El Decreto Ley 701 regula desde el año 1974 la actividad forestal e incentiva la forestación. Específicamente, dice que los dueños de un predio con aptitud preferentemente forestal están obligados a reforestar en otra parte, cuando han solicitado que su predio sea desafectado. O sea, cuando quieren liberar el predio forestal para poder explotarlo.
Esa obligación, vigente durante casi cuarenta años, ha dejado de estar vigente el 23 de octubre pasado, a causa de que el director de la CONAF, Eduardo Vial, decretó que la normativa era dable de reinterpretarse. Por eso dio la orden de que las direcciones regionales de CONAF no la exigieran más.
Esto motivó que el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF), denunciara el hecho ante la Contraloría General de La República (y también ante las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados), porque estiman, según expresa el presidente del sindicato Jorge Martínez, que la autoridad se habría excedido en sus atribuciones, lo que implicaría que el país perdería más de mil hectáreas forestales al año.
“Hasta ahora todas las personas que se acogían a la desafectación se les obligaba a reforestar en otro lugar, pero a partir de octubre se les exime de esta obligación, lo que implica más de 1000 hectáreas al año. Solamente desde 2009 a 2012 se desafectaron 4175 hectáreas y todas se reforestaron, pero ahora se dio una reinterpretación de la norma y se dio la instrucción de no reforestar”, explicó el dirigente.
Este requerimiento de ilegalidad ante la Contraloría llega en el trasfondo de la discusión sobre el proyecto de ley de Fomento Forestal, objeto de críticas por parte de los profesionales de CONAF. Este proyecto busca en teoría modificar y extender las bonificaciones del Decreto Ley 701, para entregar beneficios tributarios a pequeños propietarios agrícolas y fomentar la forestación por motivos ambientales. Es decir, para preservar o conservar ecosistemas, producir agua y generar hábitat de especies biológicas.
El fisco aportará 18 mil millones de pesos anuales durante dos décadas, pero en la práctica sólo el 30% de este dinero es para pequeñas empresas o propietarios, y todo lo demás sería para grandes forestales del país, según Jorge Martínez.
“Nosotros nos hemos opuesto a ese proyecto, porque tiene argumentos y razones por las que creemos debe modificarse el incentivo a la forestación. Básicamente va a seguir beneficiando la concentración económica del sector, y beneficiando a las grandes empresas del país como: Arauco, CMPC, Masisa, etc”, criticó.
Sobre lo mismo, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), dice en voz de su secretario ejecutivo, Rodrigo Herrera, que además este proyecto no atiende a las necesidades del cambio climático.
“Se necesita otra lógica de fomento. La lógica es que estamos ante un escenario de cambio climático, de mucha sequía, donde existen estudios comprobados de que fomentar plantaciones exóticas tiene un fuerte impacto sobre la falta de agua y aquí hay comunas como Lumaco que tienen que estar esperando camiones aljibe y que están rodeadas de plantaciones. Eso no es porque se hayan secado los esteros de un día para otro, eso es porque ha habido un efecto donde influye el cambio climático, incide la temática forestal y donde hay que buscarle una solución acorde al siglo XXI y no hacer lo que se ha hecho durante los últimos cuarenta años”, explicó el experto.
Importa decir que el proyecto sobre Fomento Forestal ha generado denuncias por conflictos de interés, respecto de los parlamentarios Hosain Sabag y Andrés Zaldívas (de la DC), Hernán Larraín (de la UDI) y Carlos Kushel (de RN).
El Decreto Ley 701 regula desde el año 1974 la actividad forestal e incentiva la forestación. Específicamente, dice que los dueños de un predio con aptitud preferentemente forestal están obligados a reforestar en otra parte, cuando han solicitado que su predio sea desafectado. O sea, cuando quieren liberar el predio forestal para poder explotarlo.
Esa obligación, vigente durante casi cuarenta años, ha dejado de estar vigente el 23 de octubre pasado, a causa de que el director de la CONAF, Eduardo Vial, decretó que la normativa era dable de reinterpretarse. Por eso dio la orden de que las direcciones regionales de CONAF no la exigieran más.
Esto motivó que el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF), denunciara el hecho ante la Contraloría General de La República (y también ante las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados), porque estiman, según expresa el presidente del sindicato Jorge Martínez, que la autoridad se habría excedido en sus atribuciones, lo que implicaría que el país perdería más de mil hectáreas forestales al año.
“Hasta ahora todas las personas que se acogían a la desafectación se les obligaba a reforestar en otro lugar, pero a partir de octubre se les exime de esta obligación, lo que implica más de 1000 hectáreas al año. Solamente desde 2009 a 2012 se desafectaron 4175 hectáreas y todas se reforestaron, pero ahora se dio una reinterpretación de la norma y se dio la instrucción de no reforestar”, explicó el dirigente.
Este requerimiento de ilegalidad ante la Contraloría llega en el trasfondo de la discusión sobre el proyecto de ley de Fomento Forestal, objeto de críticas por parte de los profesionales de CONAF. Este proyecto busca en teoría modificar y extender las bonificaciones del Decreto Ley 701, para entregar beneficios tributarios a pequeños propietarios agrícolas y fomentar la forestación por motivos ambientales. Es decir, para preservar o conservar ecosistemas, producir agua y generar hábitat de especies biológicas.
