Pueblos originarios persisten con sus demandas históricas con miras al 12 de octubre
El 12 de octubre se recuerda a en toda América Latina la llegada de los españoles a nuestro continente. Ante el disenso, en nuestro país las autoridades decidieron cambiar el nombre desde “Día de la Raza” a “Encuentro de dos mundos”. Sin embargo los pueblos indígenas, desconformes con el calificativo, lo renombraron “Día de la Resistencia Indígena”. En este 2013 y a puertas de una nueva conmemoración, ¿cuál es el balance?, ¿han surgido nuevas formas de resistir?
Jueves 10 de octubre 2013 20:09 hrs.
Al hacer un balance anual de la relación entre el Estado y sus pueblos originarios suele destacar la demanda, principalmente de los dirigentes mapuche por la recuperación territorial, la autodeterminación, así como el reproche a las autoridades por la violencia ejercida como fórmula para intentar contener los efectos de la protesta social.
Este 2013 no es la excepción, hace pocos días se registró un nuevo allanamiento en la zona de Ercilla, con más de 300 uniformados donde incluso se denunciaron torturas a los detenidos. Pero este año no sólo los comuneros mapuche de destacaron en esto. En septiembre pasado se retomaron las movilizaciones de los Rapa Nui después de un infructuoso intento de diálogo que duró dos años.
En este sentido, la vocera del principal clan movilizado, el Clan Hito, Marisol Hito, señaló que “descontento hacia el Estado porque acá hay un tema pendiente donde el Estado aún no ha reconocido los derechos que tenemos nosotros como Rapa Nui. Derecho a la propiedad, derecho a una libre determinación, derecho a la consulta hacia el pueblo Rapa Nui, porque el Estado nunca ha cumplido el Tratado de 1888”.
Y no se trata sólo de los isleños. Los pueblos del norte se organizaron para hacerle frente a una serie de proyectos de extracción instalados en sus comunidades, los que contaminan el medio ambiente y tienen otras consecuencias. Sobre esto se refirió Hortencia Hidalgo, vocera del Consejo Autónomo Aymara y de la Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica, entidad que hoy está movilizada contra la central de manganeso, Los Pumas en esa ciudad.
En esa línea, la dirigenta Aymara explicó que “ya vemos esos impactos, no solamente ambientales que están en otras regiones, sino sociales, hay impactos sociales y culturales que la Minería vendría a afectar profundamente, porque aquí tenemos las más altas tasas de VIH, por ejemplo, de violencia hacia la mujer. Tenemos problemas también en el agua que bebemos que tiene más arsénico que la medida internacional, nos vemos vulnerados en muchos de nuestros derechos, especialmente en los problemas con el agua que es un derecho humano reconocido universalmente”.
Los mismos comuneros mapuche también han apuntado en otra dirección en sus demandas, incorporando la lucha por derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos. Una marcha en febrero de este año por la oficialización de la lengua dio inicio a la batalla que terminó con el mapudungún como lengua oficial en la comuna de Galvarino, provincia de Cautín en la Novena Región.
Danko Mariman dirigente del movimiento mapuche Wallmapuwen y encargado de la división de cultura de la municipalidad fue uno de los convocantes a esa movilización.
De esta manera, el dirigente del movimiento Wallmapuwen afirmó que “parte del tema de la lengua que se logró un tema histórico también en Galvarino, que tiene que ver con la oficialización y el reconocimiento de esta como lengua oficial, también han habido demandas por participación política, levantando una demanda de escaños reservados para pueblos indígenas, también de que existan distintos tipos de administraciones como un Estado que pueda tener un estatuto de autonomía, lo que son demandas bastante grandes que se están levantando con mayor fuerza”.
Pero estas demandas no surgen como consecuencia de un proceso de satisfacción de las anteriores, advirtió la abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez. La especialista añadió que, incluso, el escenario se ha agravado con la actitud de las autoridades de buscar fórmulas para reducir derechos consagrados internacionalmente.
Por esto, la abogada especialista en temas indígenas explicó que “en ese escenario ha sido una política sistemática del Estado, restringir los alcances del derecho de consulta de modo de mantener el blindaje que tiene a los proyectos extractivos. Si bien eso ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, en estos últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera hubo una intervención política desvergonzada por parte de las autoridades públicas. Yo observo un claro retroceso”.
La especialista se refiere al trabajo que del Estado con representantes, altamente cuestionados del mundo indígena, para que el derecho a Consulta a los pueblos en caso de tratarse de proyectos de extracción sea supeditado a un reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), poniendo un reglamento interno por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, incumpliendo así con los estándares internacionales.
