Denuncian al Estado por continuar aplicando ley antiterrorista en juicios a niños mapuche
La situación afecta al joven comunero mapuche José Ñiripil Pérez, quien siendo menor de edad fue imputado por hechos acaecidos en 2009, en el caso "Fundo Brasil". El Juzgado de Garantía de Temuco inició este lunes audiencia de juicio oral, con declaraciones de testigos protegidos obtenidas bajo la aplicación de la ley antiterrorista. Organizaciones de DDHH y de la sociedad civil llamaron al Estado, sus autoridades y los agentes del sistema judicial a reorientar sus esfuerzos hacia una correcta aplicación de la ley.
Miércoles 13 de noviembre 2013 12:51 hrs.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy que el estado chileno, mediante su sistema judicial, sigue aplicando la ley antiterrorista a menores de edad mapuche, a pesar de que en los años 2010 y 2011 se dictaron dos importantes reformas legales en que les se excluyó explícitamente de su aplicación.
Esto acontece con el joven comunero mapuche José Antonio Ñiripil Pérez, de la comunidad Mateo Ñirripil en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía, quien fue imputado siendo menor de edad por hechos acaecidos en septiembre de 2009 en el caso denominado “Fundo Brasil”, imputándosele inicialmente los delitos de incendio de carácter terrorista, incendio cosa mueble frustrado reiterado, incendio cosa mueble y robo con intimidación, los que luego de las reformas legales a la Ley Antiterrorista de los años 2010 y 20111 fueron recalificados como delitos ordinarios.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco inició este lunes 11 de noviembre su juicio oral, fundándose en auto de apertura dictado por el Juzgado de Garantía de Temuco, en que se valida como prueba las declaraciones de testigos protegidos, obtenidas mediante del Art 4º de la Ley 18.314 que Califica Conductas Terroristas.
Como recordaron la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud-Chile, tales reformas fueron resultado de una larga huelga de hambre que durante 82 días mantuvieron presos mapuche reivindicando un juicio justo y se respete su derecho humano a el debido proceso, así como a la presión ejercida por diversas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, e importantes instancias internacionales, para que se modificara la legislación antiterrorista vigente.
Por lo mismo, afirman, es nuevo procesamiento es absolutamente contradictorio con los compromisos asumidos en 2010, orientados a restablecer en el accionar del sistema judicial chileno el apego irrestricto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile, en que se promuevan y protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Uso de testigos sin rostro
Según una fuente cercana que estuvo presente en la audiencia de este lunes, entre las pruebas aportadas se apreció un video de alrededor de 50 minutos en donde declara un testigo protegido bajo la cuestionada figura que admite la ley antiterrorista, el que además ha sido compensado en sus procesos en su contra, por aportar con sus “testimonios”. Luego un fotógrafo basó sus fotografías en la declaración del testigo compensado, “es decir, toda la prueba de hoy que se apreció fue prueba ilícita”, aseguró la abogada Karina Riquelme.
Rechazo y llamado al Estado
El Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) sostuvo que es el propio Ministerio Público quien ofrece las pruebas como parte de su acusación y el Juzgado de Garantía luego las valida, violándose normas expresas sobre la exclusión de los menores de edad de la ley antiterrorista, así como derechos humanos consagrados en tratados internacionales que ambas entidades del estado están obligadas a promover y respetar de acuerdo al artículo 5 de la Constitución.
Consideran, por lo mismo, “que un juicio como este se encuentra viciado desde su preparación, confiamos que no se producirá un perjuicio al percatarse el Tribunal Oral de la ilicitud de la prueba”, señala en su portal web.
Mientras que ANIDE y la Red de ONGs de infancia formularon “además un llamado a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones políticas y sociales y a la opinión pública en general, a permanecer atentos frente a este intento de aplicar, de manera subrepticia, una ley, generada bajo la dictadura militar, al pueblo mapuche y a sus adolescentes y jóvenes”.
Por su parte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, el caso representa una vez “una situación de grave vulneración a los derechos humanos, en particular las normas del debido proceso. Cabe recordar que hace unos meses atrás el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, cuestionaba la aplicación de esta ley al pueblo mapuche, tanto por su incompatibilidad con los derechos humanos como por su efectividad para resolver los problemas de fondos subyacentes a los conflictos por tierras en la Araucanía. En este caso además se aplica a menores de edad, en contradicción con la normativa nacional e internacional aplicable.
