Escepticismo por documento de empresarios que aboga por “bien común y dilemas éticos”
Pese a que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) busca dar garantías de que no se volverán a dar episodios como el caso Inverlink, el Caso La Polar o el reciente Caso Cascadas, con un documento que tiene como lema el “bien común, dilemas éticos y compromisos empresariales”, aun así se mantienen las desconfianzas en sectores de la sociedad civil.
Viernes 25 de octubre 2013 10:45 hrs.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer un manual de “buenas prácticas”, motivado por distintos casos como la colusión de farmacias o la repactación unilateral de deudas de La Polar, conflictos que pusieron en duda la credibilidad del sector empresarial.
El documento busca enfrentar además a los movimientos sociales, la judicialización de casos y la “sensación de abuso”. Las medidas autoimpuestas apuntan al fomento de la libre competencia y a evitar que se fijen o establezcan precios entre competidores.
Además se pide respetar la relación del Estado y adoptar una relación más cordial y menos confrontacional con las comunidades en conflicto.
Andrés Santa María, presidente de la CPC, señaló que la clase empresarial se “dio cuenta” de la dimensión ética del hacer negocio: “Los empresarios se dieron cuenta que hay otro tipo de desafíos, que no es sólo producir productos de calidad y cumplir con el consumidor. Hay otra dimensión fundamental, que es la ética y centrarse en la persona, preocuparse de la comunidad. Y eso se ve, nadie de nosotros tenía esa preocupación hace diez años”.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, esto genera cierto tipo de desconfianza, considerando que las empresas ni siquiera cumplen con la normativa vigente.
“Vamos a ver si las empresas están dispuestas a cumplir estas medidas de la CPC. Hay empresas que siempre están buscando judicializar los reclamos de los consumidores, imponer sus condiciones a las comunidades. Es ahí donde vemos enfrentada a la sociedad civil con el empresariado, claramente si las prácticas no cambian, esto va a quedar solamente en buenas intenciones”, indicó.
Calderón lamentó además que no se trate de una propuesta integral que considere también las condiciones laborales: “Tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser un pacto social donde el empresariado se comprometa a tener mejores prácticas, a terminar con los abusos, pero esto se tiene que ver en la práctica. Con pronunciamiento y declaraciones públicas mostramos intención, pero tenemos que ver si se cumple lo que propone la CPC”.
Quien sí valoró la medida fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien afirmó que “la autorregulación y estos manuales de ética me parecen una muy buena medida, ayudan a mirar el futuro”.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer un manual de “buenas prácticas”, motivado por distintos casos como la colusión de farmacias o la repactación unilateral de deudas de La Polar, conflictos que pusieron en duda la credibilidad del sector empresarial.
El documento busca enfrentar además a los movimientos sociales, la judicialización de casos y la “sensación de abuso”. Las medidas autoimpuestas apuntan al fomento de la libre competencia y a evitar que se fijen o establezcan precios entre competidores.
Además se pide respetar la relación del Estado y adoptar una relación más cordial y menos confrontacional con las comunidades en conflicto.
Andrés Santa María, presidente de la CPC, señaló que la clase empresarial se “dio cuenta” de la dimensión ética del hacer negocio: “Los empresarios se dieron cuenta que hay otro tipo de desafíos, que no es sólo producir productos de calidad y cumplir con el consumidor. Hay otra dimensión fundamental, que es la ética y centrarse en la persona, preocuparse de la comunidad. Y eso se ve, nadie de nosotros tenía esa preocupación hace diez años”.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, esto genera cierto tipo de desconfianza, considerando que las empresas ni siquiera cumplen con la normativa vigente.
“Vamos a ver si las empresas están dispuestas a cumplir estas medidas de la CPC. Hay empresas que siempre están buscando judicializar los reclamos de los consumidores, imponer sus condiciones a las comunidades. Es ahí donde vemos enfrentada a la sociedad civil con el empresariado, claramente si las prácticas no cambian, esto va a quedar solamente en buenas intenciones”, indicó.
Calderón lamentó además que no se trate de una propuesta integral que considere también las condiciones laborales: “Tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser un pacto social donde el empresariado se comprometa a tener mejores prácticas, a terminar con los abusos, pero esto se tiene que ver en la práctica. Con pronunciamiento y declaraciones públicas mostramos intención, pero tenemos que ver si se cumple lo que propone la CPC”.
Quien sí valoró la medida fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien afirmó que “la autorregulación y estos manuales de ética me parecen una muy buena medida, ayudan a mirar el futuro”.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer un manual de “buenas prácticas”, motivado por distintos casos como la colusión de farmacias o la repactación unilateral de deudas de La Polar, conflictos que pusieron en duda la credibilidad del sector empresarial.
El documento busca enfrentar además a los movimientos sociales, la judicialización de casos y la “sensación de abuso”. Las medidas autoimpuestas apuntan al fomento de la libre competencia y a evitar que se fijen o establezcan precios entre competidores.
Además se pide respetar la relación del Estado y adoptar una relación más cordial y menos confrontacional con las comunidades en conflicto.
Andrés Santa María, presidente de la CPC, señaló que la clase empresarial se “dio cuenta” de la dimensión ética del hacer negocio: “Los empresarios se dieron cuenta que hay otro tipo de desafíos, que no es sólo producir productos de calidad y cumplir con el consumidor. Hay otra dimensión fundamental, que es la ética y centrarse en la persona, preocuparse de la comunidad. Y eso se ve, nadie de nosotros tenía esa preocupación hace diez años”.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, esto genera cierto tipo de desconfianza, considerando que las empresas ni siquiera cumplen con la normativa vigente.
“Vamos a ver si las empresas están dispuestas a cumplir estas medidas de la CPC. Hay empresas que siempre están buscando judicializar los reclamos de los consumidores, imponer sus condiciones a las comunidades. Es ahí donde vemos enfrentada a la sociedad civil con el empresariado, claramente si las prácticas no cambian, esto va a quedar solamente en buenas intenciones”, indicó.
Calderón lamentó además que no se trate de una propuesta integral que considere también las condiciones laborales: “Tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser un pacto social donde el empresariado se comprometa a tener mejores prácticas, a terminar con los abusos, pero esto se tiene que ver en la práctica. Con pronunciamiento y declaraciones públicas mostramos intención, pero tenemos que ver si se cumple lo que propone la CPC”.
Quien sí valoró la medida fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien afirmó que “la autorregulación y estos manuales de ética me parecen una muy buena medida, ayudan a mirar el futuro”.
