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Año XII, 7 de agosto de 2020

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Corte de Apelaciones ordena entrega de antecedentes de la Superintendencia por Caso Cascadas

La segunda Sala determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.

Diario Uchile

  Lunes 14 de octubre 2013 15:22 hrs. 





En un fallo unánime, la segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ordenar, a la Superintendencia de Valores y Seguros, que debe entregar el expediente solicitado por el Ministerio Público, donde formula cargos a Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM.

La SVS negó el acceso al expediente, y el titular Fernando Coloma argumentó que “no habían garantías para la reserva de la información”, respuesta que obligó al Ministerio Público a solicitar el pronunciamiento de la Corte. Coloma había declarado que si la justicia ordena la entrega de los datos, “no queda más que acatar la orden y facilitar la información”.

La Superintendencia de Valores y Seguros investiga a Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas. En paralelo, la justicia lleva adelante una querella presentada en 2012, por accionistas minoritarios que denuncian “operación ficticia”.

Antecedentes previos
El argumento por “mantener la reserva de los datos” ha sido rebatido desde organismos judiciales y la parte querellante. El abogado Mauricio Daza, representante de los accionistas minoritarios, minimizó esta oposición al recordar la filtración del expediente en la prensa.

“Es impresentable la actitud del Superintendente de negar el acceso al Ministerio Público, bajo el supuesto que con aquello se vulneraría la reserva, en un contexto en que todos los cargos están en pleno conocimiento por publicaciones de prensa y sitios web que permiten acceder a copias íntegras de esos cargos. Es una mala excusa, entonces el Superintendente debe cumplir con su obligación legal y deje de obstruir una investigación criminal en curso”, indicó.

Si bien existe consenso ante una pérdida cercana a los 500 millones de dólares, el abogado Mauricio Daza ha sostenido que esta cifra podría llegar incluso a los nueve mil millones.

A esta doble investigación, desde la SVS y el Ministerio Público, se suman las indagatorias ordenadas desde la Superintendencia de Pensiones, quienes evaluarán si hay responsabilidad desde las AFP al arriesgar sus fondos en estas inversiones.

Así lo informó la titular de este organismo, Soledad Bernstein: “Si existiese prueba que hay un perjuicio a la administradora de fondos de pensiones, esta deberá seguir todas las acciones que correspondan para resarcir esos perjuicios”.