La Encuesta de Uso Racional de Medicamentos del Ministerio de Salud, realizada entre noviembre y diciembre de 2011 pero publicada esta semana por el ministro Jaime Mañalich, concluyó en su momento que el 22% de las personas que manifiestan algún tipo de enfermedad y pertenecen a sectores de niveles socio-económicos bajos, obtienen sus medicamentos en almacenes de barrio. La panorámica global más delicada está dada por el hecho de que el 45% de los encuestados, que declaran una dolencia, abandonan finalmente el tratamiento médico por no tener dinero suficiente para comprar los remedios prescritos por el médico.
Los datos de esta encuesta fueron enarbolados por Mañalich para criticar que el lunes no se haya realizado la votación del proyecto de Ley Nacional de Medicamentos, debido a falta de quórum, puesto que la mayoría de los parlamentarios se encuentra en actividades de campaña política.
Mañalich destacó los seis tópicos que abarca este proyecto: “Los medicamentos tienen que prescribirse por su nombre genérico, tiene que haber bioequivalencia demostrada. Se impide la integración vertical entre farmacias y laboratorios. Los medicamentos deben tener precio a la vista. El rol del químico farmacéutico es ayudar a los usuarios a remplazar los medicamentos caros por uno más barato”.
Incluso el Presidente Sebastián Piñera acusó a los legisladores de estar influidos por el “lobby”: “Yo quiero pedirles a los parlamentarios, que en esta materia, no piensen en las farmacias ni en los laboratorios. Piensen en los 17 millones de chilenos que necesitan y merecen tener acceso a medicamentos más económicos, con mayor facilidad”, aseguró.
Pero el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Mauricio Huberman, dice que el responsable de esta demora es el propio ministro Mañalich, por agregar artículos que el Congreso le había rechazado en cuatro proyectos anteriores, tales como venta fuera de farmacias, almacenes farmacéuticos y góndolas, entre otros, que se sumaron al proyecto de ley nacional de medicamentos o fármacos.
Huberman dice que falta educación sobre consumo de medicamentos, pero sobre todo enfatizó que Mañalich ha desatendido a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que tiene más de 40% de incumplimiento en la dotación de medicamentos para consultorios de atención primaria.
“Algunas interpretaciones son ridículas. La gente de escasos recursos recibe los medicamentos gratis en los consultorios, pero la gente debe comprar afuera porque no están oportunamente, y los usuarios debían ir dos o tres veces al consultorio. El que hace una mala gestión es el ministro, el Gobierno, con la Cenabast y la cobertura que debe tener en las postas y consultorios”, indicó Huberman.
Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, afirma que el Gobierno magnifica los supuestos efectos positivos de este proyecto, el cual en su opinión no toca el verdadero problema de falta de fiscalización sobre los precios de fármacos.
“El tema pasa por la lógica que existe en el sistema de salud que todos los insumos y la atención de salud debe ser un bien comprable, transable en el mercado, lo que para algunos es negocio. Tenemos medicamentos con precios altísimos, y los países vecinos tienen los mismos medicamentos a un tercio o a mitad de precio”, señaló.
El proyecto de ley nacional de medicamentos o fármacos se tramita con “suma urgencia”, lo que significa que cada una de las cámaras del Congreso debe aprobar y despachar en un plazo máximo de 15 días. No se pudo votar en la Comisión Mixta, porque no se presentaron los diputados Javier Macaya (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD) y Víctor Torres (DC).