Según cifras oficiales del Sernam, se registran 32 femicidios en lo que va del año, destacando los producidos en las últimas semanas por su violencia y alevosía. Pero estos datos no muestran toda la realidad, ya que quedan fuera los femicidios no íntimos, por ejemplo, los producidos por pololos, familiares u otros conocidos.
Vale señalar que Chile tiene una de las tasas más altas de Latinoamérica de violencia contra las mujeres, cercanas a las de países centroamericanos.
Además, de 190 mil casos que llegan a la fiscalía sólo un 55 por ciento tuvo un término judicial, la mayoría con una suspensión temporal del procedimiento. Sólo el 15 por ciento de las mujeres recibieron una sentencia condenatoria para sus agresores. En ese sentido, distintas ONG ligadas a los derechos de la mujer afirman que estas cifras demuestran que impera la impunidad respecto de la violencia contra las mujeres y añadieron que “no podemos continuar con políticas reactivas, sin un sistema de protección integral y una mirada preventiva al asunto”.
Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, indicó que este tema no ha sido abordado por el grueso de las candidaturas y destacó que “a nosotros nos parece que el tema debiera ser central, que estuviera en la Constitución como principio movilizador. En qué sentido las relaciones humanas tienen relación desigual de poder entre hombres y mujeres, porque eso impide una participación democrática e igualitaria”.
En ese sentido, afirmó que se deben precisar los conceptos de femicidio y maltrato, tal como le ha recomendado a nuestro país el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Pero también hay otros temas relevantes, como la debida incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, tanto por la eliminación de la brecha salarial y las desigualdades en pensiones. En esa línea, plantearon que el actual 47 por ciento de participación laboral de la mujer no va a sufrir mayores modificaciones si no se aborda de manera directa e integral todos los problemas que tiene que ver con la relación vida y trabajo, y con el cuidado, tanto de los niños como de adultos dependientes.
La Presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, se refirió a otro de los asuntos que debieran considerar las candidaturas: “Todo lo que tiene que ver con autonomía del cuerpo y derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de la capacidad de decidir cuántos hijos tener, no puede ser que el aborto de todo tipo esté penalizado. Hacemos un llamado a los candidatos y candidatas a despenalizar el aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad del feto con la vida y en caso de violación”.
Otro tema que reúne la inquietud de las organizaciones es la baja participación de las mujeres en política, la que hoy bordea el 15 por ciento, lo que –afirman- limita las posibilidades de realizar los cambios necesarios. Para ello sugieren que se tramite y apruebe la llamada “ley de cuotas” que asegura cupos de las mujeres en el Parlamento y otros espacios, como señaló Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer.
“No pedimos un cargo para las mujeres, sino la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Las barreras son muy altas y estamos proponiendo que esta representación equilibrada involucre a los cargos de designación presidencial y que estén en los cargos de los poderes autónomos”, señaló.
Con esto se refieren a que las mujeres integren el Directorio de empresas Públicas y entidades como por ejemplo el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, Consejo de la Transparencia, entre otros, así como también Partidos Políticos, Sindicatos y Gremios. Además, hicieron un llamado a toda la sociedad, considerando a los medios de comunicación a incluir estos temas en la discusión pública.
Según cifras oficiales del Sernam, se registran 32 femicidios en lo que va del año, destacando los producidos en las últimas semanas por su violencia y alevosía. Pero estos datos no muestran toda la realidad, ya que quedan fuera los femicidios no íntimos, por ejemplo, los producidos por pololos, familiares u otros conocidos.
Vale señalar que Chile tiene una de las tasas más altas de Latinoamérica de violencia contra las mujeres, cercanas a las de países centroamericanos.
Además, de 190 mil casos que llegan a la fiscalía sólo un 55 por ciento tuvo un término judicial, la mayoría con una suspensión temporal del procedimiento. Sólo el 15 por ciento de las mujeres recibieron una sentencia condenatoria para sus agresores. En ese sentido, distintas ONG ligadas a los derechos de la mujer afirman que estas cifras demuestran que impera la impunidad respecto de la violencia contra las mujeres y añadieron que “no podemos continuar con políticas reactivas, sin un sistema de protección integral y una mirada preventiva al asunto”.
Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, indicó que este tema no ha sido abordado por el grueso de las candidaturas y destacó que “a nosotros nos parece que el tema debiera ser central, que estuviera en la Constitución como principio movilizador. En qué sentido las relaciones humanas tienen relación desigual de poder entre hombres y mujeres, porque eso impide una participación democrática e igualitaria”.