Nancy Yáñez denunció que la consulta se realizó sobre la base de la desinformación y que se observa incluso presiones indebidas por parte de las autoridades nacionales y regionales a las comunidades. En ese sentido, diversas organizaciones han llamado a las comunidades a recurrir a todas las instancias que sean posibles para evitar que les sean conculcados sus derechos y a luchar para que en Chile se terminen este tipo de prácticas racistas.
Al hacer un balance anual de la relación entre el Estado y sus pueblos originarios suele destacar la demanda, principalmente de los dirigentes mapuche por la recuperación territorial, la autodeterminación, así como el reproche a las autoridades por la violencia ejercida como fórmula para intentar contener los efectos de la protesta social.
Este 2013 no es la excepción, hace pocos días se registró un nuevo allanamiento en la zona de Ercilla, con más de 300 uniformados donde incluso se denunciaron torturas a los detenidos. Pero este año no sólo los comuneros mapuche de destacaron en esto. En septiembre pasado se retomaron las movilizaciones de los Rapa Nui después de un infructuoso intento de diálogo que duró dos años.
En este sentido, la vocera del principal clan movilizado, el Clan Hito, Marisol Hito, señaló que “descontento hacia el Estado porque acá hay un tema pendiente donde el Estado aún no ha reconocido los derechos que tenemos nosotros como Rapa Nui. Derecho a la propiedad, derecho a una libre determinación, derecho a la consulta hacia el pueblo Rapa Nui, porque el Estado nunca ha cumplido el Tratado de 1888”.
Y no se trata sólo de los isleños. Los pueblos del norte se organizaron para hacerle frente a una serie de proyectos de extracción instalados en sus comunidades, los que contaminan el medio ambiente y tienen otras consecuencias. Sobre esto se refirió Hortencia Hidalgo, vocera del Consejo Autónomo Aymara y de la Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica, entidad que hoy está movilizada contra la central de manganeso, Los Pumas en esa ciudad.
En esa línea, la dirigenta Aymara explicó que “ya vemos esos impactos, no solamente ambientales que están en otras regiones, sino sociales, hay impactos sociales y culturales que la Minería vendría a afectar profundamente, porque aquí tenemos las más altas tasas de VIH, por ejemplo, de violencia hacia la mujer. Tenemos problemas también en el agua que bebemos que tiene más arsénico que la medida internacional, nos vemos vulnerados en muchos de nuestros derechos, especialmente en los problemas con el agua que es un derecho humano reconocido universalmente”.
Los mismos comuneros mapuche también han apuntado en otra dirección en sus demandas, incorporando la lucha por derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos. Una marcha en febrero de este año por la oficialización de la lengua dio inicio a la batalla que terminó con el mapudungún como lengua oficial en la comuna de Galvarino, provincia de Cautín en la Novena Región.
Danko Mariman dirigente del movimiento mapuche Wallmapuwen y encargado de la división de cultura de la municipalidad fue uno de los convocantes a esa movilización.
De esta manera, el dirigente del movimiento Wallmapuwen afirmó que “parte del tema de la lengua que se logró un tema histórico también en Galvarino, que tiene que ver con la oficialización y el reconocimiento de esta como lengua oficial, también han habido demandas por participación política, levantando una demanda de escaños reservados para pueblos indígenas, también de que existan distintos tipos de administraciones como un Estado que pueda tener un estatuto de autonomía, lo que son demandas bastante grandes que se están levantando con mayor fuerza”.
Pero estas demandas no surgen como consecuencia de un proceso de satisfacción de las anteriores, advirtió la abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez. La especialista añadió que, incluso, el escenario se ha agravado con la actitud de las autoridades de buscar fórmulas para reducir derechos consagrados internacionalmente.
Por esto, la abogada especialista en temas indígenas explicó que “en ese escenario ha sido una política sistemática del Estado, restringir los alcances del derecho de consulta de modo de mantener el blindaje que tiene a los proyectos extractivos. Si bien eso ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, en estos últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera hubo una intervención política desvergonzada por parte de las autoridades públicas. Yo observo un claro retroceso”.
La especialista se refiere al trabajo que del Estado con representantes, altamente cuestionados del mundo indígena, para que el derecho a Consulta a los pueblos en caso de tratarse de proyectos de extracción sea supeditado a un reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), poniendo un reglamento interno por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, incumpliendo así con los estándares internacionales.
