De 133 casos de intoxicación reportados en 2011 la cifra se elevó a 332 el año pasado, acumulando un aumento de un 149 por ciento, la mayoría de las emergencias se reporta en la zona de Buin. Mientras, en lo que va del 2013, ya se han notificado 174 episodios. Entre los principales tóxicos está el pesticida Gusathion, el Atonit, utilizado para el control de cucarachas y el Engeo, para tratar plagas en el trigo, leguminosas y otras hortalizas.
Ante estos datos, la Seremi de Salud Metropolitana, Daniela Zavando, manifestó su preocupación e indicó que “estos casos, que muchas veces tienen que ver con la falta de medidas de protección personal y con la misma conducta de los trabajadores agrícolas”, y agregó que el aumento de las notificaciones tiene que ver con mayor control sanitario de la autoridad, pero también con medidas de protección insuficientes. Entre ellas destaca el no uso de mascarillas, la falta de respeto a los tiempos de reingreso a las faenas, es decir, una falta de hábito a adoptar las medidas de protección requeridas.
No coincidió con esto María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), para quien este aumento de casos es una señal de alarma potente: “El aumento de casos es preocupante. Si consideramos que por cada caso notificado, hay cinco no notificados, tendríamos un universo de más de mil 600 personas intoxicados sólo en la región Metropolitana. El tipo de plaguicida es uno de categoría altamente tóxico”.
La especialista indicó que como organización han solicitado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que retire estos productos de circulación, llamado al que también se ha sumado, en estos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Vale recordar que en el 2007 un grupo de parlamentarios acogió esta medida y se ingresó al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, pero que, al llegar a la Comisión de Agricultura del Senado se diluyó y la iniciativa quedó en nada.
Para el Presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos del Bío Bío, Guillermo Riveros, esto tendría una explicación clara: las firmas que elaboran los plaguicidas son las mismas que producen semillas transgénicas, por lo que regular un mercado traería repercusiones en el otro.
Por eso, Riveros afirmó que se busca mantener el tema sin mayores regulaciones presionando a los actores políticos para ello: “Las grandes empresas son las que venden los agroquímicos. Hoy hay temas de la ley de obtentores vegetales, transgénicos, todo ligado a los plaguicidas. Son un conjunto de normas pendientes que no están reguladas. Los intereses que hay detrás de empresas transnacionales impiden que los agricultores puedan realizar observaciones”.
La situación es particularmente complicada cuando los plaguicidas tienen efectos agudos que son evidentes e inmediatos, pero tienen otros invisibles, como la incidencia en enfermedades crónicas y otros peores vinculados al desarrollo de cánceres o malformaciones fetales. En ese sentido, el aumento de casos, afirman, no es señal de mayor control o más fiscalización, sino una muestra más de que el tema debe regularse para proteger a los trabajadores y las futuras generaciones.
De 133 casos de intoxicación reportados en 2011 la cifra se elevó a 332 el año pasado, acumulando un aumento de un 149 por ciento, la mayoría de las emergencias se reporta en la zona de Buin. Mientras, en lo que va del 2013, ya se han notificado 174 episodios. Entre los principales tóxicos está el pesticida Gusathion, el Atonit, utilizado para el control de cucarachas y el Engeo, para tratar plagas en el trigo, leguminosas y otras hortalizas.
Ante estos datos, la Seremi de Salud Metropolitana, Daniela Zavando, manifestó su preocupación e indicó que “estos casos, que muchas veces tienen que ver con la falta de medidas de protección personal y con la misma conducta de los trabajadores agrícolas”, y agregó que el aumento de las notificaciones tiene que ver con mayor control sanitario de la autoridad, pero también con medidas de protección insuficientes. Entre ellas destaca el no uso de mascarillas, la falta de respeto a los tiempos de reingreso a las faenas, es decir, una falta de hábito a adoptar las medidas de protección requeridas.
No coincidió con esto María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), para quien este aumento de casos es una señal de alarma potente: “El aumento de casos es preocupante. Si consideramos que por cada caso notificado, hay cinco no notificados, tendríamos un universo de más de mil 600 personas intoxicados sólo en la región Metropolitana. El tipo de plaguicida es uno de categoría altamente tóxico”.
