Las organizaciones sociales y ambientales de Magallanes se mostraron conformes con la formulación de cargos que formuló la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra el “Proyecto Mina Invierno”. Recordemos que después de varias denuncias entre enero y marzo, el organismo realizó una fiscalización, y detectó una serie de incumplimientos de las condiciones establecidas en su propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Entre ellos se constató que las piscinas que trataban las aguas no cumplían con su objetivo de abatir los sólidos suspendidos y que luego eran vertidas en el estrecho, y justamente, la minera omitió presentar los resultados de los monitoreos, así como el informe consolidado del Plan de Vigilancia Ambiental para recursos hídricos, alerta temprana de agua y arrastre de material. A eso se suma que se constató la existencia de un acopio de carbón ilegal. Para finalizar no se actualizó el estado del proyecto que figuraba “en construcción”, cuando ya estaba operando.
Si bien las organizaciones valoraron la decisión, el diputado PPD, Enrique Accorsi, quien acompañó a los ciudadanos a presentar las denuncias, afirmó que ahora es necesaria una intensa etapa de fiscalización para evitar que se sigan generando los impactos.
En este sentido, el parlamentario del PPD explicó que “ahora hay que hacerle un seguimiento porque muchas veces estas empresas realmente no cumplen en lo que se comprometieron y eso lo hemos visto ya en Isla Riesco en forma reiterada, lo que nosotros nos vamos a preocupar es que realmente se cumplan las normativas que dispone la RCA porque ese es un tremendo proyecto minero que obviamente afecta a toda la zona y además afecta no sólo el tema del agua, sino que también el tema del aire
El parlamentario recordó que esta ha sido una batalla muy larga de la población desde que se supo del proyecto, luego vino la irregular y hasta viciada aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros en 2011. De hecho, incluso hay acciones presentadas por la organización Alerta Isla Riesco.
La vocera Ana Stipicic se refirió a la lentitud de este proceso: “La demanda judicial en tribunales hace casi dos años está frenada por recursos dilatorios que nos puso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), es decir, la demanda existe pero no ha avanzado. Esto fue aprobado antes de que salieran los tribunales ambientales, por lo tanto, tenemos que jugar con las reglas antiguas, está en un tribunal ordinario y nuestro abogado dice que simplemente tenemos que tener paciencia, que esto es así con la ley antigua t por lo tanto hay que esperar”.
No obstante, la ambientalista indicó que no le extraña este retraso. “Estamos peleando en contra de poderes” afirmó, recordando que el titular del proyecto es la Sociedad Minera Isla Riesco, formada por la compañía Ultramar y por COPEC, donde el Presidente Sebastián Piñera es uno de los principales accionistas. Un conflicto de interés que, afirmó, las organizaciones han denunciado sin respuesta.
Vale señalar que no estamos hablando de cualquier iniciativa. Se trata de la mayor explotación de carbón a cielo abierto en Chile. Son cinco minas y fue aprobada sólo una de ellas (Mina Invierno), por lo que se proyecta una expansión tremenda en el ecosistema marino del seno Otway una de las mayores pinguineras que contiene una especie única en vías de extinción, y también cercana al Parque Marino Francisco Coloane, creado para proteger a las ballenas.
La empresa arriesga multas de mil Unidades Tributarias Anuales por los cargos leves o de cinco mil unidades, la clausura o incluso la revocación de su RCA por los graves incumplimientos. La gravedad de las faltas será confirmada en el dictamen final, una vez que se hayan realizado los descargos en el proceso sancionatorio.
Las organizaciones sociales y ambientales de Magallanes se mostraron conformes con la formulación de cargos que formuló la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra el “Proyecto Mina Invierno”. Recordemos que después de varias denuncias entre enero y marzo, el organismo realizó una fiscalización, y detectó una serie de incumplimientos de las condiciones establecidas en su propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Entre ellos se constató que las piscinas que trataban las aguas no cumplían con su objetivo de abatir los sólidos suspendidos y que luego eran vertidas en el estrecho, y justamente, la minera omitió presentar los resultados de los monitoreos, así como el informe consolidado del Plan de Vigilancia Ambiental para recursos hídricos, alerta temprana de agua y arrastre de material. A eso se suma que se constató la existencia de un acopio de carbón ilegal. Para finalizar no se actualizó el estado del proyecto que figuraba “en construcción”, cuando ya estaba operando.
Si bien las organizaciones valoraron la decisión, el diputado PPD, Enrique Accorsi, quien acompañó a los ciudadanos a presentar las denuncias, afirmó que ahora es necesaria una intensa etapa de fiscalización para evitar que se sigan generando los impactos.
En este sentido, el parlamentario del PPD explicó que “ahora hay que hacerle un seguimiento porque muchas veces estas empresas realmente no cumplen en lo que se comprometieron y eso lo hemos visto ya en Isla Riesco en forma reiterada, lo que nosotros nos vamos a preocupar es que realmente se cumplan las normativas que dispone la RCA porque ese es un tremendo proyecto minero que obviamente afecta a toda la zona y además afecta no sólo el tema del agua, sino que también el tema del aire
El parlamentario recordó que esta ha sido una batalla muy larga de la población desde que se supo del proyecto, luego vino la irregular y hasta viciada aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros en 2011. De hecho, incluso hay acciones presentadas por la organización Alerta Isla Riesco.
