Wikileaks exhibe en su sitio web las condiciones de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio, conocido como TPP. Este tratado, impulsado por Estados Unidos con diez países de Asia y América Latina y discutido bajo completo hermetismo, supone una importante amenaza para los usuarios a nivel digital y comercial.
El divulgado capítulo de propiedad intelectual concreta las sospechas de los opositores al TPP por las condiciones que impone, ya que aumenta la protección de derechos de autor y con ello suprime a los tribunales al definir sanciones, sin defensa para los consumidores.
En la práctica, los usuarios de internet verán mermados los contenidos a los que tienen acceso y podrían ser multados por las compañías de telecomunicaciones. Esto restringe además el desbloqueo de equipos electrónicos y el comercio internacional. A nivel cultural, impide el uso de obras sin autorización expresa del autor y limita el sistema de patente para medicamentos, lo que encarecerá los remedios y dificultará la creación de alternativas genéricas.
Francisco Vera, director de proyectos de la ONG Derechos Digitales, explica las amenazas para los usuarios que conlleva la implementación de este acuerdo.
“Las cosas en concreto que se arriesgan es que el sistema de sanción se está endureciendo muchísimo, también la forma de perseguir delitos de infracción a propiedad intelectual. Se privilegia una persecución antes que un balance entre intereses públicos e intereses comerciales. Una de las amenazas atañe al uso de internet, ya que los prestadores ya no colaboran con sus clientes, sino con la industria de la propiedad intelectual, y eso significa vigilar contenidos, desconectar usuarios, dar de baja información, todo en pos de la propiedad intelectual”, dijo.
Vera recalcó que el Ejecutivo no ha entregado detalles del acuerdo firmado en 2011, por lo que no hay instancia de participación parlamentaria o de ciudadanos para discutir su ratificación: “Queda pedirle al Gobierno que detenga las negociaciones hasta que exista una evaluación clara de costos y beneficios. En el texto filtrado se habla de muchos costos, ceder más cosas que las cedidas en el TLC con Estados Unidos y sin ningún beneficio. El Gobierno ha sido poco claro en presentar una evaluación de los costos económicos y en materia de derechos humanos”.
En esa línea, Pedro Huichalaf, abogado experto en telecomunicaciones, anticipa que la aprobación del Presidente deberá contar con la venia del Congreso, instancia en la que es imperativo sumar a las organizaciones para presentar sus reparos.
El abogado indica que “la información pública y que establece compromiso con legislación futura, debiera ser abierta y han existido campañas ciudadanas que exigen esta información. Si el Presidente firma el convenio, dirimir las razones que lo justifican, considerando que Chile tiene muchos tratados con la mayoría de los países, entonces quizá no es estratégicamente justificado. El Congreso podría no ratificarlo, y podría existir una posición ciudadana para realizar observaciones y no ratificar el convenio”.
Estas situaciones han sido recalcadas por distintas organizaciones que se oponen al TPP, por ser un acuerdo aún más restrictivo que la ley SOPA, iniciativa anterior que el gobierno de Barack Obama bajó por su inviabilidad en el Congreso norteamericano.
Wikileaks exhibe en su sitio web las condiciones de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio, conocido como TPP. Este tratado, impulsado por Estados Unidos con diez países de Asia y América Latina y discutido bajo completo hermetismo, supone una importante amenaza para los usuarios a nivel digital y comercial.
El divulgado capítulo de propiedad intelectual concreta las sospechas de los opositores al TPP por las condiciones que impone, ya que aumenta la protección de derechos de autor y con ello suprime a los tribunales al definir sanciones, sin defensa para los consumidores.
En la práctica, los usuarios de internet verán mermados los contenidos a los que tienen acceso y podrían ser multados por las compañías de telecomunicaciones. Esto restringe además el desbloqueo de equipos electrónicos y el comercio internacional. A nivel cultural, impide el uso de obras sin autorización expresa del autor y limita el sistema de patente para medicamentos, lo que encarecerá los remedios y dificultará la creación de alternativas genéricas.
Francisco Vera, director de proyectos de la ONG Derechos Digitales, explica las amenazas para los usuarios que conlleva la implementación de este acuerdo.
“Las cosas en concreto que se arriesgan es que el sistema de sanción se está endureciendo muchísimo, también la forma de perseguir delitos de infracción a propiedad intelectual. Se privilegia una persecución antes que un balance entre intereses públicos e intereses comerciales. Una de las amenazas atañe al uso de internet, ya que los prestadores ya no colaboran con sus clientes, sino con la industria de la propiedad intelectual, y eso significa vigilar contenidos, desconectar usuarios, dar de baja información, todo en pos de la propiedad intelectual”, dijo.