La especialista indicó que como organización han solicitado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que retire estos productos de circulación, llamado al que también se ha sumado, en estos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Vale recordar que en el 2007 un grupo de parlamentarios acogió esta medida y se ingresó al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, pero que, al llegar a la Comisión de Agricultura del Senado se diluyó y la iniciativa quedó en nada.
Para el Presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos del Bío Bío, Guillermo Riveros, esto tendría una explicación clara: las firmas que elaboran los plaguicidas son las mismas que producen semillas transgénicas, por lo que regular un mercado traería repercusiones en el otro.
Por eso, Riveros afirmó que se busca mantener el tema sin mayores regulaciones presionando a los actores políticos para ello: “Las grandes empresas son las que venden los agroquímicos. Hoy hay temas de la ley de obtentores vegetales, transgénicos, todo ligado a los plaguicidas. Son un conjunto de normas pendientes que no están reguladas. Los intereses que hay detrás de empresas transnacionales impiden que los agricultores puedan realizar observaciones”.
La situación es particularmente complicada cuando los plaguicidas tienen efectos agudos que son evidentes e inmediatos, pero tienen otros invisibles, como la incidencia en enfermedades crónicas y otros peores vinculados al desarrollo de cánceres o malformaciones fetales. En ese sentido, el aumento de casos, afirman, no es señal de mayor control o más fiscalización, sino una muestra más de que el tema debe regularse para proteger a los trabajadores y las futuras generaciones.
De 133 casos de intoxicación reportados en 2011 la cifra se elevó a 332 el año pasado, acumulando un aumento de un 149 por ciento, la mayoría de las emergencias se reporta en la zona de Buin. Mientras, en lo que va del 2013, ya se han notificado 174 episodios. Entre los principales tóxicos está el pesticida Gusathion, el Atonit, utilizado para el control de cucarachas y el Engeo, para tratar plagas en el trigo, leguminosas y otras hortalizas.
Ante estos datos, la Seremi de Salud Metropolitana, Daniela Zavando, manifestó su preocupación e indicó que “estos casos, que muchas veces tienen que ver con la falta de medidas de protección personal y con la misma conducta de los trabajadores agrícolas”, y agregó que el aumento de las notificaciones tiene que ver con mayor control sanitario de la autoridad, pero también con medidas de protección insuficientes. Entre ellas destaca el no uso de mascarillas, la falta de respeto a los tiempos de reingreso a las faenas, es decir, una falta de hábito a adoptar las medidas de protección requeridas.
No coincidió con esto María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), para quien este aumento de casos es una señal de alarma potente: “El aumento de casos es preocupante. Si consideramos que por cada caso notificado, hay cinco no notificados, tendríamos un universo de más de mil 600 personas intoxicados sólo en la región Metropolitana. El tipo de plaguicida es uno de categoría altamente tóxico”.
La especialista indicó que como organización han solicitado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que retire estos productos de circulación, llamado al que también se ha sumado, en estos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Vale recordar que en el 2007 un grupo de parlamentarios acogió esta medida y se ingresó al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, pero que, al llegar a la Comisión de Agricultura del Senado se diluyó y la iniciativa quedó en nada.
Para el Presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos del Bío Bío, Guillermo Riveros, esto tendría una explicación clara: las firmas que elaboran los plaguicidas son las mismas que producen semillas transgénicas, por lo que regular un mercado traería repercusiones en el otro.
Por eso, Riveros afirmó que se busca mantener el tema sin mayores regulaciones presionando a los actores políticos para ello: “Las grandes empresas son las que venden los agroquímicos. Hoy hay temas de la ley de obtentores vegetales, transgénicos, todo ligado a los plaguicidas. Son un conjunto de normas pendientes que no están reguladas. Los intereses que hay detrás de empresas transnacionales impiden que los agricultores puedan realizar observaciones”.
La situación es particularmente complicada cuando los plaguicidas tienen efectos agudos que son evidentes e inmediatos, pero tienen otros invisibles, como la incidencia en enfermedades crónicas y otros peores vinculados al desarrollo de cánceres o malformaciones fetales. En ese sentido, el aumento de casos, afirman, no es señal de mayor control o más fiscalización, sino una muestra más de que el tema debe regularse para proteger a los trabajadores y las futuras generaciones.
