¿Cómo podríamos interpretar esta gran sucesión de casos de femicidio en las últimas semanas?

Estos eventos nos dicen que algo se está haciendo mal desde la política pública, desde quienes están tomando las decisiones frente a esta problemática, que dice que no están entendiendo cuál es el problema que hay detrás de esto. A través de la exclusiva atención de mujeres víctimas de violencia creen que este tipo de problemas puede solucionarse, pero no van al meollo de por qué suceden este tipo de cosas. Cuando venía para acá miraba las cifras que da el Servicio Nacional de la Mujer, que indican que de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, catorce de ellas habían denunciado. ¿Qué pasa que, quienes toman las decisiones, no están viendo lo que pasa en ese contexto? Son catorce denuncias, ergo, son catorce hombres a los cuáles la institucionalidad les había dicho que no podían acercarse a estas mujeres, pero de todas formas lo hicieron.

Ese dato me pareció gravísimo porque, durante mucho tiempo, lo que estaba diagnosticado era que los femicidios ocurrían porque las mujeres no denunciaban. Lo que se les decía a las mujeres era que tenían que vencer el miedo y denunciar, cuando nos encontramos con que un porcentaje significativo de las mujeres asesinadas ya había denunciado. ¿Cómo interpretamos ese dato?

La denuncia es un factor de salida muy importante. Pero cuando tienes un sistema que no responde eficientemente a las mujeres que toman la decisión de denunciar, es gravísimo. La violencia contra las mujeres es un proceso de sometimiento continuo, donde hay un sujeto al que, con la carga de los siglos, le dijeron tú tienes privilegios sobre las mujeres, puedes hacer lo que quieras con ellas. La finalidad es someterla hasta la muerte.

¿El problema es que la legislación no se cumple o que la legislación está mal?

La legislación está mal hecha. El único delito en Chile que tiene que comprobar habitualidad es la violencia contra las mujeres, pero cuando ellas denuncian y entran al proceso judicial que significa todo el tema con abogados, con tribunales, el tratamiento es exactamente igual a cualquier otro delito. Es ilógico.

¿Cuál es tu análisis de lo que ha pasado con el Sernam durante este gobierno?

Yo tengo una crítica desde el inicio del Sernam respecto del tratamiento de la violencia. Creo que no se ha tomado en serio un elemento demasiado sustantivo para trabajar el tema, que es la prevención, cómo a través de la prevención puedes hacer que estos sucesos no aparezcan en la relación de pareja entre un hombre y una mujer, cómo le puedes enseñar a los niños a tener relaciones afectivas sanas con una mujer, cómo puedes hacer que los jóvenes, cuando están recién entrando en una relación de pareja, puedan identificar tempranamente que están sufriendo violencia y que no lleguen al punto en que ya no hay cómo pararla.

¿Cómo se organizan las políticas públicas para poder enfrentar esta situación?

Soy crítica de toda la administración de Piñera, tratándose de violencia. No trabajaron el tema de prevención como correspondía, creo que hay un gran retroceso en el tema de la igualdad de género en las políticas públicas. Cuando dejas de mirar a las mujeres, jefas de hogar, desde la perspectiva de la superación de la pobreza, puedes entrarle a la desigualdad, que es el nodo hacia el cual uno tiene que apuntar cuando habla de igualdad de género. Vincular a las mujeres exclusivamente a la maternidad y a la pobreza al momento de hacer políticas públicas, no mirarlas como sujetas con múltiples proyectos de vida, ha sido un gran retroceso de este gobierno.

Una de las cosas que muchas veces las mujeres agredidas dicen es que, cuando van a denunciar agresiones, la reacción de los carabineros oscila entre la perplejidad, la ignorancia y la burla. Y esto puede funcionar como un factor inhibidor de la denuncia. ¿Cómo ves tú este fenómeno?

Si hay actores que son importantes, que pueden hacer que las mujeres se retracten respecto de sus denuncias, más que los carabineros es el sistema judicial el que tiene graves problemas. Solamente el 15% de las denuncias ingresadas terminan en condena y la mayoría tiene salidas no judiciales, es gravísimo. Cuando la asistente técnica del magistrado llama a la mujer para preguntarle cómo está y la señora llega a decir, por casualidad, que está mejor, se cierra la causa y se archiva. Esta es la forma de operar, la ley es una ley maldita. ¿Cómo se les ocurre preguntarle a una mujer que es víctima de violencia cómo está usted? Si sabemos que está dañada, que es una mujer que ve que su vida está en riesgo y probablemente se va a retractar por miedo. Hay fiscales que siguen, por oficio, cuando se dan cuenta de que la mujer está en grave riesgo de morir, porque la ley les permite eso, que los fiscales y el juez se pongan de acuerdo para ver si le dan una salida no judicial o siguen el proceso y condenan a la persona. Esta ley no sé si alguna vez nos sirvió, pero creo que hay que cambiarla totalmente. Y creo que tienen que haber tribunales específicos para estos temas. No estamos hablando de familia, sino que de violencia contra las mujeres. El problema es cómo la justicia administra este problema, llena de prejuicios, no ve que las mujeres son víctimas. Y por otro lado tenemos a quienes toman la decisión de las políticas públicas, que pueden transformar culturalmente una sociedad, y no hacen prevención. En el presupuesto que se da para trabajar el tema de violencia, solamente el 11% está asignado a prevención, lo que es algo grave.

¿Cuáles son las primeras medidas que se deberían implementar para poder ir avanzando en la resolución de este tema?

La primera es una política de prevención poderosa. Estoy hablando de la educación, de políticas de juventud y también desde la edad más temprana, campañas permanentes en temas de prevención. Lo otro es fortalecer las redes de mujeres, también en este trabajo de prevención. No solamente generar más centros de la mujer, que me parece una medida importante, sino que también fortalecer las que ya existen, darles más recursos y más poder en la toma de decisiones.