El proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público se revisó en el Congreso con “discusión inmediata”, la mayor velocidad de tramitación, que significa que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen un máximo de 6 días cada uno para despacharlo. Este miércoles, en el Senado, fue aprobado por 29 votos a favor y ninguno en contra, pasando a tercer trámite en la Cámara Baja.
En definitiva, este proyecto contempla un reajuste general de 5% a las remuneraciones de los 750 mil funcionarios públicos. Esto incluye a la administración central del Estado (o sea, el Gobierno), municipalidades, salud municipal, funcionarios de universidades estatales, Congreso, Contraloría y a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
El senador socialista Camilo Escalona resaltó que este proyecto es un triunfo de las 14 federaciones de funcionarios públicos que se movilizaron en las recientes semanas, y que lograron este reajuste que implica un gran desembolso.
“Representa en total una inversión pública que abarca una cifra que va a trascender la cantidad de un billón de pesos. En consecuencia, es una inversión cuantiosa del sector público, ya que cada punto de aumento es 210 millones de dólares. Y bien ganado está por los dirigentes gremiales que llevaron adelante la movilización”, dijo el senador.
Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, celebró que este conflicto laboral haya sido resuelto por el Ministerio de Hacienda, aunque advirtió que sectores de la Concertación han desatendido la disciplina fiscal.
Larraín declaró que “es muy generoso, sobretodo cuando se hace con plata ajena. Se ha resuelto el tema, pero estamos ante un mal precedente. Muchos de los que quieren ser Gobierno deben tener cuidado, porque si valoran estos precedentes, tenemos el riesgo de aumentar la demagogia en el gobierno que viene”.
En opinión del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, lo más importante es que se detengan los despidos que a última hora está llevando a cabo el Gobierno del Presidente Piñera: “Lo más importante es lo que comprometió el ministro de Hacienda, respecto de que la Circular 31 que impide despidos arbitrarios, permita la renovación objetiva y que las personas bien calificadas mantendrán su trabajo el próximo año, además de darle urgencia al programa de incentivo al retiro que está actualmente en la Dirección de Presupuestos”.
Mientras se discutía el proyecto de reajuste al sector público, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), una de las principales patronales empresariales del país, dio a conocer una estimación según la cual el paro realizado la semana pasada por los empleados fiscales habría costado “al país” unos US$2.150 millones en comercio exterior, por el retraso del 30% de las importaciones y el 10% de las exportaciones.
El proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público se revisó en el Congreso con “discusión inmediata”, la mayor velocidad de tramitación, que significa que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen un máximo de 6 días cada uno para despacharlo. Este miércoles, en el Senado, fue aprobado por 29 votos a favor y ninguno en contra, pasando a tercer trámite en la Cámara Baja.
En definitiva, este proyecto contempla un reajuste general de 5% a las remuneraciones de los 750 mil funcionarios públicos. Esto incluye a la administración central del Estado (o sea, el Gobierno), municipalidades, salud municipal, funcionarios de universidades estatales, Congreso, Contraloría y a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
El senador socialista Camilo Escalona resaltó que este proyecto es un triunfo de las 14 federaciones de funcionarios públicos que se movilizaron en las recientes semanas, y que lograron este reajuste que implica un gran desembolso.
“Representa en total una inversión pública que abarca una cifra que va a trascender la cantidad de un billón de pesos. En consecuencia, es una inversión cuantiosa del sector público, ya que cada punto de aumento es 210 millones de dólares. Y bien ganado está por los dirigentes gremiales que llevaron adelante la movilización”, dijo el senador.
Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, celebró que este conflicto laboral haya sido resuelto por el Ministerio de Hacienda, aunque advirtió que sectores de la Concertación han desatendido la disciplina fiscal.
Larraín declaró que “es muy generoso, sobretodo cuando se hace con plata ajena. Se ha resuelto el tema, pero estamos ante un mal precedente. Muchos de los que quieren ser Gobierno deben tener cuidado, porque si valoran estos precedentes, tenemos el riesgo de aumentar la demagogia en el gobierno que viene”.
En opinión del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, lo más importante es que se detengan los despidos que a última hora está llevando a cabo el Gobierno del Presidente Piñera: “Lo más importante es lo que comprometió el ministro de Hacienda, respecto de que la Circular 31 que impide despidos arbitrarios, permita la renovación objetiva y que las personas bien calificadas mantendrán su trabajo el próximo año, además de darle urgencia al programa de incentivo al retiro que está actualmente en la Dirección de Presupuestos”.
Mientras se discutía el proyecto de reajuste al sector público, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), una de las principales patronales empresariales del país, dio a conocer una estimación según la cual el paro realizado la semana pasada por los empleados fiscales habría costado “al país” unos US$2.150 millones en comercio exterior, por el retraso del 30% de las importaciones y el 10% de las exportaciones.
El proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público se revisó en el Congreso con “discusión inmediata”, la mayor velocidad de tramitación, que significa que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen un máximo de 6 días cada uno para despacharlo. Este miércoles, en el Senado, fue aprobado por 29 votos a favor y ninguno en contra, pasando a tercer trámite en la Cámara Baja.
En definitiva, este proyecto contempla un reajuste general de 5% a las remuneraciones de los 750 mil funcionarios públicos. Esto incluye a la administración central del Estado (o sea, el Gobierno), municipalidades, salud municipal, funcionarios de universidades estatales, Congreso, Contraloría y a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
El senador socialista Camilo Escalona resaltó que este proyecto es un triunfo de las 14 federaciones de funcionarios públicos que se movilizaron en las recientes semanas, y que lograron este reajuste que implica un gran desembolso.
“Representa en total una inversión pública que abarca una cifra que va a trascender la cantidad de un billón de pesos. En consecuencia, es una inversión cuantiosa del sector público, ya que cada punto de aumento es 210 millones de dólares. Y bien ganado está por los dirigentes gremiales que llevaron adelante la movilización”, dijo el senador.
Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, celebró que este conflicto laboral haya sido resuelto por el Ministerio de Hacienda, aunque advirtió que sectores de la Concertación han desatendido la disciplina fiscal.
Larraín declaró que “es muy generoso, sobretodo cuando se hace con plata ajena. Se ha resuelto el tema, pero estamos ante un mal precedente. Muchos de los que quieren ser Gobierno deben tener cuidado, porque si valoran estos precedentes, tenemos el riesgo de aumentar la demagogia en el gobierno que viene”.
En opinión del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, lo más importante es que se detengan los despidos que a última hora está llevando a cabo el Gobierno del Presidente Piñera: “Lo más importante es lo que comprometió el ministro de Hacienda, respecto de que la Circular 31 que impide despidos arbitrarios, permita la renovación objetiva y que las personas bien calificadas mantendrán su trabajo el próximo año, además de darle urgencia al programa de incentivo al retiro que está actualmente en la Dirección de Presupuestos”.
Mientras se discutía el proyecto de reajuste al sector público, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), una de las principales patronales empresariales del país, dio a conocer una estimación según la cual el paro realizado la semana pasada por los empleados fiscales habría costado “al país” unos US$2.150 millones en comercio exterior, por el retraso del 30% de las importaciones y el 10% de las exportaciones.
