Censo 2012:
Informes de la Cepal permitirían determinar responsabilidades de ex director del INE
La Fiscalía está a la espera de dos informes técnicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para dirimir el futuro judicial de la investigación sobre las irregularidades en el censo 2012 y la presunta responsabilidad penal del ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé.
Miércoles 16 de octubre 2013 10:18 hrs.
La vertiente judicial del escándalo del censo es investigada por el Ministerio Público, a través del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales, quien está a la espera de dos informes técnicos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), dependientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El fiscal Morales ya tiene en su poder el Informe de expertos que detectó la “anormal cantidad de datos inexactos” del censo, y que recomendó hacer un nuevo censo. Ahora espera, además de los informes del CELADE sobre procedimientos estadísticos, estudios jurídicos para determinar si se configuran delitos asociados a manipulación de cifras, falsificación de documento público y sabotaje informático, mediante los cuales se ha responsabilizado a Francisco Labbé, ex director del INE, por la supuesta adulteración y duplicación de datos para hacer parecer que sí se había censado a todos los hogares de Chile.
El académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, David Bravo, quien integró la comisión de expertos que evidenció los problemas técnicos del censo, dice que “lo que sí está claro es que este proceso fue improvisado y la magnitud de datos errados no hace posible la reparación de éstos”.
“Aquí lo que ocurrió es que en agosto de 2011 se cambió la modalidad del Censo y esto generó una suerte de improvisación, por ejemplo, el levantamiento de los datos no se modificó con el tiempo necesario. Lo que quiero decir es que no existen los datos libres de error, lo que ocurre es que en este caso la magnitud fue inusual, las posibilidades de reparar estos datos, a nuestro juicio, no son posibles”, aseguró.
Por su parte, el cuestionado Francisco Labbé (quien se declaró víctima de un “asesinato de imagen” ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados) ha insistido en que en este caso están descartadas las responsabilidades penales, porque él, “como académico de larga trayectoria”, no tenía por qué adulterar documentos del censo. Para ello aduce el hecho cierto de que el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Coeymans, se desdijo ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de su acusación de clonación de 800 mil encuestas, porque se dio cuenta de que se trataba de un procedimiento especificado en el Manual Estadístico (BBR-3) de Naciones Unidas, mediante el cual se usan datos de casas similares para atribuirlos a casas donde no se pudo aplicar el censo.
“El uso malicioso de documentos públicos, manipulación de las cifras del Censo, lo que se ha llamado clonación, que incluso motivó una segunda acusación por parte del nuevo director del INE ante el fiscal, donde me acusa de clonación de 800 mil personas. Pero posteriormente el mismo director del INE toma conocimiento de que ello no era la verdad y que supuestamente lo que se llamaba clonación es algo muy simple, que se llama imputación por donación”, explicó.
Paralelamente, la Comisión Investigadora del censo consiguió este martes un plazo ampliado para entregar sus conclusiones finales después de las elecciones 17 de noviembre. El diputado del PPD en esa instancia, Ramón Farías, dice que sí podrían configurarse delitos asociados a triangulación de platas públicas por la contratación informal de personal en el INE.
“Las sanciones van, desde acusaciones constitucionales hasta, si nosotros creemos que existe algún hecho que pueda ser delictivo, en definitiva, ponerlo en conocimiento de los Tribunales de Justicia y es eso lo que vamos a tener que analizar, porque si nosotros estamos pensando que existe una triangulación de dinero, eso es un delito. No nos olvidemos de que el INE maneja, por ejemplo, el IPC, y tener esta información antes puede significar muchos millones de pesos de ganancia para una persona u otra”, afirmó.
Los tipos penales que investiga el Ministerio Público se refieren a la presunta violación del secreto estadístico y falsificación de instrumento público, aun cuando existen dudas sobre si los hechos se ajustan a estos delitos, o si sólo se trató de errores técnicos, improvisación y sobre todo falta de rigor en la planificación del censo.
