“Posibilitar que los eventuales culpables tengan el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario”, finalizó Santa Cruz.
Dificultades para investigar
Mauricio Daza, abogado defensor de accionistas minoritarios, indica que falta voluntad de investigación: “Creo que nuestra legislación es suficiente para obtener condenas ejemplares en este tipo de delito. Lo que falta son autoridades que tengan la decisión y coraje de hacer cumplir la ley, sobre todo cuando se trata de grupos empresariales relevantes. Más que leyes, faltan autoridades competentes que tengan la voluntad de perseguir estas infracciones”.
En esta línea, el abogado criticó el rol de la Superintendencia en su formulación de cargos, y luego por negar el acceso de esta información a la Fiscalía, órgano que sostiene la investigación judicial: “La Superintendencia ha tenido una actuación tardía e incompleta. Tardía porque son hechos conocidos hace años por el mercado, e incompleta porque se ha limitado a una indagación que tiene por objeto la aplicación de multas, sin remitir antecedentes al Ministerio Público de hechos que exceden la infracción administrativa, si es que no se trata de delitos”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, subraya en la sobrecarga laboral, factor que impide mayor dedicación en delitos de alta complejidad. A su juicio, se requiere más equipo y experticia para agilizar el procedimiento.
Uribe indica que “es difícil salirse del tema de carga de trabajo, porque la dificultad principal es el tiempo que disponemos. Sin perjuicio de eso, no siempre se dispone de policías especializados, que sean capaces de procesar la información. Y además, tener la cooperación de todas las instituciones, son figuras complejas de difícil determinación, entonces requerimos tiempo, pero también un apoyo importante de la policía especializada”.
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