Chile conmemora ratificación de tratados sin ley de Protección Integral a los derechos infantiles
Este miércoles la ONU celebró el Día Internacional del Niño, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, tratado que no han firmado sólo Somalia, Sudán del Sur y Estados Unidos. En Chile, pese a que se ha suscrito el convenio, expertos aseguran que la falta de una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez genera situaciones discriminatorias y vulneradoras.
Héctor Areyuna
Miércoles 20 de noviembre 2013 18:29 hrs.
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Ya se cumplieron 23 años desde que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CIDN), lo que motivó que agrupaciones realizaran un encuentro nacional de la cual se emitieron duras conclusiones.
El Estado y ningún Gobierno han adecuado la legislación a los convenios ratificados, lo que se podría hacer mediante una ley de protección integral de derechos de la Niñez.
Según Francis Valverde, directora de la Agrupación Pro Naciones Unidas (ACHNU) y parte del Observatorio Niñez y Adolescencia, al no contar con esta legislación, se da paso a una visión discriminatoria, como la aplicación de la Ley Antiterrorista a menores de dieciocho años en territorio mapuche.
“Uno podría preguntarse por qué Chile todavía no ha tomado la decisión de establecer una ley de protección de los derechos de niños y niñas. Al no tenerla, se facilita que se mantenga una visión discriminatoria y también un dato de impunidad a lo que hacen los adultos y los diferentes estamentos del Estado en relación con los niños y niñas. La aplicación de la Ley Antiterrorista es una extrema vulneración de derechos”, explicó la profesional.
Este es la situación más clara y terrible, según la experta, pero agregó que las vulneraciones también se dan en casos de residencia, donde se les impide vivir en “espacios familiares”.
Además, se ve en la selección en colegios, donde se comprueba la denuncia de que la educación no es igual para todos; y la inexistencia de una ley que establezca la forma en que la policía se relacione con niños y niñas.
Carlos Muñoz, secretario general de la Red de ONGs Infancia y Juventud (ROIJ), detalló que estas vulneraciones se agravan en el caso de los niños migrantes, muchos de ellos en irregularidad de nacionalidad.
“Ha sido muy complejo que se les garantice, por ejemplo, el sistema al acceso educacional, al sistema de salud, entre otras cosas. Pasa en el caso de Chile, que tiene en su Constitución una regla que tiene que ver con que todos los niños y niñas que nacen en el país son chilenos, salvo los hijos de extranjeros que estén en forma irregular, ya que ellos, adquieren el estatus de hijos de extranjeros transeúntes, lo que es muy grave, porque existe la posibilidad de que esos niños queden en situación de apátrida, sin nacionalidad, lo que ha pasado muchas veces”, criticó Muñoz.
El vocero agregó que con la ley de responsabilidad adolescente se debió haber dado un cambio que no ocurrió. Lamentablemente, afirmó, se mantuvo la idea de la justicia restaurativa por sobre la integración y la reinserción.
“Hay un montón de medidas alternativas, de restauración, de reinserción en su comunidad, que debiera ser lo que prime. En Chile prima el tema punitivo y el tema de la privación de libertad como primera medida, lo que se contradice con los principios de la Convención y con los principios de la justicia juvenil que han planteado diversos organismos internacionales. Chile está al debe, porque criminaliza cada vez más a la niñez y a la adolescencia, y no genera medidas de resguardo”, agregó el experto.
Según la directora de ACHNU, Francis Valverde, esto debe resolverse mediante mecanismos judiciales, como hasta ahora, pero también administrativos.
“La decisión a nivel de los espacios de convivencia, territoriales y sectoriales, son fundamentales. Debería existir Defensor del Niño, por ejemplo, una instancia que asegurase que todo niña o niño del país puede acceder a derechos y la garantía de los mismos”, agregó.
Ya se cumplieron 23 años desde que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CIDN), lo que motivó que agrupaciones realizaran un encuentro nacional de la cual se emitieron duras conclusiones.
El Estado y ningún Gobierno han adecuado la legislación a los convenios ratificados, lo que se podría hacer mediante una ley de protección integral de derechos de la Niñez.
Según Francis Valverde, directora de la Agrupación Pro Naciones Unidas (ACHNU) y parte del Observatorio Niñez y Adolescencia, al no contar con esta legislación, se da paso a una visión discriminatoria, como la aplicación de la Ley Antiterrorista a menores de dieciocho años en territorio mapuche.
“Uno podría preguntarse por qué Chile todavía no ha tomado la decisión de establecer una ley de protección de los derechos de niños y niñas. Al no tenerla, se facilita que se mantenga una visión discriminatoria y también un dato de impunidad a lo que hacen los adultos y los diferentes estamentos del Estado en relación con los niños y niñas. La aplicación de la Ley Antiterrorista es una extrema vulneración de derechos”, explicó la profesional.
Este es la situación más clara y terrible, según la experta, pero agregó que las vulneraciones también se dan en casos de residencia, donde se les impide vivir en “espacios familiares”.
Además, se ve en la selección en colegios, donde se comprueba la denuncia de que la educación no es igual para todos; y la inexistencia de una ley que establezca la forma en que la policía se relacione con niños y niñas.
