Este martes a las 3 de la tarde debía celebrarse la cuarta sesión de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, a la que fueron citados la ministra de justicia, Patricia Pérez, el director del Sename, Rolando Melo, el Director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, y el monseñor Ricardo Ezzati.
Mientras este último se excusó participar de la reunión, aludiendo a la separación entre la Iglesia y el Estado, tanto la ministra como los representantes del Sename y la PDI acudieron a la cita. Sin embargo, esta debió ser suspendida pues solo se presentaron tres de los trece parlamentarios integrantes de la Comisión investigadora.
El presidente de la instancia, diputado René Saffirio, explicó que a esa misma hora los parlamentarios estaban en sala, por lo que anunció que la nueva fecha para la sesión será el 19 de noviembre, justo después de las elecciones.
El parlamentario agregó que, en esa ocasión, “van a estar los mismos invitados y el tema específico es lo que nosotros denominamos la revictimización que se produce con los niños abusados cuando son interrogados nuevamente por el fiscal a cargo de la investigación y por funcionarios de la PDI, quienes afectaron el anonimato con que los niños habían dado sus respuestas en la encuesta que ordenó hacer la Corte Suprema en conjunto con Unicef y una comisión especial de jueces y de alguna manera violaron la reserva de nombres a partir de una declaración que hizo el propio fiscal a cargo del caso, que dijo que estaban indagando los nombres de los menores”.
Respecto de la asistencia del monseñor Ezzati a esta nueva fecha de reunión, el diputado Saffirio la descarta. “Es lamentable porque nosotros esperábamos su colaboración para poder aclarar la situación de un número importante de niños que forman parte del estudio de Unicef y la Corte Suprema, que habla de que el 45% de los niños que declararon haber sido abusados forman parte de hogares pertenecientes a la Iglesia”, expresó, recordando que la Iglesia Católica recibe 7 mil millones de pesos para la mantención de estos hogares.
Pero para Rodrigo Paz, médico psiquiatra y presidente de la Corporación SOFINI en apoyo a la infancia, el hecho de que no se haya sesionado este martes demuestra que “estamos en presencia de una comisión investigadora que no está haciendo su trabajo ni está dispuesta a hacerlo, así de claro y así de violento”.
“Mientras tanto, el Servicio Nacional de Menores cierra hogares a diestra y siniestra, deja a los niños en la más absoluta indefensión, nosotros sabemos de niños que están siendo trasladados a cualquier parte, la verdad es que no tengo otra manera de describir lo que está haciendo, niños que están perdiendo sus colegios porque los trasladan a mitad de año o a mediados del segundo semestre del año escolar”, denuncia.
Por esta razón, el profesional anunció que presentarán una denuncia contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ya tenemos claro que el Poder Judicial no está respondiendo, el Poder Ejecutivo no responde y ahora el poder legislativo. O sea, los tres poderes del Estado haciendo vista gorda acerca de este escándalo. Tendremos que denunciar al Estado de Chile por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles y miles de niños. Y sin duda que uno de los antecedentes que vamos a presentar como prueba de la negligencia del Estado de Chile en la atención de estos temas es justamente una Comisión Investigadora que no se constituye, se constituye en el papel, y que decide darse un mes de pausa en circunstancia que tienen apenas seis meses para investigar”, expresa el psiquiatra.
Efectivamente, la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores continúa teniendo solo seis meses para redactar un informe final, el cual debe ser presentado el 11 de abril de 2014.
Este martes a las 3 de la tarde debía celebrarse la cuarta sesión de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, a la que fueron citados la ministra de justicia, Patricia Pérez, el director del Sename, Rolando Melo, el Director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, y el monseñor Ricardo Ezzati.
Mientras este último se excusó participar de la reunión, aludiendo a la separación entre la Iglesia y el Estado, tanto la ministra como los representantes del Sename y la PDI acudieron a la cita. Sin embargo, esta debió ser suspendida pues solo se presentaron tres de los trece parlamentarios integrantes de la Comisión investigadora.
El presidente de la instancia, diputado René Saffirio, explicó que a esa misma hora los parlamentarios estaban en sala, por lo que anunció que la nueva fecha para la sesión será el 19 de noviembre, justo después de las elecciones.
El parlamentario agregó que, en esa ocasión, “van a estar los mismos invitados y el tema específico es lo que nosotros denominamos la revictimización que se produce con los niños abusados cuando son interrogados nuevamente por el fiscal a cargo de la investigación y por funcionarios de la PDI, quienes afectaron el anonimato con que los niños habían dado sus respuestas en la encuesta que ordenó hacer la Corte Suprema en conjunto con Unicef y una comisión especial de jueces y de alguna manera violaron la reserva de nombres a partir de una declaración que hizo el propio fiscal a cargo del caso, que dijo que estaban indagando los nombres de los menores”.
Respecto de la asistencia del monseñor Ezzati a esta nueva fecha de reunión, el diputado Saffirio la descarta. “Es lamentable porque nosotros esperábamos su colaboración para poder aclarar la situación de un número importante de niños que forman parte del estudio de Unicef y la Corte Suprema, que habla de que el 45% de los niños que declararon haber sido abusados forman parte de hogares pertenecientes a la Iglesia”, expresó, recordando que la Iglesia Católica recibe 7 mil millones de pesos para la mantención de estos hogares.
