Vivir en la comuna más pobre de Chile es difícil, pero lo es más aún si se trata del pueblo mapuche. Las desigualdades pueden verse con el simple hecho de observar el promedio mensual de ingresos por hogar. Los chilenos en Ercilla reciben 103 mil pesos y los comuneros sólo alcanzan 43 mil. Es decir, los mapuche son tres veces más pobres.
Según el informe “Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile: Situación de la comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos”, los indígenas en el sur están sujetos a una fuerte vulnerabilidad socio demográfica y respecto de su derecho a la sobrevivencia.
Esto se ve con la reducción del territorio cuando hoy cuentan con sólo un cinco por ciento de sus tierras ancestrales. Además, el avance de las forestales no sólo restringe su espacio, sino también impacta de forma en su salud, por el uso de insecticidas, pero sobre todo del agua. Los datos muestran que las comunidades están bajo el mínimo de litros de agua diarios por persona que establece la Organización Mundial de la Salud para sobrevivir.
En el documento, la CEPAL junto a la Alianza Territorial, dejaron testimonio de lo que llamaron “violencia estructural”, frente a un abrumador número de causas judiciales a las que son sometidos los comuneros mapuche, de las cuales cerca de un 80 por ciento no llega a ninguna sentencia efectiva. Además, la crudeza de la criminalización impacta con fuerza a niños y niñas.
En ese sentido, Mijael Carbone, werkén de la ATM, afirmó que este escenario no es nuevo y que el Estado chileno no ha querido responder a sus demandas: “Las demandas del pueblo mapuche siguen siendo las mismas, y el Estado es el que cambia su actitud. La desigualdad en el tema de territorio del pueblo mapuche, a la territorialidad que tienen las forestales, es fuerte y distante. Viola derechos humanos de los pueblos”.
Recordemos que esta investigación surgió como resultado de un acuerdo entre los dirigentes y el organismo internacional después de que, en el 2010, en plena huelga de hambre de los presos políticos mapuche, se tomaran las oficinas de la CEPAL en Chile exigiendo que el organismo asumiera un rol activo ante la violación de derechos a la que eran sometidos.
Así se desarrolló un trabajo conjunto que remarcó el destacado historiador y antropólogo, José Bengoa: “Muestra cosas urgentes, situaciones de mortalidad, una sobremortalidad en las comunidades mapuche, algo inaceptable. El 90% de los hombres tiene riesgo de enfermedades graves. El tema de la criminalización se transforma en terrorismo, en que la gente cree que son terroristas, una espiral de violencia sin fin. Creo que lo que ocurre en el sur es lo más preocupante que está ocurriendo en Chile”.
Por su parte, el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar apuntó a la necesidad de pasar a la acción, construir trabajos que evidencien la urgencia de cambiar esta realidad para que Chile se ajuste a normas internacionales a las que ha adscrito por su propia voluntad, como el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo, la Declaración del Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Pactos de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otras.
Sobre esto se refirió la abogada y Co Directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, quien evidenció las incongruencias del Estado, al señalar que “todos los órganos del Estado están llamados a cumplir, pero llama la atención que se hable de Estado de Derecho para ejercer poder punitivo como representante de la soberanía, para criminalizar a un determinado sector, y se sienta excusado de cumplir normas fundamentales para la democracia”.
Estas son algunas de las conclusiones del debate que se instaló con la discusión del estudio, que muestra cómo la desigualdad es territorial, cultural y política, pero también tiene que ver con la vulneración de derechos básicos en toda índole. La investigación concluye que no se pueden seguir tolerando estas brechas, por lo que se deben redefinir las políticas públicas al sector y adecuar la normativa interna para evitar que, por acción o inacción del Estado, el pueblo mapuche siga caminando lentamente hacia su extinción.
Vivir en la comuna más pobre de Chile es difícil, pero lo es más aún si se trata del pueblo mapuche. Las desigualdades pueden verse con el simple hecho de observar el promedio mensual de ingresos por hogar. Los chilenos en Ercilla reciben 103 mil pesos y los comuneros sólo alcanzan 43 mil. Es decir, los mapuche son tres veces más pobres.
Según el informe “Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile: Situación de la comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos”, los indígenas en el sur están sujetos a una fuerte vulnerabilidad socio demográfica y respecto de su derecho a la sobrevivencia.
Esto se ve con la reducción del territorio cuando hoy cuentan con sólo un cinco por ciento de sus tierras ancestrales. Además, el avance de las forestales no sólo restringe su espacio, sino también impacta de forma en su salud, por el uso de insecticidas, pero sobre todo del agua. Los datos muestran que las comunidades están bajo el mínimo de litros de agua diarios por persona que establece la Organización Mundial de la Salud para sobrevivir.
En el documento, la CEPAL junto a la Alianza Territorial, dejaron testimonio de lo que llamaron “violencia estructural”, frente a un abrumador número de causas judiciales a las que son sometidos los comuneros mapuche, de las cuales cerca de un 80 por ciento no llega a ninguna sentencia efectiva. Además, la crudeza de la criminalización impacta con fuerza a niños y niñas.
En ese sentido, Mijael Carbone, werkén de la ATM, afirmó que este escenario no es nuevo y que el Estado chileno no ha querido responder a sus demandas: “Las demandas del pueblo mapuche siguen siendo las mismas, y el Estado es el que cambia su actitud. La desigualdad en el tema de territorio del pueblo mapuche, a la territorialidad que tienen las forestales, es fuerte y distante. Viola derechos humanos de los pueblos”.
