Censo 2012: Expertos critican falta de coordinación estadística del Ejecutivo
Continúa la controversia por el Censo 2012. El Gobierno debiese pronunciarse durante los próximos días sobre si se repetirá o no el estudio, mientras que analistas alertan que este caso revela una deuda estatal con la modernización.
Martes 26 de noviembre 2013 17:06 hrs.
Continúa la controversia sobre la validez de los datos obtenidos por el Censo 2012, luego que se filtrara un comunicado interno del Sub-departamento de Estadística Demográfica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el cual se critica el desempeño de este organismo público en la generación de datos confiables, que deberían servir para las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno, las municipalidades y las instituciones de investigación.
El mencionado sub-departamento, dirigido por Gustavo Villalón, no quiso referirse al contenido del comunicado, en el cual señaló que los funcionarios “están convencidos que los informes externos vulneran no solo la credibilidad ante los colegas y ante la opinión pública, sino que además pone en entredicho la calidad de los productos que son vinculantes con el trabajo del INE, tanto en el pasado como en el presente”. Por tanto, dice el comunicado interno,” genera incertidumbre respecto del diseño de las políticas públicas, asignación presupuestaria en varios ámbitos, asignación de diputaciones, cálculo de cobertura de insumo para salud pública, entre otros aspectos vinculados con la toma de decisión que utiliza los insumos estadísticos”.
Sobre este tema, el académico e investigador de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, Marcelo Yáñez, dice que el problema del Censo debería dar para la reflexión sobre la validez de realizar un Censo como se ha hecho hasta ahora, pues en los hechos el Estado, a través de organismos como el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Registro Civil y las municipalidades, tiene información valiosísima que debería servir para caracterizar pormenorizadamente a la población a escala nacional, regional y comunal, pero el problema es que esos datos están dispersos en el Estado, porque el país aún está en deuda con la modernización.
“Lo que ocurre es que el conjunto de lo que es el sector público expone una gran cantidad de información, pero lamentablemente está bastante desagregada en diferentes ámbitos y diferentes niveles. Y eso hace que el Censo termine siendo la solución a la ausencia de información integrada a nivel nacional que esté disponible para los distintos actores que la necesitan”, explicó.
En los próximos días debería conocerse una decisión definitiva del Gobierno sobre si se repetirá o no el Censo 2012, que significó un costo de 160 mil 700 millones de pesos para el Fisco, más el pago a una comisión de expertos chilenos y a consultores internacionales, además del impacto referido a la falta de datos actuales y creíbles para la política pública del Estado.
Continúa la controversia sobre la validez de los datos obtenidos por el Censo 2012, luego que se filtrara un comunicado interno del Sub-departamento de Estadística Demográfica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el cual se critica el desempeño de este organismo público en la generación de datos confiables, que deberían servir para las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno, las municipalidades y las instituciones de investigación.
El mencionado sub-departamento, dirigido por Gustavo Villalón, no quiso referirse al contenido del comunicado, en el cual señaló que los funcionarios “están convencidos que los informes externos vulneran no solo la credibilidad ante los colegas y ante la opinión pública, sino que además pone en entredicho la calidad de los productos que son vinculantes con el trabajo del INE, tanto en el pasado como en el presente”. Por tanto, dice el comunicado interno,” genera incertidumbre respecto del diseño de las políticas públicas, asignación presupuestaria en varios ámbitos, asignación de diputaciones, cálculo de cobertura de insumo para salud pública, entre otros aspectos vinculados con la toma de decisión que utiliza los insumos estadísticos”.
Sobre este tema, el académico e investigador de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, Marcelo Yáñez, dice que el problema del Censo debería dar para la reflexión sobre la validez de realizar un Censo como se ha hecho hasta ahora, pues en los hechos el Estado, a través de organismos como el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Registro Civil y las municipalidades, tiene información valiosísima que debería servir para caracterizar pormenorizadamente a la población a escala nacional, regional y comunal, pero el problema es que esos datos están dispersos en el Estado, porque el país aún está en deuda con la modernización.
“Lo que ocurre es que el conjunto de lo que es el sector público expone una gran cantidad de información, pero lamentablemente está bastante desagregada en diferentes ámbitos y diferentes niveles. Y eso hace que el Censo termine siendo la solución a la ausencia de información integrada a nivel nacional que esté disponible para los distintos actores que la necesitan”, explicó.
En los próximos días debería conocerse una decisión definitiva del Gobierno sobre si se repetirá o no el Censo 2012, que significó un costo de 160 mil 700 millones de pesos para el Fisco, más el pago a una comisión de expertos chilenos y a consultores internacionales, además del impacto referido a la falta de datos actuales y creíbles para la política pública del Estado.
Continúa la controversia sobre la validez de los datos obtenidos por el Censo 2012, luego que se filtrara un comunicado interno del Sub-departamento de Estadística Demográfica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el cual se critica el desempeño de este organismo público en la generación de datos confiables, que deberían servir para las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno, las municipalidades y las instituciones de investigación.
El mencionado sub-departamento, dirigido por Gustavo Villalón, no quiso referirse al contenido del comunicado, en el cual señaló que los funcionarios “están convencidos que los informes externos vulneran no solo la credibilidad ante los colegas y ante la opinión pública, sino que además pone en entredicho la calidad de los productos que son vinculantes con el trabajo del INE, tanto en el pasado como en el presente”. Por tanto, dice el comunicado interno,” genera incertidumbre respecto del diseño de las políticas públicas, asignación presupuestaria en varios ámbitos, asignación de diputaciones, cálculo de cobertura de insumo para salud pública, entre otros aspectos vinculados con la toma de decisión que utiliza los insumos estadísticos”.
Sobre este tema, el académico e investigador de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, Marcelo Yáñez, dice que el problema del Censo debería dar para la reflexión sobre la validez de realizar un Censo como se ha hecho hasta ahora, pues en los hechos el Estado, a través de organismos como el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Registro Civil y las municipalidades, tiene información valiosísima que debería servir para caracterizar pormenorizadamente a la población a escala nacional, regional y comunal, pero el problema es que esos datos están dispersos en el Estado, porque el país aún está en deuda con la modernización.
“Lo que ocurre es que el conjunto de lo que es el sector público expone una gran cantidad de información, pero lamentablemente está bastante desagregada en diferentes ámbitos y diferentes niveles. Y eso hace que el Censo termine siendo la solución a la ausencia de información integrada a nivel nacional que esté disponible para los distintos actores que la necesitan”, explicó.
En los próximos días debería conocerse una decisión definitiva del Gobierno sobre si se repetirá o no el Censo 2012, que significó un costo de 160 mil 700 millones de pesos para el Fisco, más el pago a una comisión de expertos chilenos y a consultores internacionales, además del impacto referido a la falta de datos actuales y creíbles para la política pública del Estado.
