La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro calificado de María Cecilia Labrín Saso, ocurrido a partir del 12 de agosto de 1974 en la comuna de Las Condes, proceso que tramitó el ministro Leopoldo Llanos.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada confirmaron el fallo de primera instancia que condenó a cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por su responsabilidad en los hechos.
Los magistrados, sin embargo, rebajaron la sentencia en el caso del ex agentes Basclay Zapata Reyes de 10 años y 1 día de presidio a 8 años de presidio, manteniendo la sanción de 10 años y un día para los condenados Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko.
En el aspecto civil, también de manera unánime, se ratificó la sanción que condenó al Fisco y los condenados a pagar una indemnziación total de cien millones de pesos a los familiares de la victima.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, “el inmueble de calle Londres N°38, que había sido sede del Partido Socialista, era un recinto secreto de detención y tortura de la DINA; funcionó como tal desde fines de 1973 hasta, aproximadamente, los últimos días de septiembre de 1974; llegó a contar hasta unos sesenta detenidos, los que permanecían con la vista vendada reunidos en una amplia sala, muchos en el suelo. Desde esa sala común los detenidos eran sacados continuamente a otras dependencias, incluso a una que tenía un catre de fierro en que, desnudados, les aplicaban corriente eléctrica, para obtener información de otros opositores al gobierno militar y lograr su detención”.
“El 12 de agosto de 1974, alrededor de las 22:00 horas, agentes de la DINA llegaron al domicilio de María Cecilia Labrín Saso, asistente social, militante del MIR, embarazada de poco más de dos meses, quien se encontraba en compañía de su madre y hermanas, tres sujetos de civil, los que luego de identificarse como pertenecientes al Servicio de Inteligencia de Carabineros y sin exhibir orden alguna de detención, le manifestaron que deseaban hablar con ella en relación a su trabajo en la CORVI y que no le tomaría más de media hora por lo que debían trasladarla a la 23º Comisaría de la Reina. María Cecilia accedió a levantarse de la cama en la cual estaba haciendo reposo, debido a que su embarazo presentaba dificultades y los acompañó. Como esa noche María Cecilia no regresó a su hogar su madre acudió a la citada Comisaría y le informaron que nada sabían al respecto y que no tenían detenidos en ese momento; desde aquel nunca más volvió a ver a su hija, sin que hasta la fecha ésta haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”.
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro calificado de María Cecilia Labrín Saso, ocurrido a partir del 12 de agosto de 1974 en la comuna de Las Condes, proceso que tramitó el ministro Leopoldo Llanos.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada confirmaron el fallo de primera instancia que condenó a cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por su responsabilidad en los hechos.
Los magistrados, sin embargo, rebajaron la sentencia en el caso del ex agentes Basclay Zapata Reyes de 10 años y 1 día de presidio a 8 años de presidio, manteniendo la sanción de 10 años y un día para los condenados Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko.
En el aspecto civil, también de manera unánime, se ratificó la sanción que condenó al Fisco y los condenados a pagar una indemnziación total de cien millones de pesos a los familiares de la victima.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, “el inmueble de calle Londres N°38, que había sido sede del Partido Socialista, era un recinto secreto de detención y tortura de la DINA; funcionó como tal desde fines de 1973 hasta, aproximadamente, los últimos días de septiembre de 1974; llegó a contar hasta unos sesenta detenidos, los que permanecían con la vista vendada reunidos en una amplia sala, muchos en el suelo. Desde esa sala común los detenidos eran sacados continuamente a otras dependencias, incluso a una que tenía un catre de fierro en que, desnudados, les aplicaban corriente eléctrica, para obtener información de otros opositores al gobierno militar y lograr su detención”.
“El 12 de agosto de 1974, alrededor de las 22:00 horas, agentes de la DINA llegaron al domicilio de María Cecilia Labrín Saso, asistente social, militante del MIR, embarazada de poco más de dos meses, quien se encontraba en compañía de su madre y hermanas, tres sujetos de civil, los que luego de identificarse como pertenecientes al Servicio de Inteligencia de Carabineros y sin exhibir orden alguna de detención, le manifestaron que deseaban hablar con ella en relación a su trabajo en la CORVI y que no le tomaría más de media hora por lo que debían trasladarla a la 23º Comisaría de la Reina. María Cecilia accedió a levantarse de la cama en la cual estaba haciendo reposo, debido a que su embarazo presentaba dificultades y los acompañó. Como esa noche María Cecilia no regresó a su hogar su madre acudió a la citada Comisaría y le informaron que nada sabían al respecto y que no tenían detenidos en ese momento; desde aquel nunca más volvió a ver a su hija, sin que hasta la fecha ésta haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”.
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro calificado de María Cecilia Labrín Saso, ocurrido a partir del 12 de agosto de 1974 en la comuna de Las Condes, proceso que tramitó el ministro Leopoldo Llanos.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada confirmaron el fallo de primera instancia que condenó a cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por su responsabilidad en los hechos.
Los magistrados, sin embargo, rebajaron la sentencia en el caso del ex agentes Basclay Zapata Reyes de 10 años y 1 día de presidio a 8 años de presidio, manteniendo la sanción de 10 años y un día para los condenados Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko.
En el aspecto civil, también de manera unánime, se ratificó la sanción que condenó al Fisco y los condenados a pagar una indemnziación total de cien millones de pesos a los familiares de la victima.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, “el inmueble de calle Londres N°38, que había sido sede del Partido Socialista, era un recinto secreto de detención y tortura de la DINA; funcionó como tal desde fines de 1973 hasta, aproximadamente, los últimos días de septiembre de 1974; llegó a contar hasta unos sesenta detenidos, los que permanecían con la vista vendada reunidos en una amplia sala, muchos en el suelo. Desde esa sala común los detenidos eran sacados continuamente a otras dependencias, incluso a una que tenía un catre de fierro en que, desnudados, les aplicaban corriente eléctrica, para obtener información de otros opositores al gobierno militar y lograr su detención”.
“El 12 de agosto de 1974, alrededor de las 22:00 horas, agentes de la DINA llegaron al domicilio de María Cecilia Labrín Saso, asistente social, militante del MIR, embarazada de poco más de dos meses, quien se encontraba en compañía de su madre y hermanas, tres sujetos de civil, los que luego de identificarse como pertenecientes al Servicio de Inteligencia de Carabineros y sin exhibir orden alguna de detención, le manifestaron que deseaban hablar con ella en relación a su trabajo en la CORVI y que no le tomaría más de media hora por lo que debían trasladarla a la 23º Comisaría de la Reina. María Cecilia accedió a levantarse de la cama en la cual estaba haciendo reposo, debido a que su embarazo presentaba dificultades y los acompañó. Como esa noche María Cecilia no regresó a su hogar su madre acudió a la citada Comisaría y le informaron que nada sabían al respecto y que no tenían detenidos en ese momento; desde aquel nunca más volvió a ver a su hija, sin que hasta la fecha ésta haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”.
