El documento, que se aprobó con 44 votos a favor y 33 en contra, considera un análisis del ejercicio del derecho a reunión y la realidad de las manifestaciones públicas, tanto como de la necesidad de resguardo del orden público.
Las recomendaciones emitidas apuntan a un proyecto de ley que regule esta garantía para cumplir con compromisos internacionales suscritos; la revisión de la justicia militar; y mayor participación de la Justicia y el Ministerio Público.
Por otra parte, se propone que Carabineros revise sus procedimientos, la creación de una mesa de trabajo y acelerar la discusión de todos los proyectos de ley que sancionen actos violentos.
El presidente de la comisión, Rodrigo González (PPD), dijo que un próximo Gobierno deberá asumir el compromiso de regulación constitucional, y aseguró además que el informe contradice proyectos de ley del Ejecutivo que podrían trasgredir estos derechos.
“La aprobación de este informe es la prueba de que esas normas, son normas que están reñidas con el reguardo de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos, y con el libre ejercicio que deben asegurarse en cualquier democracia, por eso es tan importante que se haya aprobado en este momento, porque reitera que en el Congreso hay una mayoría que no va a aceptar que normas como las que está queriendo dictar este gobierno puedan pasar”, planteó el parlamentario.
El diputado aseguró que, pese a que la Constitución resguarde el derecho a reunión, esto se borra con la normativa existente, sobre todo con las leyes policiales emitidas durante la Dictadura.
Para Marta Cisternas, coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, llama la atención lo que calificó como una “defensa corporativa de la represión”.
Afirmó que el informe en su detalle expone protocolos y marcos de acción que ya existen, como lo que tiene que ver con los controles de identidad, a su juicio una manera de reprimir y generar coerción.
“Por un lado se habla de mantener estándares internacionales en materias de derechos humanos, y por otro, de cómo se afina, se perfecciona la represión, cómo se le dan más facultades a Fuerzas Especiales, a Carabineros, cuando en la práctica esas facultades ya las ejercen. Leía, justamente hoy, del control de identidad, cuando nosotros salimos a monitorear, vemos el uso abusivo del control de identidad no haciendo control de identidad, lo que hacen es pedir el carnet e inmediatamente revisan la mochila, pero eso no es control de identidad”, criticó la observadora.
Marta Cisternas es una de las exponentes que acudió a dos sesiones de la comisión investigadora y se declaró molesta ante la insistencia de las bancadas oficialistas de presentar datos de Carabineros heridos en manifestaciones, pero que no se contaba con un catastro de torturas y maltratos que se observaron contra los manifestantes.
La observadora llamó a los parlamentarios a salir a monitorear por ellos mismos dichas situaciones, porque a su juicio se mintió en casos como los sumarios a Carabineros por violaciones a los DDHH, asegurando que todas las denuncias que ellos hicieron y acompañaron fueron desestimadas.
La coordinadora valoró la cantidad de presentaciones que se hicieron, pero aseguró que el informe está “carente de realidad” y que los diputados “no ven o no quieren ver lo que realmente está pasando con la protesta social”.
El documento, que se aprobó con 44 votos a favor y 33 en contra, considera un análisis del ejercicio del derecho a reunión y la realidad de las manifestaciones públicas, tanto como de la necesidad de resguardo del orden público.
Las recomendaciones emitidas apuntan a un proyecto de ley que regule esta garantía para cumplir con compromisos internacionales suscritos; la revisión de la justicia militar; y mayor participación de la Justicia y el Ministerio Público.
Por otra parte, se propone que Carabineros revise sus procedimientos, la creación de una mesa de trabajo y acelerar la discusión de todos los proyectos de ley que sancionen actos violentos.
El presidente de la comisión, Rodrigo González (PPD), dijo que un próximo Gobierno deberá asumir el compromiso de regulación constitucional, y aseguró además que el informe contradice proyectos de ley del Ejecutivo que podrían trasgredir estos derechos.
“La aprobación de este informe es la prueba de que esas normas, son normas que están reñidas con el reguardo de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos, y con el libre ejercicio que deben asegurarse en cualquier democracia, por eso es tan importante que se haya aprobado en este momento, porque reitera que en el Congreso hay una mayoría que no va a aceptar que normas como las que está queriendo dictar este gobierno puedan pasar”, planteó el parlamentario.
El diputado aseguró que, pese a que la Constitución resguarde el derecho a reunión, esto se borra con la normativa existente, sobre todo con las leyes policiales emitidas durante la Dictadura.
Para Marta Cisternas, coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, llama la atención lo que calificó como una “defensa corporativa de la represión”.
