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Año XIV, 10 de agosto de 2022

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Contraloría rechaza apelación de municipio de Santiago por falencias en proyecto inmobiliario

La fundación Defendamos la Ciudad destacó el rol del órgano contralor, que dejó sin efecto una apelación de la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, por la construcción de un complejo de edificios en Santiago. La organización destaca que el millonario proyecto vulnera las condiciones de construcción en altura de esta manzana.

Diario Uchile

  Miércoles 16 de octubre 2013 13:55 hrs. 
casa rivas

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La Fundación Defendamos la Ciudad celebró que la Contraloría General de la República rechazara una solicitud de reconsideración de la Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, que buscaba dejar sin efecto un dictamen anterior en lo que respecta a la altura máxima permitida en la manzana en donde se localiza el Monumento Histórico Casa Rivas.

La organización establece que en los terrenos adyacentes, la Inmobiliaria Alameda 2001 construye 7 torres; 5 de oficinas y 2 habitacionales, con alturas variables de entre 16 y 24 pisos, sobrepasando el límite de los 3 pisos fijados en el artículo 27º de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal. El comunicado destaca que la empresa conocía esta restricción, ya que formaba parte del Certificado de Informaciones Previas entregado por la Dirección de Obras de ese municipio.

El presidente de “Defendamos la Ciudad”, Patricio Herman, señaló que “la aludida inmobiliaria no sometió su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), motivo que forzó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en su Resolución Nº 946 del 6 de septiembre de 2013, a iniciar un procedimiento sancionatorio exigiéndole a la empresa infractora que regularice su situación y oficiándole a la Dirección de Obras Municipales que no puede otorgar la recepción final de obras de 2 de las 7 torres, teniéndose en cuenta que las 5 restantes, ya recibidas por esa oficina municipal, configuran los recurrentes hechos consumados.

Herman publicó un artículo en el sitio de Ciper Chile, donde explica este caso inmobiliario. El dirigente adelantó que los antecedentes han sido llevados a los tribunales de justicia y al Ministerio Público por un residente de una de las torres.

“Como estamos hablando de una acaudalada inversión de 250 millones de dólares ya le hemos solicitado entrevistas al Colegio de Arquitectos y a la Cámara de la Construcción con el objeto de que ambas organizaciones gremiales adopten las decisiones que correspondan con los arquitectos y empresarios del proyecto, respectivamente. Nuestra fundación, una vez más, le hace notar a los díscolos actores del mercado de la construcción, que ceñirse a la ley y proceder con probidad en los negocios es indispensable para que funcione el Estado de Derecho y en tal sentido esperamos conocer pronto las reprimendas que les harán a sus miembros ambas asociaciones corporativas”, señaló Herman.

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