La segunda Sala de la Corte de Apelaciones revisará la defensa de la Superintendencia de Valores y Seguros, que justifica su negativa al acceso por parte del Ministerio Público, al expediente de formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de Soquimich (Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon), donde se investiga eventual infracción a la ley de Sociedades Anónimas.
El argumento por “mantener la reserva de los datos” ha sido rebatido desde organismos judiciales y la parte querellante. El abogado Mauricio Daza, representante de los accionistas minoritarios, minimizó esta oposición al recordar la filtración del expediente en la prensa.
“Es impresentable la actitud del Superintendente de negar el acceso al Ministerio Público, bajo el supuesto que con aquello se vulneraría la reserva, en un contexto en que todos los cargos están en pleno conocimiento por publicaciones de prensa y sitios web que permiten acceder a copias íntegras de esos cargos. Es una mala excusa, entonces el Superintendente debe cumplir con su obligación legal y deje de obstruir una investigación criminal en curso”, indicó.
Aumento de capital
En otra arista, dos de las cuestionadas “sociedades cascada” del consorcio SQM aprobaron, en medio de polémica, aumentos de capital a empresas que hoy están bajo investigación. Pese a la negativa de algunos sectores, se votó a favor de sumar 92 millones de dólares para fortalecer Norte Grande y 120 millones para Oro Blanco.
Si bien existe consenso ante una pérdida cercana a los 500 millones de dólares, el abogado Mauricio Daza ha sostenido que esta cifra podría llegar incluso a los nueve mil millones.
Con ello, los accionistas minoritarios, y opositores a las AFP que están en este grupo, subrayan de riesgos colaterales. Ricardo Hormazábal, del grupo Acción AFP, indicó que este modelo se ha repetido en otros casos que perjudican finalmente a los afiliados: “Este aumento de capital, a raíz de la crisis que significa un nuevo despojo para los trabajadores. Soy categóricamente contrario, como en otros casos que han pasado como Enersis, cuando se llevaron tres mil millones de dólares de controladores chilenos, para salvar la situación de su empresa en Italia”.
Hormazábal subrayó la necesidad de cambiar el modelo previsional en Chile, ya que hoy las AFP mantienen su participación en operaciones cuestionadas desde la justicia: “Hay que hacer un cambio legislativo de fondo, el sistema no puede ser una industria, así lo dice la experiencia y los organismos. Quien use su libertad para invertir, hay que dictar normas más severas para controlar los abusos de estas empresas y otros grupos empresariales”.
A esta doble investigación, desde la SVS y el Ministerio Público, se suman las indagatorias ordenadas desde la Superintendencia de Pensiones, quienes evaluarán si hay responsabilidad desde las AFP al arriesgar sus fondos en estas inversiones.
Así lo informó la titular de este organismo, Soledad Bernstein: “Si existiese prueba que hay un perjuicio a la administradora de fondos de pensiones, esta deberá seguir todas las acciones que correspondan para resarcir esos perjuicios”.
Por escrito, este viernes la SVS ratificó su postura por proteger la información. Según declaró Fernando Coloma, ante la falta de garantías sobre la reserva de los antecedentes. No obstante, el titular de la Superintendencia admitió que si la justicia requiere el expediente, sólo resta acatar el dictamen y entregar la información al Ministerio Público.
La segunda Sala de la Corte de Apelaciones revisará la defensa de la Superintendencia de Valores y Seguros, que justifica su negativa al acceso por parte del Ministerio Público, al expediente de formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de Soquimich (Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon), donde se investiga eventual infracción a la ley de Sociedades Anónimas.
El argumento por “mantener la reserva de los datos” ha sido rebatido desde organismos judiciales y la parte querellante. El abogado Mauricio Daza, representante de los accionistas minoritarios, minimizó esta oposición al recordar la filtración del expediente en la prensa.
“Es impresentable la actitud del Superintendente de negar el acceso al Ministerio Público, bajo el supuesto que con aquello se vulneraría la reserva, en un contexto en que todos los cargos están en pleno conocimiento por publicaciones de prensa y sitios web que permiten acceder a copias íntegras de esos cargos. Es una mala excusa, entonces el Superintendente debe cumplir con su obligación legal y deje de obstruir una investigación criminal en curso”, indicó.
Aumento de capital
En otra arista, dos de las cuestionadas “sociedades cascada” del consorcio SQM aprobaron, en medio de polémica, aumentos de capital a empresas que hoy están bajo investigación. Pese a la negativa de algunos sectores, se votó a favor de sumar 92 millones de dólares para fortalecer Norte Grande y 120 millones para Oro Blanco.
Si bien existe consenso ante una pérdida cercana a los 500 millones de dólares, el abogado Mauricio Daza ha sostenido que esta cifra podría llegar incluso a los nueve mil millones.