En ese sentido, afirmó que se deben precisar los conceptos de femicidio y maltrato, tal como le ha recomendado a nuestro país el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Pero también hay otros temas relevantes, como la debida incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, tanto por la eliminación de la brecha salarial y las desigualdades en pensiones. En esa línea, plantearon que el actual 47 por ciento de participación laboral de la mujer no va a sufrir mayores modificaciones si no se aborda de manera directa e integral todos los problemas que tiene que ver con la relación vida y trabajo, y con el cuidado, tanto de los niños como de adultos dependientes.
La Presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, se refirió a otro de los asuntos que debieran considerar las candidaturas: “Todo lo que tiene que ver con autonomía del cuerpo y derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de la capacidad de decidir cuántos hijos tener, no puede ser que el aborto de todo tipo esté penalizado. Hacemos un llamado a los candidatos y candidatas a despenalizar el aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad del feto con la vida y en caso de violación”.
Otro tema que reúne la inquietud de las organizaciones es la baja participación de las mujeres en política, la que hoy bordea el 15 por ciento, lo que –afirman- limita las posibilidades de realizar los cambios necesarios. Para ello sugieren que se tramite y apruebe la llamada “ley de cuotas” que asegura cupos de las mujeres en el Parlamento y otros espacios, como señaló Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer.
“No pedimos un cargo para las mujeres, sino la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Las barreras son muy altas y estamos proponiendo que esta representación equilibrada involucre a los cargos de designación presidencial y que estén en los cargos de los poderes autónomos”, señaló.
Con esto se refieren a que las mujeres integren el Directorio de empresas Públicas y entidades como por ejemplo el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, Consejo de la Transparencia, entre otros, así como también Partidos Políticos, Sindicatos y Gremios. Además, hicieron un llamado a toda la sociedad, considerando a los medios de comunicación a incluir estos temas en la discusión pública.
Según cifras oficiales del Sernam, se registran 32 femicidios en lo que va del año, destacando los producidos en las últimas semanas por su violencia y alevosía. Pero estos datos no muestran toda la realidad, ya que quedan fuera los femicidios no íntimos, por ejemplo, los producidos por pololos, familiares u otros conocidos.
Vale señalar que Chile tiene una de las tasas más altas de Latinoamérica de violencia contra las mujeres, cercanas a las de países centroamericanos.
Además, de 190 mil casos que llegan a la fiscalía sólo un 55 por ciento tuvo un término judicial, la mayoría con una suspensión temporal del procedimiento. Sólo el 15 por ciento de las mujeres recibieron una sentencia condenatoria para sus agresores. En ese sentido, distintas ONG ligadas a los derechos de la mujer afirman que estas cifras demuestran que impera la impunidad respecto de la violencia contra las mujeres y añadieron que “no podemos continuar con políticas reactivas, sin un sistema de protección integral y una mirada preventiva al asunto”.
Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, indicó que este tema no ha sido abordado por el grueso de las candidaturas y destacó que “a nosotros nos parece que el tema debiera ser central, que estuviera en la Constitución como principio movilizador. En qué sentido las relaciones humanas tienen relación desigual de poder entre hombres y mujeres, porque eso impide una participación democrática e igualitaria”.
En ese sentido, afirmó que se deben precisar los conceptos de femicidio y maltrato, tal como le ha recomendado a nuestro país el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Pero también hay otros temas relevantes, como la debida incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, tanto por la eliminación de la brecha salarial y las desigualdades en pensiones. En esa línea, plantearon que el actual 47 por ciento de participación laboral de la mujer no va a sufrir mayores modificaciones si no se aborda de manera directa e integral todos los problemas que tiene que ver con la relación vida y trabajo, y con el cuidado, tanto de los niños como de adultos dependientes.
La Presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, se refirió a otro de los asuntos que debieran considerar las candidaturas: “Todo lo que tiene que ver con autonomía del cuerpo y derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de la capacidad de decidir cuántos hijos tener, no puede ser que el aborto de todo tipo esté penalizado. Hacemos un llamado a los candidatos y candidatas a despenalizar el aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad del feto con la vida y en caso de violación”.
Otro tema que reúne la inquietud de las organizaciones es la baja participación de las mujeres en política, la que hoy bordea el 15 por ciento, lo que –afirman- limita las posibilidades de realizar los cambios necesarios. Para ello sugieren que se tramite y apruebe la llamada “ley de cuotas” que asegura cupos de las mujeres en el Parlamento y otros espacios, como señaló Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer.
“No pedimos un cargo para las mujeres, sino la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Las barreras son muy altas y estamos proponiendo que esta representación equilibrada involucre a los cargos de designación presidencial y que estén en los cargos de los poderes autónomos”, señaló.
Con esto se refieren a que las mujeres integren el Directorio de empresas Públicas y entidades como por ejemplo el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, Consejo de la Transparencia, entre otros, así como también Partidos Políticos, Sindicatos y Gremios. Además, hicieron un llamado a toda la sociedad, considerando a los medios de comunicación a incluir estos temas en la discusión pública.
