El Congreso debe resolver si aprueba o no el veto presidencial sobre el proyecto de ley de televisión digital. Lo anterior, luego de que este fuera aprobado por las dos cámaras del Congreso después de 5 años de discusión y la iniciativa fuera autorizada también por el Tribunal Constitucional, órgano autónomo que revisa que las leyes se ajusten a los principios de la Constitución.
En su fase actual, este proyecto volvió al Congreso para ser revisado por una comisión mixta de senadores y diputados, quienes deben resolver si aceptan o no el veto que el Presidente Piñera ingresó el pasado 15 de noviembre, mediante el cual el mandatario hizo uso de la atribución que le da la Constitución Política para rechazar total o parcialmente un proyecto legal, si es que se aprobó con contenidos que no son de su gusto.
Lo que desaprueba el Presidente es particularmente que el proyecto de televisión digital aprobado por el Congreso obligue a los canales de televisión a respetar una definición extensiva de “pluralismo”, referida a “diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”. Para el Gobierno, esta definición se inmiscuye en la línea editorial de los canales.
En el Palacio de La Moneda también se oponen a obligar a los canales a transmitir campañas de utilidad pública, porque el proyecto aprobado por el Congreso sería impreciso al definir cuánto tiempo dedicar a tales efectos (sólo dice “5 semanas de campaña”). El otro contenido del veto presidencial impugna la obligación de que Televisión Nacional de Chile (TVN) tenga una segunda concesión en cada región del país, para así transportar señales de concesionarios que no tengan dinero para transmisión propia. Aquí el Gobierno aduce discriminación económica en perjuicio de los demás canales, porque TVN también podría transmitir programas propios a través de esta segunda señal.
A este respecto, el Observatorio Ciudadano, una de las organizaciones que integra la Mesa Ciudadana de Televisión Digital, expresó a través de la jefa de comunicaciones Paulina Acevedo, que la definición de pluralismo que critica el Gobierno es en realidad un aporte.
“Con esto en ningún caso se interfiere el derecho que tienen también los medios a definir sus propia línea editorial y sus fuentes. Ahora, lo que no pueden hacer es excluir a otros grupos y poblaciones de la información pública. Este es un derecho que tiene doble faz, es un derecho que tienen las personas a informar, pero también a estar informada. Hasta ahora, los medios de comunicación en la exclusión que hacen de ciertos actores, están privando de un derecho fundamental a las personas”, explicó.
Al respecto, la Alianza, representada por el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, apoya la idea de sacar 28 puntos del proyecto de ley de televisión digital porque éste afectaría normas democráticas, mientras que el pacto Nueva Mayoría, representado por el diputado socialista Marcelo Díaz, dice que es absurdo aprobar un veto que corta en pedazos al proyecto y le quita el sentido que aprobó el Congreso. Puesto que esta discusión no tiene suma urgencia, el Congreso podría decidirlo recién en enero.
El Congreso debe resolver si aprueba o no el veto presidencial sobre el proyecto de ley de televisión digital. Lo anterior, luego de que este fuera aprobado por las dos cámaras del Congreso después de 5 años de discusión y la iniciativa fuera autorizada también por el Tribunal Constitucional, órgano autónomo que revisa que las leyes se ajusten a los principios de la Constitución.
En su fase actual, este proyecto volvió al Congreso para ser revisado por una comisión mixta de senadores y diputados, quienes deben resolver si aceptan o no el veto que el Presidente Piñera ingresó el pasado 15 de noviembre, mediante el cual el mandatario hizo uso de la atribución que le da la Constitución Política para rechazar total o parcialmente un proyecto legal, si es que se aprobó con contenidos que no son de su gusto.
Lo que desaprueba el Presidente es particularmente que el proyecto de televisión digital aprobado por el Congreso obligue a los canales de televisión a respetar una definición extensiva de “pluralismo”, referida a “diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”. Para el Gobierno, esta definición se inmiscuye en la línea editorial de los canales.
En el Palacio de La Moneda también se oponen a obligar a los canales a transmitir campañas de utilidad pública, porque el proyecto aprobado por el Congreso sería impreciso al definir cuánto tiempo dedicar a tales efectos (sólo dice “5 semanas de campaña”). El otro contenido del veto presidencial impugna la obligación de que Televisión Nacional de Chile (TVN) tenga una segunda concesión en cada región del país, para así transportar señales de concesionarios que no tengan dinero para transmisión propia. Aquí el Gobierno aduce discriminación económica en perjuicio de los demás canales, porque TVN también podría transmitir programas propios a través de esta segunda señal.
