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Año XIV, 4 de diciembre de 2022

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San Antonio:

Exigen cambio de Fiscal en investigación por presunta contaminación con plomo

Fuertes críticas ha levantado la comunidad de Aguas Buenas cuestionando el cómo se ha llevado la investigación. Los vecinos acusan a la autoridad regional de desestimar la causa.

Diana Torres

  Viernes 20 de diciembre 2013 18:28 hrs. 
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Molestos están los vecinos de San Antonio producto del nulo avance que ha tenido la investigación sobre residuos de plomo en la zona. Hace un poco más de un mes que se investiga a la empresa Tecnotel, dedicada al reciclaje de baterías, por presunta emisión de metales pesados en el sector de Aguas Buenas.

Las pericias a cargo del fiscal Álvaro Mansilla han sido criticadas por la comunidad, la que en conjunto con los diputados Alberto Robles (PRSD), Enrique Accorsi (PPD) y Víctor Torres (DC) han pedido al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el cambio de investigador, argumentando desestimación de causa.

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Al escenario de la investigación se unen tres querellas criminales por los delitos de propaganda indebida de agentes contaminantes y daños calificados en bienes nacionales de uso público.

El concejal por San Antonio, Esteban Hinojosa, solicitó a través del consejo municipal, el cierre de la empresa. Además, insistió en los daños que ha provocado esta situación en la comunidad.

“Nosotros esperamos que esto avance. La comunidad se va a empezar a movilizar, porque están contaminando el sector cercano, donde también hay una escuela que atiende muchos niños. Esta comunidad está muy afectada por la contaminación”, indicó Hinojosa recordando además la situación de los cuarenta trabajadores empleados en la planta.

El concejal agregó que el plomo que se ha detectado en los techos de las casas  y los lugares aledaños, puede empeorar la calidad de vida de los habitantes con el paso del tiempo. Esto, porque puede generar daño en la presión sanguínea, los riñones, el sistema nervioso y el cerebro, sobre todo en poblaciones infantiles.

El diputado Accorsi recordó la situación ocurrida en 1997 en Arica, cuando luego de ingresar al puerto diecinueve mil toneladas de desechos tóxicos, entre ellos plomo, se detectaron graves afecciones a la salud de la población.

El parlamentario acusó que durante ese tiempo “nadie acogió las denuncias”. Para evitar esta situación en San Antonio, el diputado emplazó a las autoridades.

“Nosotros no estamos en contra de los emprendimientos. Creemos que es necesario reciclar las baterías, pero tienen que hacerlo de acuerdo a las normas. Creemos que las instituciones tienen que fiscalizar más. Si la Superintencia, si la PDI, si el seremi de Salud, está diciendo ¡mire ojo, aquí podemos tener contaminación con plomo!, es bueno que la Fiscalía haga su trabajo y si el fiscal no está haciendo su trabajo, buscaremos que nombren a otro fiscal”, detalló el profesional.

La empresa por su parte, en una instancia anterior a esta acusación, había respondido mediante un comunicado, asegurando que: “Los dichos emitidos por los diputados y defensores de la causa eran falsos y que la empresa es constantemente fiscalizada por las autoridades”.

El cuatro de diciembre pasado, los defensores de la causa se reunieron con el director de la Unidad Especializada en Delitos Medioambientales. En esa instancia ya habían pedido al Fiscal Nacional atender las aprensiones que tenían respecto de cómo se llevaba el proceso. Ante esto, la unidad especializada pidió a la fiscalía regional la carpeta investigativa, la que está siendo analizada por especialistas de la fiscalía nacional, con el fin de resolver si proponen nuevas diligencias.

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