Pero para Rodrigo Paz, médico psiquiatra y presidente de la Corporación SOFINI en apoyo a la infancia, el hecho de que no se haya sesionado este martes demuestra que “estamos en presencia de una comisión investigadora que no está haciendo su trabajo ni está dispuesta a hacerlo, así de claro y así de violento”.
“Mientras tanto, el Servicio Nacional de Menores cierra hogares a diestra y siniestra, deja a los niños en la más absoluta indefensión, nosotros sabemos de niños que están siendo trasladados a cualquier parte, la verdad es que no tengo otra manera de describir lo que está haciendo, niños que están perdiendo sus colegios porque los trasladan a mitad de año o a mediados del segundo semestre del año escolar”, denuncia.
Por esta razón, el profesional anunció que presentarán una denuncia contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ya tenemos claro que el Poder Judicial no está respondiendo, el Poder Ejecutivo no responde y ahora el poder legislativo. O sea, los tres poderes del Estado haciendo vista gorda acerca de este escándalo. Tendremos que denunciar al Estado de Chile por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles y miles de niños. Y sin duda que uno de los antecedentes que vamos a presentar como prueba de la negligencia del Estado de Chile en la atención de estos temas es justamente una Comisión Investigadora que no se constituye, se constituye en el papel, y que decide darse un mes de pausa en circunstancia que tienen apenas seis meses para investigar”, expresa el psiquiatra.
Efectivamente, la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores continúa teniendo solo seis meses para redactar un informe final, el cual debe ser presentado el 11 de abril de 2014.
Este martes a las 3 de la tarde debía celebrarse la cuarta sesión de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, a la que fueron citados la ministra de justicia, Patricia Pérez, el director del Sename, Rolando Melo, el Director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, y el monseñor Ricardo Ezzati.
Mientras este último se excusó participar de la reunión, aludiendo a la separación entre la Iglesia y el Estado, tanto la ministra como los representantes del Sename y la PDI acudieron a la cita. Sin embargo, esta debió ser suspendida pues solo se presentaron tres de los trece parlamentarios integrantes de la Comisión investigadora.
El presidente de la instancia, diputado René Saffirio, explicó que a esa misma hora los parlamentarios estaban en sala, por lo que anunció que la nueva fecha para la sesión será el 19 de noviembre, justo después de las elecciones.
El parlamentario agregó que, en esa ocasión, “van a estar los mismos invitados y el tema específico es lo que nosotros denominamos la revictimización que se produce con los niños abusados cuando son interrogados nuevamente por el fiscal a cargo de la investigación y por funcionarios de la PDI, quienes afectaron el anonimato con que los niños habían dado sus respuestas en la encuesta que ordenó hacer la Corte Suprema en conjunto con Unicef y una comisión especial de jueces y de alguna manera violaron la reserva de nombres a partir de una declaración que hizo el propio fiscal a cargo del caso, que dijo que estaban indagando los nombres de los menores”.
Respecto de la asistencia del monseñor Ezzati a esta nueva fecha de reunión, el diputado Saffirio la descarta. “Es lamentable porque nosotros esperábamos su colaboración para poder aclarar la situación de un número importante de niños que forman parte del estudio de Unicef y la Corte Suprema, que habla de que el 45% de los niños que declararon haber sido abusados forman parte de hogares pertenecientes a la Iglesia”, expresó, recordando que la Iglesia Católica recibe 7 mil millones de pesos para la mantención de estos hogares.
Pero para Rodrigo Paz, médico psiquiatra y presidente de la Corporación SOFINI en apoyo a la infancia, el hecho de que no se haya sesionado este martes demuestra que “estamos en presencia de una comisión investigadora que no está haciendo su trabajo ni está dispuesta a hacerlo, así de claro y así de violento”.
“Mientras tanto, el Servicio Nacional de Menores cierra hogares a diestra y siniestra, deja a los niños en la más absoluta indefensión, nosotros sabemos de niños que están siendo trasladados a cualquier parte, la verdad es que no tengo otra manera de describir lo que está haciendo, niños que están perdiendo sus colegios porque los trasladan a mitad de año o a mediados del segundo semestre del año escolar”, denuncia.
Por esta razón, el profesional anunció que presentarán una denuncia contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ya tenemos claro que el Poder Judicial no está respondiendo, el Poder Ejecutivo no responde y ahora el poder legislativo. O sea, los tres poderes del Estado haciendo vista gorda acerca de este escándalo. Tendremos que denunciar al Estado de Chile por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles y miles de niños. Y sin duda que uno de los antecedentes que vamos a presentar como prueba de la negligencia del Estado de Chile en la atención de estos temas es justamente una Comisión Investigadora que no se constituye, se constituye en el papel, y que decide darse un mes de pausa en circunstancia que tienen apenas seis meses para investigar”, expresa el psiquiatra.
Efectivamente, la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores continúa teniendo solo seis meses para redactar un informe final, el cual debe ser presentado el 11 de abril de 2014.
