El registro de quienes se reúnen con autoridades públicas para defender intereses privados es el principal eje del proyecto de ley que busca regular el lobby, el que luego de años de discusión en el Congreso recién se acerca a su aprobación definitiva.
Para la cientista política de la Universidad de Chile, Francisca Quiroga, un registro de lobbystas constituye un mínimo aceptable, puesto que transparenta la agenda de las autoridades aunque sin atacar el problema de fondo: los conflictos de interés.
En esa línea, la académica añade que detrás de este debate se esconde un grave problema: el comportamiento de muchos grupos económicos, los que por medio de prácticas poco decorosas buscan lograr acuerdos tácitos en materia legislativa.
“Eso también habla de las prácticas políticas, porque más allá de la ley es la reflexión de cuál es la calidad de la política y qué efecto tienen esas prácticas en la relación con el mundo empresarial y la vinculación con las campañas, que ahí tenemos otro elemento que está vinculado. Sabemos que los empresarios son clave en la definición de aportes y que muchos de esos aportes anónimos sí se saben y hay ciertos acuerdos que son tácitos y eso tiene efecto después en la legislación. Y ya hemos tenido muchos casos, en Chile tenemos un problema con los conflictos de interés”, señaló.
El papel que en este tema juegan las cúpulas de los partidos políticos también fue cuestionado por la analista.
“La propia selección de candidaturas y los partidos políticos también tienen un rol, desde el punto de vista de cómo son capaces de incorporar y reclutar actores que tengan ciertos elementos éticos y reconocimiento de interés público versus el interés personal”, explicó.
El Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, indicó que si la ley de lobby no incorpora sanciones reales como la pérdida del cargo, no sirve.
En ese sentido, una verdadera ley de lobby debería ser complementada con una reforma profunda al financiamiento de las campañas políticas, agregó Herman.
“Incluso tienen hasta recaudadores, Rosenbluth el presidente de Enersis, por ejemplo, que es recaudador y le asigna cuotas de apoyo financiero a todos los partidos y a todos los candidatos. El debate sobre la ley de lobby debe pasar por una comisión mixta, para dirimir desacuerdos entre ambas cámaras. Esa cuestión es un escándalo. Para esta elección ya es muy tarde, pero yo creo que los parlamentarios a la brevedad posible deben hacer las modificaciones legales para terminar con las donaciones anónimas”, manifestó.
Las divergencias radican principalmente en la administración del registro de lobbistas y el rol que en ella debe jugar el Minsiterio Secretaría General de la Presidencia, pero las inquietudes planteadas por expertos y organizaciones ciudadanas no son parte de dicho debate.
El registro de quienes se reúnen con autoridades públicas para defender intereses privados es el principal eje del proyecto de ley que busca regular el lobby, el que luego de años de discusión en el Congreso recién se acerca a su aprobación definitiva.
Para la cientista política de la Universidad de Chile, Francisca Quiroga, un registro de lobbystas constituye un mínimo aceptable, puesto que transparenta la agenda de las autoridades aunque sin atacar el problema de fondo: los conflictos de interés.
En esa línea, la académica añade que detrás de este debate se esconde un grave problema: el comportamiento de muchos grupos económicos, los que por medio de prácticas poco decorosas buscan lograr acuerdos tácitos en materia legislativa.
“Eso también habla de las prácticas políticas, porque más allá de la ley es la reflexión de cuál es la calidad de la política y qué efecto tienen esas prácticas en la relación con el mundo empresarial y la vinculación con las campañas, que ahí tenemos otro elemento que está vinculado. Sabemos que los empresarios son clave en la definición de aportes y que muchos de esos aportes anónimos sí se saben y hay ciertos acuerdos que son tácitos y eso tiene efecto después en la legislación. Y ya hemos tenido muchos casos, en Chile tenemos un problema con los conflictos de interés”, señaló.
El papel que en este tema juegan las cúpulas de los partidos políticos también fue cuestionado por la analista.
