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Año XIV, 9 de agosto de 2022

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Funcionarios públicos a nivel nacional adhieren masivamente a movilizaciones

Los trabajadores del sector público se reunieron desde las 11 de la mañana en las principales ciudades del país, sumándose al paro nacional en demanda de un reajuste digno cuya discusión sea prioritaria para el Gobierno. Mientras los participantes cifran la adhesión al paro en un 93%, el Gobierno la calificó como "baja", asegurando que no superó el 14%.

Helmuth Huerta y Diario Uchile

  Martes 22 de octubre 2013 12:06 hrs. 
trabajadores paro

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El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que la adhesión al paro nacional convocado por los trabajadores del sector público está entre el 12% y  al 14%, calificándola como “baja”.

“Ya es una tradición que cuando se van a iniciar estas negociaciones, la ANEF convoque a una paralización”, manifestó el ministro, bajándole el perfil a la movilización.

Sin embargo, las cifras entregadas por Andrés Chadwick contrastan con aquellas entregadas por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), organización que  cifró la adhesión en torno al 93%.

Previamente, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, solicitó al Gobierno “que se siente a negociar verdaderamente y no deje para después de las elecciones y después del Presupuesto la negociación del reajuste”.

“Nosotros creemos que este es un reajuste importante y no sólo favorece a los funcionarios públicos, sino que también a los trabajadores del sector privado, a las negociaciones colectiva o a aquellos que no negocian colectivamente, van a tener este reajuste”, agregó el dirigente.

Respecto de sus acercamientos con el Gobierno, De la Puente reveló que “ayer nos presentamos los presidentes de todas las organizaciones, entre estos la presidenta de la CUT, pero no estuvieron los ministros del Trabajo ni el de Hacienda y los negociadores de la Dirección de Presupuesto no tenían respuesta a las propuestas que nosotros hicimos hace tres semanas ni tampoco poseían una agenda o cronograma de trabajo. Por lo tanto, no hubo un resultado positivo en esa reunión”. Es por ello que anunció que “nos vamos a reunir el lunes 28 de octubre y

Para Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, la “contundencia” de la movilización, que habría reunido a unas 150 mil personas a nivel nacional, “más al esfuerzo que vamos a hacer en la negociación”, hace posible que el próximo 15 de noviembre “podamos estar con un proceso de negociación en su etapa final”.

Los dirigentes dijeron que han acordado con el Gobierno reunirse el próximo lunes para avanzar en las negociaciones. “Esperamos que el Gobierno reaccione y entregue una respuesta”, manifestó el dirigente de la ANEF.

Las demandas

En el trasfondo de la discusión del presupuesto del próximo año, los trabajadores del Estado demandan un reajuste salarial de 8.8%, equivalente al incremento entregado para el sueldo mínimo, y un reajuste diferenciado de 10% para los sueldos que están por debajo de los 750 mil pesos.

La demanda general busca beneficiar a los 750 mil trabajadores estatales que laboran en los 340 organismos públicos dependientes de la Administración Central del Estado, en la salud hospitalaria y en la municipal, en la educación tanto del sector municipal y particular subvencionado, las universidades estatales y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Norberto Díaz, ha cuestionado el afán del Ministerio de Hacienda de postergar la discusión para después del 17 de noviembre, aunque este lunes hay una nueva reunión.

“Ningún trabajador quiere una huelga, ningún trabajador anda buscando los paros o pretende estar afuera de su oficina o su empresa para pedir lo que es justo. Pero parece que este gobierno, vista su pronta derrota, se niega a gobernar y al hacerlo está postergando esta negociación a un tiempo muy acotado, pos elecciones, cuando lo que corresponde es que sea el Estado el que lo resuelva, independiente de las elecciones que estén hoy día en curso”, expresó.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, llamó al Gobierno a realizar una negociación de verdad, y no imponer un proyecto legal de reajuste como hizo durante la discusión del salario mínimo, pues de otro modo va a repetir el error de manejo político cometido en otros conflictos laborales.

“Les recomendamos que no tropiecen con la misma piedra. Recordemos lo que ocurrió con el salario mínimo: lo adelantó, lo envió sin consenso y así se demoró también en el Congreso. Por lo tanto, es importante que exista tiempo para poder buscar soluciones en la mesa de negociaciones y no provoquemos una movilización que los trabajadores estamos dispuestos a realizar si es que no se nos escucha, si se pretende hacer una negociación con los trabajadores en una semana y que además se tramite en el Congreso, eso no es una negociación”, afirmó.

Por su parte, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile(ASEMUCH) informó que ellos ya están movilizados desde el miércoles pasado, porque, según dicen,  de los 6 puntos de la agenda de compromisos de este sector, el Gobierno ha cumplido sólo tres: la homologación del sueldo base de las municipalidades en relación con los trabajadores del Gobierno (Administración Central del Estado); la homologación del suelo de municipios de zonas extremas, y la ley de retiro voluntario. Manuel Bravo, secretario general de la ASEMUCH, resumió lo que no se ha cumplido.

“Lo primero es el tema de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, que al sector centralizado se les paga dos veces más que a los municipales. Lo segundo tiene que ver con el incremento previsional, donde a la gente nuestra se le paga menos un 21.5%. Lo tercero es la asignación profesional y técnica, que el sector municipal no la tiene. Y se agrega un cuarto que es la readecuación de planta”, detalló.

Además de la situación desmejorada de los trabajadores municipales, en el sector público se observan otras desigualdades. Por ejemplo: de los 220 mil trabajadores que están en los 320 servicios y 21 ministerios del Gobierno, el 60% labora a contrata y el 10% está a honorarios, sin cotización de salud ni previsión ni estabilidad, mientras que apenas el 30% tiene contrato de planta, aun cuando la ley establece que el 80% debería tener este tipo de contrato y apenas el 20% debería estar a contrata y honorarios.

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