Afirmó que el informe en su detalle expone protocolos y marcos de acción que ya existen, como lo que tiene que ver con los controles de identidad, a su juicio una manera de reprimir y generar coerción.
“Por un lado se habla de mantener estándares internacionales en materias de derechos humanos, y por otro, de cómo se afina, se perfecciona la represión, cómo se le dan más facultades a Fuerzas Especiales, a Carabineros, cuando en la práctica esas facultades ya las ejercen. Leía, justamente hoy, del control de identidad, cuando nosotros salimos a monitorear, vemos el uso abusivo del control de identidad no haciendo control de identidad, lo que hacen es pedir el carnet e inmediatamente revisan la mochila, pero eso no es control de identidad”, criticó la observadora.
Marta Cisternas es una de las exponentes que acudió a dos sesiones de la comisión investigadora y se declaró molesta ante la insistencia de las bancadas oficialistas de presentar datos de Carabineros heridos en manifestaciones, pero que no se contaba con un catastro de torturas y maltratos que se observaron contra los manifestantes.
La observadora llamó a los parlamentarios a salir a monitorear por ellos mismos dichas situaciones, porque a su juicio se mintió en casos como los sumarios a Carabineros por violaciones a los DDHH, asegurando que todas las denuncias que ellos hicieron y acompañaron fueron desestimadas.
La coordinadora valoró la cantidad de presentaciones que se hicieron, pero aseguró que el informe está “carente de realidad” y que los diputados “no ven o no quieren ver lo que realmente está pasando con la protesta social”.
El documento, que se aprobó con 44 votos a favor y 33 en contra, considera un análisis del ejercicio del derecho a reunión y la realidad de las manifestaciones públicas, tanto como de la necesidad de resguardo del orden público.
Las recomendaciones emitidas apuntan a un proyecto de ley que regule esta garantía para cumplir con compromisos internacionales suscritos; la revisión de la justicia militar; y mayor participación de la Justicia y el Ministerio Público.
Por otra parte, se propone que Carabineros revise sus procedimientos, la creación de una mesa de trabajo y acelerar la discusión de todos los proyectos de ley que sancionen actos violentos.
El presidente de la comisión, Rodrigo González (PPD), dijo que un próximo Gobierno deberá asumir el compromiso de regulación constitucional, y aseguró además que el informe contradice proyectos de ley del Ejecutivo que podrían trasgredir estos derechos.
“La aprobación de este informe es la prueba de que esas normas, son normas que están reñidas con el reguardo de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos, y con el libre ejercicio que deben asegurarse en cualquier democracia, por eso es tan importante que se haya aprobado en este momento, porque reitera que en el Congreso hay una mayoría que no va a aceptar que normas como las que está queriendo dictar este gobierno puedan pasar”, planteó el parlamentario.
El diputado aseguró que, pese a que la Constitución resguarde el derecho a reunión, esto se borra con la normativa existente, sobre todo con las leyes policiales emitidas durante la Dictadura.
Para Marta Cisternas, coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, llama la atención lo que calificó como una “defensa corporativa de la represión”.
Afirmó que el informe en su detalle expone protocolos y marcos de acción que ya existen, como lo que tiene que ver con los controles de identidad, a su juicio una manera de reprimir y generar coerción.
“Por un lado se habla de mantener estándares internacionales en materias de derechos humanos, y por otro, de cómo se afina, se perfecciona la represión, cómo se le dan más facultades a Fuerzas Especiales, a Carabineros, cuando en la práctica esas facultades ya las ejercen. Leía, justamente hoy, del control de identidad, cuando nosotros salimos a monitorear, vemos el uso abusivo del control de identidad no haciendo control de identidad, lo que hacen es pedir el carnet e inmediatamente revisan la mochila, pero eso no es control de identidad”, criticó la observadora.
Marta Cisternas es una de las exponentes que acudió a dos sesiones de la comisión investigadora y se declaró molesta ante la insistencia de las bancadas oficialistas de presentar datos de Carabineros heridos en manifestaciones, pero que no se contaba con un catastro de torturas y maltratos que se observaron contra los manifestantes.
La observadora llamó a los parlamentarios a salir a monitorear por ellos mismos dichas situaciones, porque a su juicio se mintió en casos como los sumarios a Carabineros por violaciones a los DDHH, asegurando que todas las denuncias que ellos hicieron y acompañaron fueron desestimadas.
La coordinadora valoró la cantidad de presentaciones que se hicieron, pero aseguró que el informe está “carente de realidad” y que los diputados “no ven o no quieren ver lo que realmente está pasando con la protesta social”.