“La propia selección de candidaturas y los partidos políticos también tienen un rol, desde el punto de vista de cómo son capaces de incorporar y reclutar actores que tengan ciertos elementos éticos y reconocimiento de interés público versus el interés personal”, explicó.
El Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, indicó que si la ley de lobby no incorpora sanciones reales como la pérdida del cargo, no sirve.
En ese sentido, una verdadera ley de lobby debería ser complementada con una reforma profunda al financiamiento de las campañas políticas, agregó Herman.
“Incluso tienen hasta recaudadores, Rosenbluth el presidente de Enersis, por ejemplo, que es recaudador y le asigna cuotas de apoyo financiero a todos los partidos y a todos los candidatos. El debate sobre la ley de lobby debe pasar por una comisión mixta, para dirimir desacuerdos entre ambas cámaras. Esa cuestión es un escándalo. Para esta elección ya es muy tarde, pero yo creo que los parlamentarios a la brevedad posible deben hacer las modificaciones legales para terminar con las donaciones anónimas”, manifestó.
Las divergencias radican principalmente en la administración del registro de lobbistas y el rol que en ella debe jugar el Minsiterio Secretaría General de la Presidencia, pero las inquietudes planteadas por expertos y organizaciones ciudadanas no son parte de dicho debate.
El registro de quienes se reúnen con autoridades públicas para defender intereses privados es el principal eje del proyecto de ley que busca regular el lobby, el que luego de años de discusión en el Congreso recién se acerca a su aprobación definitiva.
Para la cientista política de la Universidad de Chile, Francisca Quiroga, un registro de lobbystas constituye un mínimo aceptable, puesto que transparenta la agenda de las autoridades aunque sin atacar el problema de fondo: los conflictos de interés.
En esa línea, la académica añade que detrás de este debate se esconde un grave problema: el comportamiento de muchos grupos económicos, los que por medio de prácticas poco decorosas buscan lograr acuerdos tácitos en materia legislativa.
“Eso también habla de las prácticas políticas, porque más allá de la ley es la reflexión de cuál es la calidad de la política y qué efecto tienen esas prácticas en la relación con el mundo empresarial y la vinculación con las campañas, que ahí tenemos otro elemento que está vinculado. Sabemos que los empresarios son clave en la definición de aportes y que muchos de esos aportes anónimos sí se saben y hay ciertos acuerdos que son tácitos y eso tiene efecto después en la legislación. Y ya hemos tenido muchos casos, en Chile tenemos un problema con los conflictos de interés”, señaló.
El papel que en este tema juegan las cúpulas de los partidos políticos también fue cuestionado por la analista.
“La propia selección de candidaturas y los partidos políticos también tienen un rol, desde el punto de vista de cómo son capaces de incorporar y reclutar actores que tengan ciertos elementos éticos y reconocimiento de interés público versus el interés personal”, explicó.
El Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, indicó que si la ley de lobby no incorpora sanciones reales como la pérdida del cargo, no sirve.
En ese sentido, una verdadera ley de lobby debería ser complementada con una reforma profunda al financiamiento de las campañas políticas, agregó Herman.
“Incluso tienen hasta recaudadores, Rosenbluth el presidente de Enersis, por ejemplo, que es recaudador y le asigna cuotas de apoyo financiero a todos los partidos y a todos los candidatos. El debate sobre la ley de lobby debe pasar por una comisión mixta, para dirimir desacuerdos entre ambas cámaras. Esa cuestión es un escándalo. Para esta elección ya es muy tarde, pero yo creo que los parlamentarios a la brevedad posible deben hacer las modificaciones legales para terminar con las donaciones anónimas”, manifestó.
Las divergencias radican principalmente en la administración del registro de lobbistas y el rol que en ella debe jugar el Minsiterio Secretaría General de la Presidencia, pero las inquietudes planteadas por expertos y organizaciones ciudadanas no son parte de dicho debate.