Como sea, el fisco perdió los 160 mil 700 millones de pesos que costó este censo, el cual fue presentado en su momento por el Gobierno del Presidente Piñera como “el mejor de la historia”.
La vertiente judicial del escándalo del censo es investigada por el Ministerio Público, a través del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales, quien está a la espera de dos informes técnicos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), dependientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El fiscal Morales ya tiene en su poder el Informe de expertos que detectó la “anormal cantidad de datos inexactos” del censo, y que recomendó hacer un nuevo censo. Ahora espera, además de los informes del CELADE sobre procedimientos estadísticos, estudios jurídicos para determinar si se configuran delitos asociados a manipulación de cifras, falsificación de documento público y sabotaje informático, mediante los cuales se ha responsabilizado a Francisco Labbé, ex director del INE, por la supuesta adulteración y duplicación de datos para hacer parecer que sí se había censado a todos los hogares de Chile.
El académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, David Bravo, quien integró la comisión de expertos que evidenció los problemas técnicos del censo, dice que “lo que sí está claro es que este proceso fue improvisado y la magnitud de datos errados no hace posible la reparación de éstos”.
“Aquí lo que ocurrió es que en agosto de 2011 se cambió la modalidad del Censo y esto generó una suerte de improvisación, por ejemplo, el levantamiento de los datos no se modificó con el tiempo necesario. Lo que quiero decir es que no existen los datos libres de error, lo que ocurre es que en este caso la magnitud fue inusual, las posibilidades de reparar estos datos, a nuestro juicio, no son posibles”, aseguró.
Por su parte, el cuestionado Francisco Labbé (quien se declaró víctima de un “asesinato de imagen” ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados) ha insistido en que en este caso están descartadas las responsabilidades penales, porque él, “como académico de larga trayectoria”, no tenía por qué adulterar documentos del censo. Para ello aduce el hecho cierto de que el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Coeymans, se desdijo ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de su acusación de clonación de 800 mil encuestas, porque se dio cuenta de que se trataba de un procedimiento especificado en el Manual Estadístico (BBR-3) de Naciones Unidas, mediante el cual se usan datos de casas similares para atribuirlos a casas donde no se pudo aplicar el censo.
“El uso malicioso de documentos públicos, manipulación de las cifras del Censo, lo que se ha llamado clonación, que incluso motivó una segunda acusación por parte del nuevo director del INE ante el fiscal, donde me acusa de clonación de 800 mil personas. Pero posteriormente el mismo director del INE toma conocimiento de que ello no era la verdad y que supuestamente lo que se llamaba clonación es algo muy simple, que se llama imputación por donación”, explicó.
Paralelamente, la Comisión Investigadora del censo consiguió este martes un plazo ampliado para entregar sus conclusiones finales después de las elecciones 17 de noviembre. El diputado del PPD en esa instancia, Ramón Farías, dice que sí podrían configurarse delitos asociados a triangulación de platas públicas por la contratación informal de personal en el INE.
“Las sanciones van, desde acusaciones constitucionales hasta, si nosotros creemos que existe algún hecho que pueda ser delictivo, en definitiva, ponerlo en conocimiento de los Tribunales de Justicia y es eso lo que vamos a tener que analizar, porque si nosotros estamos pensando que existe una triangulación de dinero, eso es un delito. No nos olvidemos de que el INE maneja, por ejemplo, el IPC, y tener esta información antes puede significar muchos millones de pesos de ganancia para una persona u otra”, afirmó.
Los tipos penales que investiga el Ministerio Público se refieren a la presunta violación del secreto estadístico y falsificación de instrumento público, aun cuando existen dudas sobre si los hechos se ajustan a estos delitos, o si sólo se trató de errores técnicos, improvisación y sobre todo falta de rigor en la planificación del censo.