El fisco aportará 18 mil millones de pesos anuales durante dos décadas, pero en la práctica sólo el 30% de este dinero es para pequeñas empresas o propietarios, y todo lo demás sería para grandes forestales del país, según Jorge Martínez.
“Nosotros nos hemos opuesto a ese proyecto, porque tiene argumentos y razones por las que creemos debe modificarse el incentivo a la forestación. Básicamente va a seguir beneficiando la concentración económica del sector, y beneficiando a las grandes empresas del país como: Arauco, CMPC, Masisa, etc”, criticó.
Sobre lo mismo, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), dice en voz de su secretario ejecutivo, Rodrigo Herrera, que además este proyecto no atiende a las necesidades del cambio climático.
“Se necesita otra lógica de fomento. La lógica es que estamos ante un escenario de cambio climático, de mucha sequía, donde existen estudios comprobados de que fomentar plantaciones exóticas tiene un fuerte impacto sobre la falta de agua y aquí hay comunas como Lumaco que tienen que estar esperando camiones aljibe y que están rodeadas de plantaciones. Eso no es porque se hayan secado los esteros de un día para otro, eso es porque ha habido un efecto donde influye el cambio climático, incide la temática forestal y donde hay que buscarle una solución acorde al siglo XXI y no hacer lo que se ha hecho durante los últimos cuarenta años”, explicó el experto.
Importa decir que el proyecto sobre Fomento Forestal ha generado denuncias por conflictos de interés, respecto de los parlamentarios Hosain Sabag y Andrés Zaldívas (de la DC), Hernán Larraín (de la UDI) y Carlos Kushel (de RN).
El Decreto Ley 701 regula desde el año 1974 la actividad forestal e incentiva la forestación. Específicamente, dice que los dueños de un predio con aptitud preferentemente forestal están obligados a reforestar en otra parte, cuando han solicitado que su predio sea desafectado. O sea, cuando quieren liberar el predio forestal para poder explotarlo.
Esa obligación, vigente durante casi cuarenta años, ha dejado de estar vigente el 23 de octubre pasado, a causa de que el director de la CONAF, Eduardo Vial, decretó que la normativa era dable de reinterpretarse. Por eso dio la orden de que las direcciones regionales de CONAF no la exigieran más.
Esto motivó que el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF), denunciara el hecho ante la Contraloría General de La República (y también ante las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados), porque estiman, según expresa el presidente del sindicato Jorge Martínez, que la autoridad se habría excedido en sus atribuciones, lo que implicaría que el país perdería más de mil hectáreas forestales al año.
“Hasta ahora todas las personas que se acogían a la desafectación se les obligaba a reforestar en otro lugar, pero a partir de octubre se les exime de esta obligación, lo que implica más de 1000 hectáreas al año. Solamente desde 2009 a 2012 se desafectaron 4175 hectáreas y todas se reforestaron, pero ahora se dio una reinterpretación de la norma y se dio la instrucción de no reforestar”, explicó el dirigente.
Este requerimiento de ilegalidad ante la Contraloría llega en el trasfondo de la discusión sobre el proyecto de ley de Fomento Forestal, objeto de críticas por parte de los profesionales de CONAF. Este proyecto busca en teoría modificar y extender las bonificaciones del Decreto Ley 701, para entregar beneficios tributarios a pequeños propietarios agrícolas y fomentar la forestación por motivos ambientales. Es decir, para preservar o conservar ecosistemas, producir agua y generar hábitat de especies biológicas.
El fisco aportará 18 mil millones de pesos anuales durante dos décadas, pero en la práctica sólo el 30% de este dinero es para pequeñas empresas o propietarios, y todo lo demás sería para grandes forestales del país, según Jorge Martínez.
“Nosotros nos hemos opuesto a ese proyecto, porque tiene argumentos y razones por las que creemos debe modificarse el incentivo a la forestación. Básicamente va a seguir beneficiando la concentración económica del sector, y beneficiando a las grandes empresas del país como: Arauco, CMPC, Masisa, etc”, criticó.
Sobre lo mismo, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), dice en voz de su secretario ejecutivo, Rodrigo Herrera, que además este proyecto no atiende a las necesidades del cambio climático.
“Se necesita otra lógica de fomento. La lógica es que estamos ante un escenario de cambio climático, de mucha sequía, donde existen estudios comprobados de que fomentar plantaciones exóticas tiene un fuerte impacto sobre la falta de agua y aquí hay comunas como Lumaco que tienen que estar esperando camiones aljibe y que están rodeadas de plantaciones. Eso no es porque se hayan secado los esteros de un día para otro, eso es porque ha habido un efecto donde influye el cambio climático, incide la temática forestal y donde hay que buscarle una solución acorde al siglo XXI y no hacer lo que se ha hecho durante los últimos cuarenta años”, explicó el experto.
Importa decir que el proyecto sobre Fomento Forestal ha generado denuncias por conflictos de interés, respecto de los parlamentarios Hosain Sabag y Andrés Zaldívas (de la DC), Hernán Larraín (de la UDI) y Carlos Kushel (de RN).
