La Fundación Defendamos la Ciudad, el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos y grupos de abogados y regionalistas, anunciaron acciones legales contra la expansión urbana que impulsó el ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La medida se implementó apenas un mes después de que el Gobierno promulgara la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumento que Chile no tenía desde hace décadas y que fue construido por una comisión ampliamente validada, donde trabajaron universidades, ONG’s, representantes inmobiliarios, etc.
La principal crítica a la expansión urbana es que la PNDU establece la imposibilidad de seguir pensando la ciudad como una serie de acciones separadas (de suelos, de transporte, de obras públicas, etcétera).
El creador y presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, sostuvo que “esta expansión urbana no solo afecta a Santiago, sino que es un problema que afecta a todo el país, porque con el crecimiento de la capital, los recursos generales se comienzan a concentrar nuevamente. Por ejemplo, si se van a sumar un millón 600 mil personas a la capital, hay que invertir en salud, educación, vivienda e infraestructura y eso afecta a la descentralización. Entonces el crecimiento de Santiago no solo conspira contra la calidad de vida de los santiaguinos, sino que de las personas de todas las regiones”.
Por este motivo, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, dijo estar evaluando alternativas judiciales para detener la decisión del Gobierno, sobre la base de que se estaría actuando bajo la influencia y los intereses de grupos inmobiliarios privados.
“Estamos viéndolo con nuestros abogados, para decidir cómo vamos a presentar las acciones judiciales para anular la expansión urbana, porque es totalmente contradictoria con la Política Nacional de Desarrollo Urbano firmada recién por el Presidente Piñera. Por un lado se hablan cosas muy bonitas sobre cómo rehacer las ciudades y, por otro lado, se publica esta expansión en el Diario Oficial a la mala, en secreto y en forma ilegal”, dijo.
Al respecto, el diputado PPD y arquitecto Patricio Hales criticó que el Minvu oferte siete mil hectáreas fiscales para la venta y otras trece mil en concesiones, aun cuando el país carece de áreas verdes: “La venta de miles y miles de hectáreas a lo largo de Chile, que son propiedad del Estado, contradice la PNDU, porque las ofrece al negocio inmobiliario. Mientras, la misma política que acaba de firmar el ministro, junto a nosotros, dice que el Estado se compromete a hacer gestiones para proveer de suelo a la vivienda social y media, de manera de no seguir expandiendo nuestras ciudades”, indicó.
El principal argumento contra la expansión es el hecho de que la región Metropolitana ya cuenta con más de nueve mil hectáreas al interior de la ciudad, las cuales se encuentran en completo desuso, en calidad de sitios eriazos.
La Fundación Defendamos la Ciudad, el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos y grupos de abogados y regionalistas, anunciaron acciones legales contra la expansión urbana que impulsó el ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La medida se implementó apenas un mes después de que el Gobierno promulgara la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumento que Chile no tenía desde hace décadas y que fue construido por una comisión ampliamente validada, donde trabajaron universidades, ONG’s, representantes inmobiliarios, etc.
La principal crítica a la expansión urbana es que la PNDU establece la imposibilidad de seguir pensando la ciudad como una serie de acciones separadas (de suelos, de transporte, de obras públicas, etcétera).
El creador y presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, sostuvo que “esta expansión urbana no solo afecta a Santiago, sino que es un problema que afecta a todo el país, porque con el crecimiento de la capital, los recursos generales se comienzan a concentrar nuevamente. Por ejemplo, si se van a sumar un millón 600 mil personas a la capital, hay que invertir en salud, educación, vivienda e infraestructura y eso afecta a la descentralización. Entonces el crecimiento de Santiago no solo conspira contra la calidad de vida de los santiaguinos, sino que de las personas de todas las regiones”.
Por este motivo, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, dijo estar evaluando alternativas judiciales para detener la decisión del Gobierno, sobre la base de que se estaría actuando bajo la influencia y los intereses de grupos inmobiliarios privados.