Recordemos que esta investigación surgió como resultado de un acuerdo entre los dirigentes y el organismo internacional después de que, en el 2010, en plena huelga de hambre de los presos políticos mapuche, se tomaran las oficinas de la CEPAL en Chile exigiendo que el organismo asumiera un rol activo ante la violación de derechos a la que eran sometidos.
Así se desarrolló un trabajo conjunto que remarcó el destacado historiador y antropólogo, José Bengoa: “Muestra cosas urgentes, situaciones de mortalidad, una sobremortalidad en las comunidades mapuche, algo inaceptable. El 90% de los hombres tiene riesgo de enfermedades graves. El tema de la criminalización se transforma en terrorismo, en que la gente cree que son terroristas, una espiral de violencia sin fin. Creo que lo que ocurre en el sur es lo más preocupante que está ocurriendo en Chile”.
Por su parte, el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar apuntó a la necesidad de pasar a la acción, construir trabajos que evidencien la urgencia de cambiar esta realidad para que Chile se ajuste a normas internacionales a las que ha adscrito por su propia voluntad, como el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo, la Declaración del Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Pactos de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otras.
Sobre esto se refirió la abogada y Co Directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, quien evidenció las incongruencias del Estado, al señalar que “todos los órganos del Estado están llamados a cumplir, pero llama la atención que se hable de Estado de Derecho para ejercer poder punitivo como representante de la soberanía, para criminalizar a un determinado sector, y se sienta excusado de cumplir normas fundamentales para la democracia”.
Estas son algunas de las conclusiones del debate que se instaló con la discusión del estudio, que muestra cómo la desigualdad es territorial, cultural y política, pero también tiene que ver con la vulneración de derechos básicos en toda índole. La investigación concluye que no se pueden seguir tolerando estas brechas, por lo que se deben redefinir las políticas públicas al sector y adecuar la normativa interna para evitar que, por acción o inacción del Estado, el pueblo mapuche siga caminando lentamente hacia su extinción.
Vivir en la comuna más pobre de Chile es difícil, pero lo es más aún si se trata del pueblo mapuche. Las desigualdades pueden verse con el simple hecho de observar el promedio mensual de ingresos por hogar. Los chilenos en Ercilla reciben 103 mil pesos y los comuneros sólo alcanzan 43 mil. Es decir, los mapuche son tres veces más pobres.
Según el informe “Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile: Situación de la comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos”, los indígenas en el sur están sujetos a una fuerte vulnerabilidad socio demográfica y respecto de su derecho a la sobrevivencia.
Esto se ve con la reducción del territorio cuando hoy cuentan con sólo un cinco por ciento de sus tierras ancestrales. Además, el avance de las forestales no sólo restringe su espacio, sino también impacta de forma en su salud, por el uso de insecticidas, pero sobre todo del agua. Los datos muestran que las comunidades están bajo el mínimo de litros de agua diarios por persona que establece la Organización Mundial de la Salud para sobrevivir.
En el documento, la CEPAL junto a la Alianza Territorial, dejaron testimonio de lo que llamaron “violencia estructural”, frente a un abrumador número de causas judiciales a las que son sometidos los comuneros mapuche, de las cuales cerca de un 80 por ciento no llega a ninguna sentencia efectiva. Además, la crudeza de la criminalización impacta con fuerza a niños y niñas.
En ese sentido, Mijael Carbone, werkén de la ATM, afirmó que este escenario no es nuevo y que el Estado chileno no ha querido responder a sus demandas: “Las demandas del pueblo mapuche siguen siendo las mismas, y el Estado es el que cambia su actitud. La desigualdad en el tema de territorio del pueblo mapuche, a la territorialidad que tienen las forestales, es fuerte y distante. Viola derechos humanos de los pueblos”.
Recordemos que esta investigación surgió como resultado de un acuerdo entre los dirigentes y el organismo internacional después de que, en el 2010, en plena huelga de hambre de los presos políticos mapuche, se tomaran las oficinas de la CEPAL en Chile exigiendo que el organismo asumiera un rol activo ante la violación de derechos a la que eran sometidos.
Así se desarrolló un trabajo conjunto que remarcó el destacado historiador y antropólogo, José Bengoa: “Muestra cosas urgentes, situaciones de mortalidad, una sobremortalidad en las comunidades mapuche, algo inaceptable. El 90% de los hombres tiene riesgo de enfermedades graves. El tema de la criminalización se transforma en terrorismo, en que la gente cree que son terroristas, una espiral de violencia sin fin. Creo que lo que ocurre en el sur es lo más preocupante que está ocurriendo en Chile”.
Por su parte, el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar apuntó a la necesidad de pasar a la acción, construir trabajos que evidencien la urgencia de cambiar esta realidad para que Chile se ajuste a normas internacionales a las que ha adscrito por su propia voluntad, como el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo, la Declaración del Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Pactos de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otras.
Sobre esto se refirió la abogada y Co Directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, quien evidenció las incongruencias del Estado, al señalar que “todos los órganos del Estado están llamados a cumplir, pero llama la atención que se hable de Estado de Derecho para ejercer poder punitivo como representante de la soberanía, para criminalizar a un determinado sector, y se sienta excusado de cumplir normas fundamentales para la democracia”.
Estas son algunas de las conclusiones del debate que se instaló con la discusión del estudio, que muestra cómo la desigualdad es territorial, cultural y política, pero también tiene que ver con la vulneración de derechos básicos en toda índole. La investigación concluye que no se pueden seguir tolerando estas brechas, por lo que se deben redefinir las políticas públicas al sector y adecuar la normativa interna para evitar que, por acción o inacción del Estado, el pueblo mapuche siga caminando lentamente hacia su extinción.