Como sea, el fisco perdió los 160 mil 700 millones de pesos que costó este censo, el cual fue presentado en su momento por el Gobierno del Presidente Piñera como “el mejor de la historia”.
La vertiente judicial del escándalo del censo es investigada por el Ministerio Público, a través del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales, quien está a la espera de dos informes técnicos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), dependientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El fiscal Morales ya tiene en su poder el Informe de expertos que detectó la “anormal cantidad de datos inexactos” del censo, y que recomendó hacer un nuevo censo. Ahora espera, además de los informes del CELADE sobre procedimientos estadísticos, estudios jurídicos para determinar si se configuran delitos asociados a manipulación de cifras, falsificación de documento público y sabotaje informático, mediante los cuales se ha responsabilizado a Francisco Labbé, ex director del INE, por la supuesta adulteración y duplicación de datos para hacer parecer que sí se había censado a todos los hogares de Chile.
El académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, David Bravo, quien integró la comisión de expertos que evidenció los problemas técnicos del censo, dice que “lo que sí está claro es que este proceso fue improvisado y la magnitud de datos errados no hace posible la reparación de éstos”.
“Aquí lo que ocurrió es que en agosto de 2011 se cambió la modalidad del Censo y esto generó una suerte de improvisación, por ejemplo, el levantamiento de los datos no se modificó con el tiempo necesario. Lo que quiero decir es que no existen los datos libres de error, lo que ocurre es que en este caso la magnitud fue inusual, las posibilidades de reparar estos datos, a nuestro juicio, no son posibles”, aseguró.
Por su parte, el cuestionado Francisco Labbé (quien se declaró víctima de un “asesinato de imagen” ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados) ha insistido en que en este caso están descartadas las responsabilidades penales, porque él, “como académico de larga trayectoria”, no tenía por qué adulterar documentos del censo. Para ello aduce el hecho cierto de que el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Coeymans, se desdijo ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de su acusación de clonación de 800 mil encuestas, porque se dio cuenta de que se trataba de un procedimiento especificado en el Manual Estadístico (BBR-3) de Naciones Unidas, mediante el cual se usan datos de casas similares para atribuirlos a casas donde no se pudo aplicar el censo.
“El uso malicioso de documentos públicos, manipulación de las cifras del Censo, lo que se ha llamado clonación, que incluso motivó una segunda acusación por parte del nuevo director del INE ante el fiscal, donde me acusa de clonación de 800 mil personas. Pero posteriormente el mismo director del INE toma conocimiento de que ello no era la verdad y que supuestamente lo que se llamaba clonación es algo muy simple, que se llama imputación por donación”, explicó.
Paralelamente, la Comisión Investigadora del censo consiguió este martes un plazo ampliado para entregar sus conclusiones finales después de las elecciones 17 de noviembre. El diputado del PPD en esa instancia, Ramón Farías, dice que sí podrían configurarse delitos asociados a triangulación de platas públicas por la contratación informal de personal en el INE.
“Las sanciones van, desde acusaciones constitucionales hasta, si nosotros creemos que existe algún hecho que pueda ser delictivo, en definitiva, ponerlo en conocimiento de los Tribunales de Justicia y es eso lo que vamos a tener que analizar, porque si nosotros estamos pensando que existe una triangulación de dinero, eso es un delito. No nos olvidemos de que el INE maneja, por ejemplo, el IPC, y tener esta información antes puede significar muchos millones de pesos de ganancia para una persona u otra”, afirmó.
Los tipos penales que investiga el Ministerio Público se refieren a la presunta violación del secreto estadístico y falsificación de instrumento público, aun cuando existen dudas sobre si los hechos se ajustan a estos delitos, o si sólo se trató de errores técnicos, improvisación y sobre todo falta de rigor en la planificación del censo.
Como sea, el fisco perdió los 160 mil 700 millones de pesos que costó este censo, el cual fue presentado en su momento por el Gobierno del Presidente Piñera como “el mejor de la historia”.
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