Con ello, los accionistas minoritarios, y opositores a las AFP que están en este grupo, subrayan de riesgos colaterales. Ricardo Hormazábal, del grupo Acción AFP, indicó que este modelo se ha repetido en otros casos que perjudican finalmente a los afiliados: “Este aumento de capital, a raíz de la crisis que significa un nuevo despojo para los trabajadores. Soy categóricamente contrario, como en otros casos que han pasado como Enersis, cuando se llevaron tres mil millones de dólares de controladores chilenos, para salvar la situación de su empresa en Italia”.
Hormazábal subrayó la necesidad de cambiar el modelo previsional en Chile, ya que hoy las AFP mantienen su participación en operaciones cuestionadas desde la justicia: “Hay que hacer un cambio legislativo de fondo, el sistema no puede ser una industria, así lo dice la experiencia y los organismos. Quien use su libertad para invertir, hay que dictar normas más severas para controlar los abusos de estas empresas y otros grupos empresariales”.
A esta doble investigación, desde la SVS y el Ministerio Público, se suman las indagatorias ordenadas desde la Superintendencia de Pensiones, quienes evaluarán si hay responsabilidad desde las AFP al arriesgar sus fondos en estas inversiones.
Así lo informó la titular de este organismo, Soledad Bernstein: “Si existiese prueba que hay un perjuicio a la administradora de fondos de pensiones, esta deberá seguir todas las acciones que correspondan para resarcir esos perjuicios”.
Por escrito, este viernes la SVS ratificó su postura por proteger la información. Según declaró Fernando Coloma, ante la falta de garantías sobre la reserva de los antecedentes. No obstante, el titular de la Superintendencia admitió que si la justicia requiere el expediente, sólo resta acatar el dictamen y entregar la información al Ministerio Público.
La segunda Sala de la Corte de Apelaciones revisará la defensa de la Superintendencia de Valores y Seguros, que justifica su negativa al acceso por parte del Ministerio Público, al expediente de formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de Soquimich (Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon), donde se investiga eventual infracción a la ley de Sociedades Anónimas.
El argumento por “mantener la reserva de los datos” ha sido rebatido desde organismos judiciales y la parte querellante. El abogado Mauricio Daza, representante de los accionistas minoritarios, minimizó esta oposición al recordar la filtración del expediente en la prensa.
“Es impresentable la actitud del Superintendente de negar el acceso al Ministerio Público, bajo el supuesto que con aquello se vulneraría la reserva, en un contexto en que todos los cargos están en pleno conocimiento por publicaciones de prensa y sitios web que permiten acceder a copias íntegras de esos cargos. Es una mala excusa, entonces el Superintendente debe cumplir con su obligación legal y deje de obstruir una investigación criminal en curso”, indicó.
Aumento de capital
En otra arista, dos de las cuestionadas “sociedades cascada” del consorcio SQM aprobaron, en medio de polémica, aumentos de capital a empresas que hoy están bajo investigación. Pese a la negativa de algunos sectores, se votó a favor de sumar 92 millones de dólares para fortalecer Norte Grande y 120 millones para Oro Blanco.
Si bien existe consenso ante una pérdida cercana a los 500 millones de dólares, el abogado Mauricio Daza ha sostenido que esta cifra podría llegar incluso a los nueve mil millones.
Con ello, los accionistas minoritarios, y opositores a las AFP que están en este grupo, subrayan de riesgos colaterales. Ricardo Hormazábal, del grupo Acción AFP, indicó que este modelo se ha repetido en otros casos que perjudican finalmente a los afiliados: “Este aumento de capital, a raíz de la crisis que significa un nuevo despojo para los trabajadores. Soy categóricamente contrario, como en otros casos que han pasado como Enersis, cuando se llevaron tres mil millones de dólares de controladores chilenos, para salvar la situación de su empresa en Italia”.
Hormazábal subrayó la necesidad de cambiar el modelo previsional en Chile, ya que hoy las AFP mantienen su participación en operaciones cuestionadas desde la justicia: “Hay que hacer un cambio legislativo de fondo, el sistema no puede ser una industria, así lo dice la experiencia y los organismos. Quien use su libertad para invertir, hay que dictar normas más severas para controlar los abusos de estas empresas y otros grupos empresariales”.
A esta doble investigación, desde la SVS y el Ministerio Público, se suman las indagatorias ordenadas desde la Superintendencia de Pensiones, quienes evaluarán si hay responsabilidad desde las AFP al arriesgar sus fondos en estas inversiones.
Así lo informó la titular de este organismo, Soledad Bernstein: “Si existiese prueba que hay un perjuicio a la administradora de fondos de pensiones, esta deberá seguir todas las acciones que correspondan para resarcir esos perjuicios”.
Por escrito, este viernes la SVS ratificó su postura por proteger la información. Según declaró Fernando Coloma, ante la falta de garantías sobre la reserva de los antecedentes. No obstante, el titular de la Superintendencia admitió que si la justicia requiere el expediente, sólo resta acatar el dictamen y entregar la información al Ministerio Público.