La vocera Ana Stipicic se refirió a la lentitud de este proceso: “La demanda judicial en tribunales hace casi dos años está frenada por recursos dilatorios que nos puso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), es decir, la demanda existe pero no ha avanzado. Esto fue aprobado antes de que salieran los tribunales ambientales, por lo tanto, tenemos que jugar con las reglas antiguas, está en un tribunal ordinario y nuestro abogado dice que simplemente tenemos que tener paciencia, que esto es así con la ley antigua t por lo tanto hay que esperar”.
No obstante, la ambientalista indicó que no le extraña este retraso. “Estamos peleando en contra de poderes” afirmó, recordando que el titular del proyecto es la Sociedad Minera Isla Riesco, formada por la compañía Ultramar y por COPEC, donde el Presidente Sebastián Piñera es uno de los principales accionistas. Un conflicto de interés que, afirmó, las organizaciones han denunciado sin respuesta.
Vale señalar que no estamos hablando de cualquier iniciativa. Se trata de la mayor explotación de carbón a cielo abierto en Chile. Son cinco minas y fue aprobada sólo una de ellas (Mina Invierno), por lo que se proyecta una expansión tremenda en el ecosistema marino del seno Otway una de las mayores pinguineras que contiene una especie única en vías de extinción, y también cercana al Parque Marino Francisco Coloane, creado para proteger a las ballenas.
La empresa arriesga multas de mil Unidades Tributarias Anuales por los cargos leves o de cinco mil unidades, la clausura o incluso la revocación de su RCA por los graves incumplimientos. La gravedad de las faltas será confirmada en el dictamen final, una vez que se hayan realizado los descargos en el proceso sancionatorio.
Las organizaciones sociales y ambientales de Magallanes se mostraron conformes con la formulación de cargos que formuló la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra el “Proyecto Mina Invierno”. Recordemos que después de varias denuncias entre enero y marzo, el organismo realizó una fiscalización, y detectó una serie de incumplimientos de las condiciones establecidas en su propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Entre ellos se constató que las piscinas que trataban las aguas no cumplían con su objetivo de abatir los sólidos suspendidos y que luego eran vertidas en el estrecho, y justamente, la minera omitió presentar los resultados de los monitoreos, así como el informe consolidado del Plan de Vigilancia Ambiental para recursos hídricos, alerta temprana de agua y arrastre de material. A eso se suma que se constató la existencia de un acopio de carbón ilegal. Para finalizar no se actualizó el estado del proyecto que figuraba “en construcción”, cuando ya estaba operando.
Si bien las organizaciones valoraron la decisión, el diputado PPD, Enrique Accorsi, quien acompañó a los ciudadanos a presentar las denuncias, afirmó que ahora es necesaria una intensa etapa de fiscalización para evitar que se sigan generando los impactos.
En este sentido, el parlamentario del PPD explicó que “ahora hay que hacerle un seguimiento porque muchas veces estas empresas realmente no cumplen en lo que se comprometieron y eso lo hemos visto ya en Isla Riesco en forma reiterada, lo que nosotros nos vamos a preocupar es que realmente se cumplan las normativas que dispone la RCA porque ese es un tremendo proyecto minero que obviamente afecta a toda la zona y además afecta no sólo el tema del agua, sino que también el tema del aire
El parlamentario recordó que esta ha sido una batalla muy larga de la población desde que se supo del proyecto, luego vino la irregular y hasta viciada aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros en 2011. De hecho, incluso hay acciones presentadas por la organización Alerta Isla Riesco.
La vocera Ana Stipicic se refirió a la lentitud de este proceso: “La demanda judicial en tribunales hace casi dos años está frenada por recursos dilatorios que nos puso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), es decir, la demanda existe pero no ha avanzado. Esto fue aprobado antes de que salieran los tribunales ambientales, por lo tanto, tenemos que jugar con las reglas antiguas, está en un tribunal ordinario y nuestro abogado dice que simplemente tenemos que tener paciencia, que esto es así con la ley antigua t por lo tanto hay que esperar”.
No obstante, la ambientalista indicó que no le extraña este retraso. “Estamos peleando en contra de poderes” afirmó, recordando que el titular del proyecto es la Sociedad Minera Isla Riesco, formada por la compañía Ultramar y por COPEC, donde el Presidente Sebastián Piñera es uno de los principales accionistas. Un conflicto de interés que, afirmó, las organizaciones han denunciado sin respuesta.
Vale señalar que no estamos hablando de cualquier iniciativa. Se trata de la mayor explotación de carbón a cielo abierto en Chile. Son cinco minas y fue aprobada sólo una de ellas (Mina Invierno), por lo que se proyecta una expansión tremenda en el ecosistema marino del seno Otway una de las mayores pinguineras que contiene una especie única en vías de extinción, y también cercana al Parque Marino Francisco Coloane, creado para proteger a las ballenas.
La empresa arriesga multas de mil Unidades Tributarias Anuales por los cargos leves o de cinco mil unidades, la clausura o incluso la revocación de su RCA por los graves incumplimientos. La gravedad de las faltas será confirmada en el dictamen final, una vez que se hayan realizado los descargos en el proceso sancionatorio.