En tanto que UNICEF, en conjunto con la ROIJ y organizaciones de derechos humanos, reiteraron mediante comunicado público su “compromiso con la Convención, que consagra la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de una sociedad, donde el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos sea una práctica que los menores de 18 años puedan observar y ejercer en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana”, señalan. (http://goo.gl/YtAzZS).
Según CIDSUR, hoy miércoles a las 15 horas deberá debatirse acerca de la acusación y medios de prueba que deberían ser llevados a juicio oral que ahora solo el ejecutivo sostiene en contra de los menores mapuche.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy que el estado chileno, mediante su sistema judicial, sigue aplicando la ley antiterrorista a menores de edad mapuche, a pesar de que en los años 2010 y 2011 se dictaron dos importantes reformas legales en que les se excluyó explícitamente de su aplicación.
Esto acontece con el joven comunero mapuche José Antonio Ñiripil Pérez, de la comunidad Mateo Ñirripil en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía, quien fue imputado siendo menor de edad por hechos acaecidos en septiembre de 2009 en el caso denominado “Fundo Brasil”, imputándosele inicialmente los delitos de incendio de carácter terrorista, incendio cosa mueble frustrado reiterado, incendio cosa mueble y robo con intimidación, los que luego de las reformas legales a la Ley Antiterrorista de los años 2010 y 20111 fueron recalificados como delitos ordinarios.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco inició este lunes 11 de noviembre su juicio oral, fundándose en auto de apertura dictado por el Juzgado de Garantía de Temuco, en que se valida como prueba las declaraciones de testigos protegidos, obtenidas mediante del Art 4º de la Ley 18.314 que Califica Conductas Terroristas.
Como recordaron la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud-Chile, tales reformas fueron resultado de una larga huelga de hambre que durante 82 días mantuvieron presos mapuche reivindicando un juicio justo y se respete su derecho humano a el debido proceso, así como a la presión ejercida por diversas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, e importantes instancias internacionales, para que se modificara la legislación antiterrorista vigente.
Por lo mismo, afirman, es nuevo procesamiento es absolutamente contradictorio con los compromisos asumidos en 2010, orientados a restablecer en el accionar del sistema judicial chileno el apego irrestricto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile, en que se promuevan y protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Uso de testigos sin rostro
Según una fuente cercana que estuvo presente en la audiencia de este lunes, entre las pruebas aportadas se apreció un video de alrededor de 50 minutos en donde declara un testigo protegido bajo la cuestionada figura que admite la ley antiterrorista, el que además ha sido compensado en sus procesos en su contra, por aportar con sus “testimonios”. Luego un fotógrafo basó sus fotografías en la declaración del testigo compensado, “es decir, toda la prueba de hoy que se apreció fue prueba ilícita”, aseguró la abogada Karina Riquelme.
Rechazo y llamado al Estado
El Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) sostuvo que es el propio Ministerio Público quien ofrece las pruebas como parte de su acusación y el Juzgado de Garantía luego las valida, violándose normas expresas sobre la exclusión de los menores de edad de la ley antiterrorista, así como derechos humanos consagrados en tratados internacionales que ambas entidades del estado están obligadas a promover y respetar de acuerdo al artículo 5 de la Constitución.
Consideran, por lo mismo, “que un juicio como este se encuentra viciado desde su preparación, confiamos que no se producirá un perjuicio al percatarse el Tribunal Oral de la ilicitud de la prueba”, señala en su portal web.
Mientras que ANIDE y la Red de ONGs de infancia formularon “además un llamado a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones políticas y sociales y a la opinión pública en general, a permanecer atentos frente a este intento de aplicar, de manera subrepticia, una ley, generada bajo la dictadura militar, al pueblo mapuche y a sus adolescentes y jóvenes”.
Por su parte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, el caso representa una vez “una situación de grave vulneración a los derechos humanos, en particular las normas del debido proceso. Cabe recordar que hace unos meses atrás el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, cuestionaba la aplicación de esta ley al pueblo mapuche, tanto por su incompatibilidad con los derechos humanos como por su efectividad para resolver los problemas de fondos subyacentes a los conflictos por tierras en la Araucanía. En este caso además se aplica a menores de edad, en contradicción con la normativa nacional e internacional aplicable.
En tanto que UNICEF, en conjunto con la ROIJ y organizaciones de derechos humanos, reiteraron mediante comunicado público su “compromiso con la Convención, que consagra la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de una sociedad, donde el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos sea una práctica que los menores de 18 años puedan observar y ejercer en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana”, señalan. (http://goo.gl/YtAzZS).
