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Índice de Percepción de Corrupción 2013: Expertos enfatizan necesidad de un “cambio cultural”

El Índice de Percepción de Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional, dio pie para conversar sobre legislación, cultura, educación y moral, todas materias pendientes a la hora de reforzar la transparencia. A juicio de los expositores, aprobar las leyes que hoy permanecen en el Congreso, fortalecer la institucionalidad y despertar el valor de la probidad en la ciudadanía son parte de la tarea pendiente.

Paula Campos

  Martes 3 de diciembre 2013 17:32 hrs. 
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Chile bajó dos lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, pasando al puesto 22 y dejando de liderar el ranking a nivel latinoamericano. A juicio de expertos, esto refleja el estancamiento que ha venido experimentando el país en esta medición elaborada cada año por Transparencia Internacional.

177 son los países medidos por 13 instituciones internacionales que valoran diversos aspectos de la trasparencia y probidad en el sector público. En el caso nacional, el ranking se construye en base a ocho organismos que puntúan el comportamiento de las instituciones públicas en diversos ámbitos. De ellos, el país obtuvo el menor puntaje en la encuesta realizada por el Anuario de Competitividad Mundial 2013 del IMD, una prestigiosa escuela de negocios de Suiza, que mide competitividad entre naciones. La pregunta hecha por la institución de “soborno y corrupción, ¿existe o no?” fue la variable en la que Chile salió mal evaluado.

En la lista encabezada por Dinamarca y Nueva Zelandia, nuestro país se encuentra dentro del tercio superior, es decir de los países que presentan menores índices de corrupción, donde los peor evaluados son Afganistán, Corea del Norte y Somalia, que de un total de 100 puntos, sólo totalizan 8.

La mesa de análisis, compuesta por el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, el presidente del Consejo para la Transparencia Jorge Jaraquemada y el abogado y presidente de Chile Transparente (capítulo chileno de Transparencia Internacional) Gonzalo Delaveau, explicó que las razones de la variación nacional, que en 2012 se ubicó en el lugar 21, no serían estadísticamente representativas, producto del margen de error propio de las mediciones.

No obstante ello, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, presente en la presentación del informe, fue enfático en señalar que el número viene a reforzar el estancamiento del país en materia de transparencia, situación que en parte debiera reforzarse alcanzando aprobación de leyes que se encuentran en discusión congresal.

“Es urgente avanzar en los cuatro proyectos de ley que están ad portas de ser aprobados en el Congreso, y que van a permitirnos estar dentro de los 10 países más avanzados en materia de institucionalidad pro transparencia en la OCDE. Son cuatro proyectos de ley: es la ley de Lobby, de probidad púbica, de más transparencia y de transparencia municipal, esos cuatro proyectos de ley están en su tramitación final y tenemos que aprobarlos luego”, explicó el secretario de Estado.

El año 1997 Chile ocupaba el lugar 23 del ranking, mientras Uruguay tenía el 35. Este año Chile se ubica en el 22, uno menos que hace quince años, y Uruguay en el 19, dieciséis menos que al inicio de la medición.
A juicio de los expertos, esta situación permite explicar claramente el estancamiento referido por el ministro y concordado por otros de los expositores.

Otros puntos evaluados dicen relación con la falta de una ley de lobby, la necesidad de fiscalización municipal, déficit en las políticas de defensa ligadas a las armas que ingresan al país y la necesidad de modificar la ley de financiamiento a los partidos políticos para evitar vicios en el traspaso de dineros.

Gonzalo Delaveau fue enfático en sostener que se necesita de un cambio cultural, capaz de fortalecer los valores de la educación, la probidad y la ética.

“Todo parte a nivel educacional, se ha olvidado el sentido de la importancia de las instituciones públicas, de cómo funciona nuestra democracia y el cuidado que tenemos que tener de ella, parte de eso se ve reflejado en la abstención en las votaciones, refleja una falta de interés de las personas, por lo que pasa en su democracia. Lo mismo pasa con la trasparencia, la corrupción, hay que educar valores, la sinceridad, la honestidad que fundan la confianza. Ahí nos falta retomar la educación cívica, la filosofía, pero que son los que dan los resortes morales a nuestros ciudadanos”, acotó.

Si bien Jorge Jaraquemada coincidió con la percepción cultural desarrollada por el presidente de Chile Transparente, hizo hincapié en la necesidad de considerar la percepción ciudadana en los índices y evaluar el acceso a la transparencia desde estos sectores, instancias que no estarían consideradas en una encuesta que se realiza de forma focalizada a grupos dirigenciales de los países.

Asimismo, profundizando en el aspecto cultural, el abogado señaló que se trata de un proceso a largo plazo.

“Implica cambio de hábitos, de comportamientos, de costumbres, de cultura, y eso es algo extremadamente lento, requiere de procesos paulatinos. Lo relevante, yo creo, es que estamos en la dirección correcta, aun cuando, es preocupante que el índice esté mostrando un cierto estancamiento en Chile. Hace muchos años estamos alrededor del ranking 20, nosotros con este paquete de reformas que tenemos debimos haber avanzado un poco más”, dijo Jaraquemada.

María Luisa Bascur, coordinadora del Programa Democracia y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, asistente a la presentación, fue más allá y preguntó a los expositores sobre su percepción de necesidad de cambio constitucional para asegurar transparencia para todos los chilenos. Los citados anteriormente negaron la pertinencia de la medida, sin embargo, la académica profundizó para nuestra emisora en su reflexión.

“Cuando hablamos de corrupción, hablamos de que las personas como titulares de derecho no pueden gozar de forma plena sus derechos a la educación, sus derechos a acceder una justicia de forma imparcial, su derecho a la igualdad, aun cuando se está hablando de licitaciones públicas. Creo que en la medida de que las personas tengan mayor acceso a mecanismos de tutela que sean más sencillos, más eficaces, esa va a ser una forma adicional de garantizar sus derechos en un país que sea más probo”, concluyó.
Retomando el análisis municipal, Cecilia Jara, jefa de la división de municipalidades de la Contraloría General de la República, compartió el análisis en las falencias en ese nivel. “Los municipios tienen la valoración más baja en la aplicación de la ley de Transparencia y el organismo que tiene más reclamo en fojas públicas, lo que lo diferencia de la administración Central. En mi experiencia, es que esto no necesariamente va asociado a causas de corrupción, sino de falta fe fortalecimiento institucional. Hay una marcada asimetría entre los municipios, por las capacidades institucionales diferentes”, expresó.

Así, el fortalecimiento de la participación ciudadana para mejorar los índices de confianza sería necesario, aclaró la representante del órgano contralor, quien criticó la falta de medidas específicas para solucionar las dificultades presentes a nivel comunal. “No parece que haya demasiadas respuestas a este diagnóstico que es compartido”, concluyó Cecilia Jara.

Un llamado generalizado se hizo a la clase política para tomar consciencia de la necesidad de legislar en torno a la probidad, los expositores concordaron en la dificultad de avanzar en la materia producto de la apatía con la que se trata a nivel local.

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