La Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH) manifiestan su gran preocupación por la decisión del Consejo Universitario, que acordó autorizar la realización de una operación de leaseback sobre a las instalaciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Esto es una venta con opción de compra que, para las organizaciones antes mencionadas, significa “en la práctica, una enajenación de patrimonio institucional, en un momento muy inoportuno”.

Los fondos obtenidos mediante esta operación serán destinados a gestionar y administrar el endeudamiento que presenta el Hospital, estructurándolo a largo plazo para generar la liquidez suficiente para mantener un capital de trabajo en el corto plazo que le permita operar sin dificultades y liberar recursos para recuperar paulatinamente los niveles de inversión y equipamiento necesarios para dar sustentabilidad permanente al Hospital y viabilizar su programa de acreditación.

Los eventuales costos anuales por concepto de renta de arrendamiento a pagar por el Hospital (excluido el impuesto territorial), se estiman en $5.280 millones anuales, para una cuota a 15 años y de alrededor de $4.435 millones anuales a 20 años.

“Debido a que esta acción constituye un acto de enajenación de patrimonio institucional, esta decisión debe contar con la aprobación del Senado Universitario para poder ejecutarse”, expresan los académicos, funcionarios y estudiantes.

En ese sentido, declaran un “enérgico desacuerdo con esta medida, que consideramos profundamente inoportuna toda vez que estamos ad portas de iniciar un nuevo ciclo político institucional en el que la demanda de la comunidad universitaria debe ser el incremento de los fondos basales del Estado para la principal Universidad del país, incluyendo su Hospital Clínico, y no la profundización de criterios de autofinanciamiento, ni menos el traspaso de la propiedad estatal a los agentes inversionistas privados”.

A su juicio, “la propuesta, además de ser una operación financiera que apunta a una indirecta privatización del Hospital, carece del sustento de un detallado plan de desarrollo y una exhaustiva evaluación económica y de viabilidad, que anticipe la generación de suficientes recursos de amortización que garanticen la recuperación del inmueble, lo que pone en riesgo el patrimonio de todos los chilenos y afecta profundamente la misión institucional”.

Además, “en la presente coyuntura, una decisión de este tipo no puede asumirse ejecutivamente sin promover una profunda discusión en la comunidad universitaria, ni menos sin la información adecuada a los académicos, funcionarios y estudiantes, tanto del Hospital Clínico, como de la universidad en general.

Por estas razones, las organizaciones gremiales y estudiantiles demandan a las autoridades ejecutivas y legislativas “centrar esfuerzos en el establecimiento de un debate institucional que permita generar un plan de desarrollo participativo para el Hospital Clínico y un financiamiento acorde a la visión de Universidad Pública y Estatal”.

“Demandamos, además, un rediseño de la institucionalidad interna del hospital que permita el establecimiento de un modelo de gestión económica integrativo, acorde con una misión de servicio público y dirigido esencialmente a satisfacer las necesidades de salud de la comunidad y dedicada a la formación de recursos humanos especializados y de excelencia”, añaden.

“Dado que la información aportada por el consejo universitario en relación a las condiciones de esta operación financiera aparecen insuficientemente detallados, generando legitimas dudas sobre los alcances y consecuencias futuras sobre la capacidad real de pago de la deuda y sobre la estabilidad laboral de los funcionarios”, solicitan que el Senado no apruebe esta propuesta hasta no recabar suficientes antecedentes.

“Como comunidad universitaria organizada nos comprometemos a exigir de las autoridades del nuevo gobierno nacional un compromiso especial hacia su principal universidad, que se materialice en el otorgamiento de los fondos basales necesarios para permitir cumplir nuestro papel en la construcción de un modelo educativo público, gratuito, inclusivo y de calidad”, afirman.

Las organizaciones convocan a un debate abierto entre las diferentes entidades de la comunidad universitaria, autoridades Centrales, de Facultades, Senado, organizaciones estudiantiles y gremios de académicos y funcionarios, “que nos permita generar un postura firme en la demanda de mayor compromiso del Estado y permita a la Universidad de Chile abandonar de una vez por todas la lógica del autofinanciamiento, que ha deteriorado enormemente la misión social y cultural de nuestra institución”.