“Estamos viéndolo con nuestros abogados, para decidir cómo vamos a presentar las acciones judiciales para anular la expansión urbana, porque es totalmente contradictoria con la Política Nacional de Desarrollo Urbano firmada recién por el Presidente Piñera. Por un lado se hablan cosas muy bonitas sobre cómo rehacer las ciudades y, por otro lado, se publica esta expansión en el Diario Oficial a la mala, en secreto y en forma ilegal”, dijo.
Al respecto, el diputado PPD y arquitecto Patricio Hales criticó que el Minvu oferte siete mil hectáreas fiscales para la venta y otras trece mil en concesiones, aun cuando el país carece de áreas verdes: “La venta de miles y miles de hectáreas a lo largo de Chile, que son propiedad del Estado, contradice la PNDU, porque las ofrece al negocio inmobiliario. Mientras, la misma política que acaba de firmar el ministro, junto a nosotros, dice que el Estado se compromete a hacer gestiones para proveer de suelo a la vivienda social y media, de manera de no seguir expandiendo nuestras ciudades”, indicó.
El principal argumento contra la expansión es el hecho de que la región Metropolitana ya cuenta con más de nueve mil hectáreas al interior de la ciudad, las cuales se encuentran en completo desuso, en calidad de sitios eriazos.
La Fundación Defendamos la Ciudad, el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos y grupos de abogados y regionalistas, anunciaron acciones legales contra la expansión urbana que impulsó el ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La medida se implementó apenas un mes después de que el Gobierno promulgara la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumento que Chile no tenía desde hace décadas y que fue construido por una comisión ampliamente validada, donde trabajaron universidades, ONG’s, representantes inmobiliarios, etc.
La principal crítica a la expansión urbana es que la PNDU establece la imposibilidad de seguir pensando la ciudad como una serie de acciones separadas (de suelos, de transporte, de obras públicas, etcétera).
El creador y presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, sostuvo que “esta expansión urbana no solo afecta a Santiago, sino que es un problema que afecta a todo el país, porque con el crecimiento de la capital, los recursos generales se comienzan a concentrar nuevamente. Por ejemplo, si se van a sumar un millón 600 mil personas a la capital, hay que invertir en salud, educación, vivienda e infraestructura y eso afecta a la descentralización. Entonces el crecimiento de Santiago no solo conspira contra la calidad de vida de los santiaguinos, sino que de las personas de todas las regiones”.
Por este motivo, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, dijo estar evaluando alternativas judiciales para detener la decisión del Gobierno, sobre la base de que se estaría actuando bajo la influencia y los intereses de grupos inmobiliarios privados.
“Estamos viéndolo con nuestros abogados, para decidir cómo vamos a presentar las acciones judiciales para anular la expansión urbana, porque es totalmente contradictoria con la Política Nacional de Desarrollo Urbano firmada recién por el Presidente Piñera. Por un lado se hablan cosas muy bonitas sobre cómo rehacer las ciudades y, por otro lado, se publica esta expansión en el Diario Oficial a la mala, en secreto y en forma ilegal”, dijo.
Al respecto, el diputado PPD y arquitecto Patricio Hales criticó que el Minvu oferte siete mil hectáreas fiscales para la venta y otras trece mil en concesiones, aun cuando el país carece de áreas verdes: “La venta de miles y miles de hectáreas a lo largo de Chile, que son propiedad del Estado, contradice la PNDU, porque las ofrece al negocio inmobiliario. Mientras, la misma política que acaba de firmar el ministro, junto a nosotros, dice que el Estado se compromete a hacer gestiones para proveer de suelo a la vivienda social y media, de manera de no seguir expandiendo nuestras ciudades”, indicó.
El principal argumento contra la expansión es el hecho de que la región Metropolitana ya cuenta con más de nueve mil hectáreas al interior de la ciudad, las cuales se encuentran en completo desuso, en calidad de sitios eriazos.
