A fines de este año deberían concluir las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés), que Chile desarrolla con Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Perú y México.
El plazo fue impuesto por los propios negociadores, pero es difícil que pueda cumplirse. Este domingo se inició una reunión interministerial en Singapur, cuyo principal objetivo es acelerar las tratativas y cerrar los acuerdos, mientras las dificultades asoman en distintos países. En Estados Unidos, representantes republicanos y demócratas anunciaron en noviembre que no darían su respaldo a la vía rápida o fast track para el tratado, como lo había proyectado el presidente estadounidense Barack Obama.
Paralelamente, surgen una serie cuestionamientos, debido a que los términos del tratado no han sido informados oficialmente. En Chile, 34 diputados y 15 senadores en ejercicio, más tres parlamentarios electos y casi 50 representantes de la sociedad civil, dieron a conocer una declaración pública que pide al Presidente Sebastián Piñera que las negociaciones se detengan y transparenten.
La oposición ha sido liderada por la organización Derechos Digitales, que ha recalcado que el acuerdo establece regulaciones perjudiciales en temas como agricultura, acceso al conocimiento, inversiones, normas medioambientales y trabajo, entre otros.
Asimismo, la entidad subrayó que Chile ya tiene tratados comerciales con diez de los once países que integran el acuerdo. Así, en la práctica, estaría renegociando puntos ya establecidos sobre flexibilidades regulatorias y propiedad intelectual, por ejemplo.
Aunque los contenidos no han sido informados, durante el proceso ha habido distintas filtraciones. A mediados de noviembre, Wikileaks dio a conocer un borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, uno de los que genera mayor controversia.
Según el vicepresidente de Derechos Digitales, Francisco Vera, los contenidos informados ratificaron sus temores: “Sabemos cuáles son los intereses que dominan esta negociación, especialmente en países como Estados Unidos, que tienen una postura muy fuerte. Más que cambiar radicalmente el escenario, esto vino a confirmar lo que veníamos diciendo: que el acuerdo tendría una serie de aspectos muy perjudiciales para nuestros derechos en internet, el acceso a medicamentos genéricos, el acceso al conocimiento y la libertad de expresión. En ese sentido, al menos el capítulo de propiedad intelectual, es sumamente pernicioso para los intereses públicos involucrados en estas discusiones, y está más bien guiado por los intereses de industrias que ni siquiera son chilenas”, dijo.
En ese sentido, el abogado insistió en que el Gobierno debe detener la negociación y abrir el debate: “Más allá de que uno esté a favor o en contra del libre comercio, el problema es más profundo. Es un acuerdo que se hace llamar de libre comercio y termina regulando temas como la agricultura, la posibilidad de tener empresas estatales, la forma de resolver conflictos entre inversionistas y el Estado, la libertad en internet. Todos esos temas son sumamente importantes y un grupo de técnicos negociando en una sala cerrada en Singapur no están en condiciones de decidir eso para nuestro país”, afirmó.
Entre los diputados electos que respaldaron la declaración se encuentra Gabriel Boric, quien consideró que “están tratando de pasarnos un gol para varios años más, sin que la gente sepa, especialmente, en un período de elecciones”.
En ese sentido, el ex presidente de la FECH anticipó que ya ha conversado con Giorgio Jackson -otro de los firmantes de la declaración- para impulsar acciones conjuntas desde marzo, cuando ambos lleguen a la Cámara de Diputados: “A mí me interesa integrar la comisión de Ciencia y Tecnología y que, incluso antes de su carácter, haya debate. Eso es lo mínimo que debería suceder en cualquier democracia y es lo que está negando el Gobierno. Es un tema por el cual vamos a presionar y ocupar todas las herramientas que nos dé la ley y la posibilidad de movilizarnos con diferentes actores de la sociedad civil para transparentar esta discusión”, indicó.
Según los opositores, el TPP restringe además las funciones legislativas y debe ser discutido en forma democrática y transparente. El senador independiente Carlos Cantero, también adherente de la declaración, explicó que “el llamado que se ha hecho es muy simple: cuando se trata de temas tan relevantes para la convivencia del país y sus relaciones en el mercado internacional, se deben establecer todos los mecanismos de información con la más amplia participación. Particularmente, en poderes generados democráticamente, como el Parlamento. De ahí es que surge la fuerza de este llamado: autoridades generadas democráticamente creemos que esta reflexión y decisión tan trascendente debe hacerse con pleno conocimiento de la opinión pública”.