Vera recalcó que el Ejecutivo no ha entregado detalles del acuerdo firmado en 2011, por lo que no hay instancia de participación parlamentaria o de ciudadanos para discutir su ratificación: “Queda pedirle al Gobierno que detenga las negociaciones hasta que exista una evaluación clara de costos y beneficios. En el texto filtrado se habla de muchos costos, ceder más cosas que las cedidas en el TLC con Estados Unidos y sin ningún beneficio. El Gobierno ha sido poco claro en presentar una evaluación de los costos económicos y en materia de derechos humanos”.
En esa línea, Pedro Huichalaf, abogado experto en telecomunicaciones, anticipa que la aprobación del Presidente deberá contar con la venia del Congreso, instancia en la que es imperativo sumar a las organizaciones para presentar sus reparos.
El abogado indica que “la información pública y que establece compromiso con legislación futura, debiera ser abierta y han existido campañas ciudadanas que exigen esta información. Si el Presidente firma el convenio, dirimir las razones que lo justifican, considerando que Chile tiene muchos tratados con la mayoría de los países, entonces quizá no es estratégicamente justificado. El Congreso podría no ratificarlo, y podría existir una posición ciudadana para realizar observaciones y no ratificar el convenio”.
Estas situaciones han sido recalcadas por distintas organizaciones que se oponen al TPP, por ser un acuerdo aún más restrictivo que la ley SOPA, iniciativa anterior que el gobierno de Barack Obama bajó por su inviabilidad en el Congreso norteamericano.
Wikileaks exhibe en su sitio web las condiciones de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio, conocido como TPP. Este tratado, impulsado por Estados Unidos con diez países de Asia y América Latina y discutido bajo completo hermetismo, supone una importante amenaza para los usuarios a nivel digital y comercial.
El divulgado capítulo de propiedad intelectual concreta las sospechas de los opositores al TPP por las condiciones que impone, ya que aumenta la protección de derechos de autor y con ello suprime a los tribunales al definir sanciones, sin defensa para los consumidores.
En la práctica, los usuarios de internet verán mermados los contenidos a los que tienen acceso y podrían ser multados por las compañías de telecomunicaciones. Esto restringe además el desbloqueo de equipos electrónicos y el comercio internacional. A nivel cultural, impide el uso de obras sin autorización expresa del autor y limita el sistema de patente para medicamentos, lo que encarecerá los remedios y dificultará la creación de alternativas genéricas.
Francisco Vera, director de proyectos de la ONG Derechos Digitales, explica las amenazas para los usuarios que conlleva la implementación de este acuerdo.
“Las cosas en concreto que se arriesgan es que el sistema de sanción se está endureciendo muchísimo, también la forma de perseguir delitos de infracción a propiedad intelectual. Se privilegia una persecución antes que un balance entre intereses públicos e intereses comerciales. Una de las amenazas atañe al uso de internet, ya que los prestadores ya no colaboran con sus clientes, sino con la industria de la propiedad intelectual, y eso significa vigilar contenidos, desconectar usuarios, dar de baja información, todo en pos de la propiedad intelectual”, dijo.
Vera recalcó que el Ejecutivo no ha entregado detalles del acuerdo firmado en 2011, por lo que no hay instancia de participación parlamentaria o de ciudadanos para discutir su ratificación: “Queda pedirle al Gobierno que detenga las negociaciones hasta que exista una evaluación clara de costos y beneficios. En el texto filtrado se habla de muchos costos, ceder más cosas que las cedidas en el TLC con Estados Unidos y sin ningún beneficio. El Gobierno ha sido poco claro en presentar una evaluación de los costos económicos y en materia de derechos humanos”.
En esa línea, Pedro Huichalaf, abogado experto en telecomunicaciones, anticipa que la aprobación del Presidente deberá contar con la venia del Congreso, instancia en la que es imperativo sumar a las organizaciones para presentar sus reparos.
El abogado indica que “la información pública y que establece compromiso con legislación futura, debiera ser abierta y han existido campañas ciudadanas que exigen esta información. Si el Presidente firma el convenio, dirimir las razones que lo justifican, considerando que Chile tiene muchos tratados con la mayoría de los países, entonces quizá no es estratégicamente justificado. El Congreso podría no ratificarlo, y podría existir una posición ciudadana para realizar observaciones y no ratificar el convenio”.
Estas situaciones han sido recalcadas por distintas organizaciones que se oponen al TPP, por ser un acuerdo aún más restrictivo que la ley SOPA, iniciativa anterior que el gobierno de Barack Obama bajó por su inviabilidad en el Congreso norteamericano.