Nancy Yáñez denunció que la consulta se realizó sobre la base de la desinformación y que se observa incluso presiones indebidas por parte de las autoridades nacionales y regionales a las comunidades. En ese sentido, diversas organizaciones han llamado a las comunidades a recurrir a todas las instancias que sean posibles para evitar que les sean conculcados sus derechos y a luchar para que en Chile se terminen este tipo de prácticas racistas.
Al hacer un balance anual de la relación entre el Estado y sus pueblos originarios suele destacar la demanda, principalmente de los dirigentes mapuche por la recuperación territorial, la autodeterminación, así como el reproche a las autoridades por la violencia ejercida como fórmula para intentar contener los efectos de la protesta social.
Este 2013 no es la excepción, hace pocos días se registró un nuevo allanamiento en la zona de Ercilla, con más de 300 uniformados donde incluso se denunciaron torturas a los detenidos. Pero este año no sólo los comuneros mapuche de destacaron en esto. En septiembre pasado se retomaron las movilizaciones de los Rapa Nui después de un infructuoso intento de diálogo que duró dos años.
En este sentido, la vocera del principal clan movilizado, el Clan Hito, Marisol Hito, señaló que “descontento hacia el Estado porque acá hay un tema pendiente donde el Estado aún no ha reconocido los derechos que tenemos nosotros como Rapa Nui. Derecho a la propiedad, derecho a una libre determinación, derecho a la consulta hacia el pueblo Rapa Nui, porque el Estado nunca ha cumplido el Tratado de 1888”.
Y no se trata sólo de los isleños. Los pueblos del norte se organizaron para hacerle frente a una serie de proyectos de extracción instalados en sus comunidades, los que contaminan el medio ambiente y tienen otras consecuencias. Sobre esto se refirió Hortencia Hidalgo, vocera del Consejo Autónomo Aymara y de la Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica, entidad que hoy está movilizada contra la central de manganeso, Los Pumas en esa ciudad.
En esa línea, la dirigenta Aymara explicó que “ya vemos esos impactos, no solamente ambientales que están en otras regiones, sino sociales, hay impactos sociales y culturales que la Minería vendría a afectar profundamente, porque aquí tenemos las más altas tasas de VIH, por ejemplo, de violencia hacia la mujer. Tenemos problemas también en el agua que bebemos que tiene más arsénico que la medida internacional, nos vemos vulnerados en muchos de nuestros derechos, especialmente en los problemas con el agua que es un derecho humano reconocido universalmente”.
Los mismos comuneros mapuche también han apuntado en otra dirección en sus demandas, incorporando la lucha por derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos. Una marcha en febrero de este año por la oficialización de la lengua dio inicio a la batalla que terminó con el mapudungún como lengua oficial en la comuna de Galvarino, provincia de Cautín en la Novena Región.
Danko Mariman dirigente del movimiento mapuche Wallmapuwen y encargado de la división de cultura de la municipalidad fue uno de los convocantes a esa movilización.
De esta manera, el dirigente del movimiento Wallmapuwen afirmó que “parte del tema de la lengua que se logró un tema histórico también en Galvarino, que tiene que ver con la oficialización y el reconocimiento de esta como lengua oficial, también han habido demandas por participación política, levantando una demanda de escaños reservados para pueblos indígenas, también de que existan distintos tipos de administraciones como un Estado que pueda tener un estatuto de autonomía, lo que son demandas bastante grandes que se están levantando con mayor fuerza”.
Pero estas demandas no surgen como consecuencia de un proceso de satisfacción de las anteriores, advirtió la abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez. La especialista añadió que, incluso, el escenario se ha agravado con la actitud de las autoridades de buscar fórmulas para reducir derechos consagrados internacionalmente.
Por esto, la abogada especialista en temas indígenas explicó que “en ese escenario ha sido una política sistemática del Estado, restringir los alcances del derecho de consulta de modo de mantener el blindaje que tiene a los proyectos extractivos. Si bien eso ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, en estos últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera hubo una intervención política desvergonzada por parte de las autoridades públicas. Yo observo un claro retroceso”.
La especialista se refiere al trabajo que del Estado con representantes, altamente cuestionados del mundo indígena, para que el derecho a Consulta a los pueblos en caso de tratarse de proyectos de extracción sea supeditado a un reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), poniendo un reglamento interno por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, incumpliendo así con los estándares internacionales.
Nancy Yáñez denunció que la consulta se realizó sobre la base de la desinformación y que se observa incluso presiones indebidas por parte de las autoridades nacionales y regionales a las comunidades. En ese sentido, diversas organizaciones han llamado a las comunidades a recurrir a todas las instancias que sean posibles para evitar que les sean conculcados sus derechos y a luchar para que en Chile se terminen este tipo de prácticas racistas.
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