Juzgado de Garantía de Valparaíso admite querella criminal contra los responsables de las irregularidades en Mall Barón
Con esta acción judicial se deja en evidencia la responsabilidad de importantes agentes públicos en la desprotección del patrimonio histórico y arqueológico del puerto.
Viernes 13 de diciembre 2013 16:43 hrs.
La jueza Nora Bahamondes, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, acogió la ampliación de la demanda criminal contra Emilio de la Cerda, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y su Vicepresidenta Ejecutiva, Magdalena Krebs, por su eventual responsabilidad en la destrucción del patrimonio arqueológico en la zona donde se pretende construir el Mall Barón.
La querella, interpuesta por el biólogo Salvador Donghi el 14 de noviembre contra el alcalde Jorge Castro, el Seremi de Vivienda, Matías Avsolomovich, el director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, la directora de la Dirección de Obras Municipales y Plaza Valparaíso, busca identificar a los responsables del proyecto inmobiliario, teniendo antecedentes concretos de la existencia de restos arqueológicos en los terrenos de Barón, lo que constituye un delito por vulnerar los artículos 38 y 39 de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Los motivos de la ampliación de la querella se basan en que el CMN no exigió a Plaza S.A. y a la Empresa Portuaria de Valparaíso la debida caracterización arqueológica del sector Barón, y permitió el inicio de las obras sin cumplir con dicha normativa. Por otra parte, el 15 de noviembre el Consejo detuvo las obras de excavación solo de manera parcial, poniendo en riesgo nuevamente el patrimonio arqueológico del lugar.
Para el autor de la demanda, el biólogo Salvador Donghi, “este hecho constituye una clara evidencia de que estas personas habrían vulnerado la normativa deliberadamente, todo con el fin de construir el controvertido centro comercial en Barón, sin importar la protección del patrimonio, lo cual constituye una doble falta, pues se trata de instituciones y autoridades cuya labor debiera ser, justamente, la de velar por el cuidado de nuestro patrimonio”.
Ahora el trámite se encuentra en la Fiscalía para someterse a investigación y determinar las responsabilidades de los interpelados, de quienes se evaluará su calidad como autores, cómplices o encubridores, conforme al Código Procesal Penal.
La jueza Nora Bahamondes, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, acogió la ampliación de la demanda criminal contra Emilio de la Cerda, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y su Vicepresidenta Ejecutiva, Magdalena Krebs, por su eventual responsabilidad en la destrucción del patrimonio arqueológico en la zona donde se pretende construir el Mall Barón.
La querella, interpuesta por el biólogo Salvador Donghi el 14 de noviembre contra el alcalde Jorge Castro, el Seremi de Vivienda, Matías Avsolomovich, el director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, la directora de la Dirección de Obras Municipales y Plaza Valparaíso, busca identificar a los responsables del proyecto inmobiliario, teniendo antecedentes concretos de la existencia de restos arqueológicos en los terrenos de Barón, lo que constituye un delito por vulnerar los artículos 38 y 39 de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Los motivos de la ampliación de la querella se basan en que el CMN no exigió a Plaza S.A. y a la Empresa Portuaria de Valparaíso la debida caracterización arqueológica del sector Barón, y permitió el inicio de las obras sin cumplir con dicha normativa. Por otra parte, el 15 de noviembre el Consejo detuvo las obras de excavación solo de manera parcial, poniendo en riesgo nuevamente el patrimonio arqueológico del lugar.
Para el autor de la demanda, el biólogo Salvador Donghi, “este hecho constituye una clara evidencia de que estas personas habrían vulnerado la normativa deliberadamente, todo con el fin de construir el controvertido centro comercial en Barón, sin importar la protección del patrimonio, lo cual constituye una doble falta, pues se trata de instituciones y autoridades cuya labor debiera ser, justamente, la de velar por el cuidado de nuestro patrimonio”.
Ahora el trámite se encuentra en la Fiscalía para someterse a investigación y determinar las responsabilidades de los interpelados, de quienes se evaluará su calidad como autores, cómplices o encubridores, conforme al Código Procesal Penal.
La jueza Nora Bahamondes, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, acogió la ampliación de la demanda criminal contra Emilio de la Cerda, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y su Vicepresidenta Ejecutiva, Magdalena Krebs, por su eventual responsabilidad en la destrucción del patrimonio arqueológico en la zona donde se pretende construir el Mall Barón.
La querella, interpuesta por el biólogo Salvador Donghi el 14 de noviembre contra el alcalde Jorge Castro, el Seremi de Vivienda, Matías Avsolomovich, el director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, la directora de la Dirección de Obras Municipales y Plaza Valparaíso, busca identificar a los responsables del proyecto inmobiliario, teniendo antecedentes concretos de la existencia de restos arqueológicos en los terrenos de Barón, lo que constituye un delito por vulnerar los artículos 38 y 39 de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Los motivos de la ampliación de la querella se basan en que el CMN no exigió a Plaza S.A. y a la Empresa Portuaria de Valparaíso la debida caracterización arqueológica del sector Barón, y permitió el inicio de las obras sin cumplir con dicha normativa. Por otra parte, el 15 de noviembre el Consejo detuvo las obras de excavación solo de manera parcial, poniendo en riesgo nuevamente el patrimonio arqueológico del lugar.
Para el autor de la demanda, el biólogo Salvador Donghi, “este hecho constituye una clara evidencia de que estas personas habrían vulnerado la normativa deliberadamente, todo con el fin de construir el controvertido centro comercial en Barón, sin importar la protección del patrimonio, lo cual constituye una doble falta, pues se trata de instituciones y autoridades cuya labor debiera ser, justamente, la de velar por el cuidado de nuestro patrimonio”.
Ahora el trámite se encuentra en la Fiscalía para someterse a investigación y determinar las responsabilidades de los interpelados, de quienes se evaluará su calidad como autores, cómplices o encubridores, conforme al Código Procesal Penal.