Según CIDSUR, hoy miércoles a las 15 horas deberá debatirse acerca de la acusación y medios de prueba que deberían ser llevados a juicio oral que ahora solo el ejecutivo sostiene en contra de los menores mapuche.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy que el estado chileno, mediante su sistema judicial, sigue aplicando la ley antiterrorista a menores de edad mapuche, a pesar de que en los años 2010 y 2011 se dictaron dos importantes reformas legales en que les se excluyó explícitamente de su aplicación.
Esto acontece con el joven comunero mapuche José Antonio Ñiripil Pérez, de la comunidad Mateo Ñirripil en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía, quien fue imputado siendo menor de edad por hechos acaecidos en septiembre de 2009 en el caso denominado “Fundo Brasil”, imputándosele inicialmente los delitos de incendio de carácter terrorista, incendio cosa mueble frustrado reiterado, incendio cosa mueble y robo con intimidación, los que luego de las reformas legales a la Ley Antiterrorista de los años 2010 y 20111 fueron recalificados como delitos ordinarios.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco inició este lunes 11 de noviembre su juicio oral, fundándose en auto de apertura dictado por el Juzgado de Garantía de Temuco, en que se valida como prueba las declaraciones de testigos protegidos, obtenidas mediante del Art 4º de la Ley 18.314 que Califica Conductas Terroristas.
Como recordaron la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud-Chile, tales reformas fueron resultado de una larga huelga de hambre que durante 82 días mantuvieron presos mapuche reivindicando un juicio justo y se respete su derecho humano a el debido proceso, así como a la presión ejercida por diversas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, e importantes instancias internacionales, para que se modificara la legislación antiterrorista vigente.
Por lo mismo, afirman, es nuevo procesamiento es absolutamente contradictorio con los compromisos asumidos en 2010, orientados a restablecer en el accionar del sistema judicial chileno el apego irrestricto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile, en que se promuevan y protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Uso de testigos sin rostro
Según una fuente cercana que estuvo presente en la audiencia de este lunes, entre las pruebas aportadas se apreció un video de alrededor de 50 minutos en donde declara un testigo protegido bajo la cuestionada figura que admite la ley antiterrorista, el que además ha sido compensado en sus procesos en su contra, por aportar con sus “testimonios”. Luego un fotógrafo basó sus fotografías en la declaración del testigo compensado, “es decir, toda la prueba de hoy que se apreció fue prueba ilícita”, aseguró la abogada Karina Riquelme.
Rechazo y llamado al Estado
El Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) sostuvo que es el propio Ministerio Público quien ofrece las pruebas como parte de su acusación y el Juzgado de Garantía luego las valida, violándose normas expresas sobre la exclusión de los menores de edad de la ley antiterrorista, así como derechos humanos consagrados en tratados internacionales que ambas entidades del estado están obligadas a promover y respetar de acuerdo al artículo 5 de la Constitución.
Consideran, por lo mismo, “que un juicio como este se encuentra viciado desde su preparación, confiamos que no se producirá un perjuicio al percatarse el Tribunal Oral de la ilicitud de la prueba”, señala en su portal web.
Mientras que ANIDE y la Red de ONGs de infancia formularon “además un llamado a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones políticas y sociales y a la opinión pública en general, a permanecer atentos frente a este intento de aplicar, de manera subrepticia, una ley, generada bajo la dictadura militar, al pueblo mapuche y a sus adolescentes y jóvenes”.
Por su parte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, el caso representa una vez “una situación de grave vulneración a los derechos humanos, en particular las normas del debido proceso. Cabe recordar que hace unos meses atrás el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, cuestionaba la aplicación de esta ley al pueblo mapuche, tanto por su incompatibilidad con los derechos humanos como por su efectividad para resolver los problemas de fondos subyacentes a los conflictos por tierras en la Araucanía. En este caso además se aplica a menores de edad, en contradicción con la normativa nacional e internacional aplicable.
En tanto que UNICEF, en conjunto con la ROIJ y organizaciones de derechos humanos, reiteraron mediante comunicado público su “compromiso con la Convención, que consagra la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de una sociedad, donde el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos sea una práctica que los menores de 18 años puedan observar y ejercer en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana”, señalan. (http://goo.gl/YtAzZS).
Según CIDSUR, hoy miércoles a las 15 horas deberá debatirse acerca de la acusación y medios de prueba que deberían ser llevados a juicio oral que ahora solo el ejecutivo sostiene en contra de los menores mapuche.
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