Diario y Radio U Chile

Año XII, 27 de octubre de 2020

Escritorio MENÚ

Sentencia marca precedente para perseguir responsabilidad del Estado en muertes por maremoto

El fallo indemnizatorio dado a conocer ayer por la Corte Suprema abre la posibilidad a que otras causas relacionadas con el maremoto de 2010 determinen responsabilidades directas del Estado en las muertes ocurridas la madrugada del 27 de febrero. Esto, porque la justicia determinó que el Fisco debía pagar 55 millones de pesos a la familia de Mario Ovando Garcés.

Claudio Medrano

  Viernes 20 de diciembre 2013 17:11 hrs. 
maremoto chile





La resolución de la Tercera sala del máximo tribunal indica que “la familia Ovando solamente permaneció en el lugar producto de la tranquilidad encontrada en las palabras del intendente, de lo contrario permanecerían en la incertidumbre que los llevaría a adoptar otra conducta. Así el daño no se produciría”.

El texto agrega que “la cruz de lo vivenciado por los actores desde la inundación hasta la época del ingreso de la demanda, pasando por el fallecimiento del jefe de familia, ha debido generar una merma en el patrimonio espiritual de quienes saben que de no haber mediado la infeliz falta de servicio, no habrían debido soportar la carga que ahora conducen”.

De esta forma la justicia determinó que es procedente indemnizar a la familia de Mario Ovando Garcés, de 67 años al momento de su muerte, debido al perjuicio que causó el llamado a la calma hecho por radio por el Intendente de la región del Bio Bio de aquel entonces, Jaime Tohá.

El agua llegó hasta los dos metros de altura en la residencia de Ovando, quien falleció días después en el Hospital Las Higueras producto de las lesiones y las consecuencias derivadas de una asfixia por  inmersión.

Adolfo Ortega, abogado de la familia de Ovando Garcés, dio detalles de lo ocurrido: “El señor Ovando realmente realizó un acto heroico, que fue el acto heroico de un padre por su familia, ya que, él sostuvo bajo el agua a su mujer para que ella pudiera salir a la superficie a respirar, lo mismo hizo con sus otros hijos, pero en definitiva la cantidad de agua lodosa que tragó determinó días posteriores su fallecimiento”.

El senador por la región del Biobío Costa, Alejandro Navarro, participó de esta demanda presentada en el año 2010, acompañando a la familia de Ovando Garcés, y calificó como un hecho histórico la resolución de la Tercera sala de la Corte Suprema.

De todas formas restó de responsabilidad al ex intendente, Jaime Tohá, y criticó el rol jugado por la Armada: “El intendente de la región del Biobío recibió una información falsa del SHOA, ya que recibió instrucciones del SHOA que lo llevaron y lo indujeran a cometer este error. Mi pregunta, ante la misma situación va a responder el SHOA, los mecanismos preventivos van a estar en orden para poder actuar. Creo que es una respuesta que aún después de cuatro años no estamos en condiciones de responder”, precisó Navarro.

Esta resolución da pie para que otras causas que se encuentran en la justicia civil tengan un desenlace similar, como el que encabeza el abogado Juan Vasseur, quien representa a 69 familias de Constitución, Curanipe y Pelluhue.

En total son $60 mil millones de pesos de indemnización los que se solicitan, los cuales serían repartidos entre 200 personas.

“Nos alegra el fallo de la Corte Suprema y es fundamental para nosotros. Acá se reconoce que ese tipo de actuación que tuvo un órgano del Estado, en este caso el intendente, sí constituye una falta de servicio. Con mucha mayor razón esto también lo constituyen, a nuestro juicio, las actuaciones falsas, equívocas que tuvieron a nivel de todo Chile la Onemi y el Shoa”, dijo Vasseur.

Recordemos que aún está pendiente la presentación de acusaciones por parte de la Fiscalía Occidente, en el proceso en el cual están formalizados la ex  directora de Onemi, Carmen Fernández. y el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entre otros.