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Año XII, 12 de agosto de 2020

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Querellantes buscarán juicio oral contra Julio Ponce Lerou por caso Cascadas

La segunda Sala de la Corte de Apelaciones determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.

Juan San Cristóbal

  Lunes 14 de octubre 2013 19:45 hrs. 





“Se accede a la petición del Ministerio Público formulada a fojas 13, debiendo la Superintendencia de Valores y Seguros aportar los antecedentes requeridos”. Con esta sentencia y en un fallo unánime, la segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ordenar, a la Superintendencia de Valores y Seguros, entregar el expediente solicitado por el Ministerio Público, donde formula cargos a Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM.

El fallo señala que “la naturaleza de la información no es óbice para dar cumplimiento a lo solicitado, desde que el Ministerio Público dispone de los mecanismos para mantener en reserva antecedentes reunidos en la investigación”. El titular de la SVS, Fernando Coloma, había declarado que en caso de que la justicia lo pidiese, sólo restaba acatar y entregar el expediente.

La Superintendencia de Valores y Seguros investiga a Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas. En paralelo, la justicia lleva adelante una querella presentada en 2012, por accionistas minoritarios que denuncian “operación ficticia”.

El abogado querellante, Mauricio Daza, destacó el dictamen, y recalcó que existen antecedentes para formalizar a los cuatro ejecutivos y llevarlos ante un juicio oral: “Hay suficientes antecedentes para avanzar de manera decidida en la investigación de decenas o cientos de operaciones por un valor que supera los nueve mil millones de dólares, que habrían causado un perjuicio de más de 600 millones de dólares a los accionistas minoritarios. Esto con la finalidad de formalizar cargos y llevar esto a un juicio oral”.

Mauricio Daza había declarado que “se hace necesario autoridades con valor” para enfrentar este tipo de casos, y que hoy el Ministerio Público tiene la misión de iniciar las diligencias respectivas.

“Si bien estos hechos aparecen como complejos, su estructura básica no es difícil de entender. Consideramos que los avances que se han dado en el último año de investigación dan un piso para formular cargos de manera formal. Tenemos plena confianza en lo que hará el Ministerio Público en la materia. Han demostrado tener la capacidad en casos similares como La Polar”, dijo el abogado.

Tal como señala el abogado, el perjurio inicial a los fondos de pensiones asciende a 600 millones de dólares, pudiendo alcanzar los nueve mil millones. Ante ello, Luis Mesina, dirigente del sector bancario y miembro del grupo “No + AFP”, indicó que el caso demuestra la fragilidad del modelo.

El dirigente indicó que “nadie con un mínimo de decencia puede defender este sistema. Pero lo hacen, con el silencio cómplice que protege a ejecutivos que están por encima de la ley. Lo que hace el fallo es un dictamen que restituye el derecho, y da cierta ilusión de que las cosas pueden transitar por un camino distinto en la medida que haya más presión”.

Por su parte, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, llamó a fiscalizar y revisar la situación de los fondos de pensiones, ante casos como La Polar o este Caso Cascadas, donde los afiliados son los principales perjudicados: “El tema de las inversiones es un tema a revisar, por el riesgo que corren hoy. El riesgo que las empresas actúen en forma irregular, como fue el caso La Polar y otros casos que no conocemos, y que quizá están ocurriendo hoy mismo”.

Luego de esta resolución de la Corte de Apelaciones, la Fiscalía Centro Norte deberá analizar los datos de la Superintendencia, y eventualmente solicitar la formalización de los cuatro ejecutivos.