La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó de manera unánime el recurso de casación y confirmó la multa en contra de María Luisa Solari y Marcel Zarour por el uso de información privilegiada en la frustrada fusión entre Falabella y D&S Líder en 2007.
Por esto, María Luisa Solari, integrante del grupo controlador de Falabella deberá cancelar 1.000 UF (más de 23,2 millones de pesos) mientras su pareja tendrá que pagar 2.725 UF (sobre los $63,3 millones de pesos).
“María Luisa Solari y Marcel Zarour realizaron una conducta tipificada en el inciso primero del artículo 165 de la Ley N° 18.045, esto es infringieron el deber de estricta reserva de la información reservada a que se tenga acceso y utilizar la misma, respectivamente, sin haber transgredido las disposiciones legales acusadas por el recurso, sólo cabe desestimar dicho arbitrio”, concluye el fallo unánime de la Sala Constitucional.
Las multas fueron aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de los 8 ejecutivos que participaron en la fallida fusión, por especular con las acciones de ambas firmas antes de las negociaciones para la fusión que, finalmente, fracasó.
Cabe señalar que solamente María Luisa Solari y su pareja habían recurrido al tribunal máximo del país con un recurso de casación contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que en abril del año pasado había ratificado la sanción.
La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó de manera unánime el recurso de casación y confirmó la multa en contra de María Luisa Solari y Marcel Zarour por el uso de información privilegiada en la frustrada fusión entre Falabella y D&S Líder en 2007.
Por esto, María Luisa Solari, integrante del grupo controlador de Falabella deberá cancelar 1.000 UF (más de 23,2 millones de pesos) mientras su pareja tendrá que pagar 2.725 UF (sobre los $63,3 millones de pesos).
“María Luisa Solari y Marcel Zarour realizaron una conducta tipificada en el inciso primero del artículo 165 de la Ley N° 18.045, esto es infringieron el deber de estricta reserva de la información reservada a que se tenga acceso y utilizar la misma, respectivamente, sin haber transgredido las disposiciones legales acusadas por el recurso, sólo cabe desestimar dicho arbitrio”, concluye el fallo unánime de la Sala Constitucional.
Las multas fueron aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de los 8 ejecutivos que participaron en la fallida fusión, por especular con las acciones de ambas firmas antes de las negociaciones para la fusión que, finalmente, fracasó.
Cabe señalar que solamente María Luisa Solari y su pareja habían recurrido al tribunal máximo del país con un recurso de casación contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que en abril del año pasado había ratificado la sanción.
La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó de manera unánime el recurso de casación y confirmó la multa en contra de María Luisa Solari y Marcel Zarour por el uso de información privilegiada en la frustrada fusión entre Falabella y D&S Líder en 2007.
Por esto, María Luisa Solari, integrante del grupo controlador de Falabella deberá cancelar 1.000 UF (más de 23,2 millones de pesos) mientras su pareja tendrá que pagar 2.725 UF (sobre los $63,3 millones de pesos).
“María Luisa Solari y Marcel Zarour realizaron una conducta tipificada en el inciso primero del artículo 165 de la Ley N° 18.045, esto es infringieron el deber de estricta reserva de la información reservada a que se tenga acceso y utilizar la misma, respectivamente, sin haber transgredido las disposiciones legales acusadas por el recurso, sólo cabe desestimar dicho arbitrio”, concluye el fallo unánime de la Sala Constitucional.
Las multas fueron aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de los 8 ejecutivos que participaron en la fallida fusión, por especular con las acciones de ambas firmas antes de las negociaciones para la fusión que, finalmente, fracasó.
Cabe señalar que solamente María Luisa Solari y su pareja habían recurrido al tribunal máximo del país con un recurso de casación contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que en abril del año pasado había ratificado la sanción.