A este respecto, el Observatorio Ciudadano, una de las organizaciones que integra la Mesa Ciudadana de Televisión Digital, expresó a través de la jefa de comunicaciones Paulina Acevedo, que la definición de pluralismo que critica el Gobierno es en realidad un aporte.
“Con esto en ningún caso se interfiere el derecho que tienen también los medios a definir sus propia línea editorial y sus fuentes. Ahora, lo que no pueden hacer es excluir a otros grupos y poblaciones de la información pública. Este es un derecho que tiene doble faz, es un derecho que tienen las personas a informar, pero también a estar informada. Hasta ahora, los medios de comunicación en la exclusión que hacen de ciertos actores, están privando de un derecho fundamental a las personas”, explicó.
Al respecto, la Alianza, representada por el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, apoya la idea de sacar 28 puntos del proyecto de ley de televisión digital porque éste afectaría normas democráticas, mientras que el pacto Nueva Mayoría, representado por el diputado socialista Marcelo Díaz, dice que es absurdo aprobar un veto que corta en pedazos al proyecto y le quita el sentido que aprobó el Congreso. Puesto que esta discusión no tiene suma urgencia, el Congreso podría decidirlo recién en enero.
El Congreso debe resolver si aprueba o no el veto presidencial sobre el proyecto de ley de televisión digital. Lo anterior, luego de que este fuera aprobado por las dos cámaras del Congreso después de 5 años de discusión y la iniciativa fuera autorizada también por el Tribunal Constitucional, órgano autónomo que revisa que las leyes se ajusten a los principios de la Constitución.
En su fase actual, este proyecto volvió al Congreso para ser revisado por una comisión mixta de senadores y diputados, quienes deben resolver si aceptan o no el veto que el Presidente Piñera ingresó el pasado 15 de noviembre, mediante el cual el mandatario hizo uso de la atribución que le da la Constitución Política para rechazar total o parcialmente un proyecto legal, si es que se aprobó con contenidos que no son de su gusto.
Lo que desaprueba el Presidente es particularmente que el proyecto de televisión digital aprobado por el Congreso obligue a los canales de televisión a respetar una definición extensiva de “pluralismo”, referida a “diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”. Para el Gobierno, esta definición se inmiscuye en la línea editorial de los canales.
En el Palacio de La Moneda también se oponen a obligar a los canales a transmitir campañas de utilidad pública, porque el proyecto aprobado por el Congreso sería impreciso al definir cuánto tiempo dedicar a tales efectos (sólo dice “5 semanas de campaña”). El otro contenido del veto presidencial impugna la obligación de que Televisión Nacional de Chile (TVN) tenga una segunda concesión en cada región del país, para así transportar señales de concesionarios que no tengan dinero para transmisión propia. Aquí el Gobierno aduce discriminación económica en perjuicio de los demás canales, porque TVN también podría transmitir programas propios a través de esta segunda señal.
A este respecto, el Observatorio Ciudadano, una de las organizaciones que integra la Mesa Ciudadana de Televisión Digital, expresó a través de la jefa de comunicaciones Paulina Acevedo, que la definición de pluralismo que critica el Gobierno es en realidad un aporte.
“Con esto en ningún caso se interfiere el derecho que tienen también los medios a definir sus propia línea editorial y sus fuentes. Ahora, lo que no pueden hacer es excluir a otros grupos y poblaciones de la información pública. Este es un derecho que tiene doble faz, es un derecho que tienen las personas a informar, pero también a estar informada. Hasta ahora, los medios de comunicación en la exclusión que hacen de ciertos actores, están privando de un derecho fundamental a las personas”, explicó.
Al respecto, la Alianza, representada por el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, apoya la idea de sacar 28 puntos del proyecto de ley de televisión digital porque éste afectaría normas democráticas, mientras que el pacto Nueva Mayoría, representado por el diputado socialista Marcelo Díaz, dice que es absurdo aprobar un veto que corta en pedazos al proyecto y le quita el sentido que aprobó el Congreso. Puesto que esta discusión no tiene suma urgencia, el Congreso podría decidirlo recién en enero.