Carlos Muñoz, secretario general de la Red de ONGs Infancia y Juventud (ROIJ), detalló que estas vulneraciones se agravan en el caso de los niños migrantes, muchos de ellos en irregularidad de nacionalidad.
“Ha sido muy complejo que se les garantice, por ejemplo, el sistema al acceso educacional, al sistema de salud, entre otras cosas. Pasa en el caso de Chile, que tiene en su Constitución una regla que tiene que ver con que todos los niños y niñas que nacen en el país son chilenos, salvo los hijos de extranjeros que estén en forma irregular, ya que ellos, adquieren el estatus de hijos de extranjeros transeúntes, lo que es muy grave, porque existe la posibilidad de que esos niños queden en situación de apátrida, sin nacionalidad, lo que ha pasado muchas veces”, criticó Muñoz.
El vocero agregó que con la ley de responsabilidad adolescente se debió haber dado un cambio que no ocurrió. Lamentablemente, afirmó, se mantuvo la idea de la justicia restaurativa por sobre la integración y la reinserción.
“Hay un montón de medidas alternativas, de restauración, de reinserción en su comunidad, que debiera ser lo que prime. En Chile prima el tema punitivo y el tema de la privación de libertad como primera medida, lo que se contradice con los principios de la Convención y con los principios de la justicia juvenil que han planteado diversos organismos internacionales. Chile está al debe, porque criminaliza cada vez más a la niñez y a la adolescencia, y no genera medidas de resguardo”, agregó el experto.
Según la directora de ACHNU, Francis Valverde, esto debe resolverse mediante mecanismos judiciales, como hasta ahora, pero también administrativos.
“La decisión a nivel de los espacios de convivencia, territoriales y sectoriales, son fundamentales. Debería existir Defensor del Niño, por ejemplo, una instancia que asegurase que todo niña o niño del país puede acceder a derechos y la garantía de los mismos”, agregó.
Ya se cumplieron 23 años desde que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CIDN), lo que motivó que agrupaciones realizaran un encuentro nacional de la cual se emitieron duras conclusiones.
El Estado y ningún Gobierno han adecuado la legislación a los convenios ratificados, lo que se podría hacer mediante una ley de protección integral de derechos de la Niñez.
Según Francis Valverde, directora de la Agrupación Pro Naciones Unidas (ACHNU) y parte del Observatorio Niñez y Adolescencia, al no contar con esta legislación, se da paso a una visión discriminatoria, como la aplicación de la Ley Antiterrorista a menores de dieciocho años en territorio mapuche.
“Uno podría preguntarse por qué Chile todavía no ha tomado la decisión de establecer una ley de protección de los derechos de niños y niñas. Al no tenerla, se facilita que se mantenga una visión discriminatoria y también un dato de impunidad a lo que hacen los adultos y los diferentes estamentos del Estado en relación con los niños y niñas. La aplicación de la Ley Antiterrorista es una extrema vulneración de derechos”, explicó la profesional.
Este es la situación más clara y terrible, según la experta, pero agregó que las vulneraciones también se dan en casos de residencia, donde se les impide vivir en “espacios familiares”.
Además, se ve en la selección en colegios, donde se comprueba la denuncia de que la educación no es igual para todos; y la inexistencia de una ley que establezca la forma en que la policía se relacione con niños y niñas.
Carlos Muñoz, secretario general de la Red de ONGs Infancia y Juventud (ROIJ), detalló que estas vulneraciones se agravan en el caso de los niños migrantes, muchos de ellos en irregularidad de nacionalidad.
“Ha sido muy complejo que se les garantice, por ejemplo, el sistema al acceso educacional, al sistema de salud, entre otras cosas. Pasa en el caso de Chile, que tiene en su Constitución una regla que tiene que ver con que todos los niños y niñas que nacen en el país son chilenos, salvo los hijos de extranjeros que estén en forma irregular, ya que ellos, adquieren el estatus de hijos de extranjeros transeúntes, lo que es muy grave, porque existe la posibilidad de que esos niños queden en situación de apátrida, sin nacionalidad, lo que ha pasado muchas veces”, criticó Muñoz.
El vocero agregó que con la ley de responsabilidad adolescente se debió haber dado un cambio que no ocurrió. Lamentablemente, afirmó, se mantuvo la idea de la justicia restaurativa por sobre la integración y la reinserción.
“Hay un montón de medidas alternativas, de restauración, de reinserción en su comunidad, que debiera ser lo que prime. En Chile prima el tema punitivo y el tema de la privación de libertad como primera medida, lo que se contradice con los principios de la Convención y con los principios de la justicia juvenil que han planteado diversos organismos internacionales. Chile está al debe, porque criminaliza cada vez más a la niñez y a la adolescencia, y no genera medidas de resguardo”, agregó el experto.
Según la directora de ACHNU, Francis Valverde, esto debe resolverse mediante mecanismos judiciales, como hasta ahora, pero también administrativos.
“La decisión a nivel de los espacios de convivencia, territoriales y sectoriales, son fundamentales. Debería existir Defensor del Niño, por ejemplo, una instancia que asegurase que todo niña o niño del país puede acceder a derechos y la garantía de los mismos”, agregó.
