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Reforma al aborto en España: ¿Avance o retroceso?

Opiniones dividas ha generado el proyecto presentado por el gobierno español que busca modificar la actual ley de aborto. La iniciativa prohibiría el libre término del embarazo hasta la semana 14, como era permitido desde 2010.

Paula Campos

  Lunes 23 de diciembre 2013 18:43 hrs. 
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El gobierno español anunció una reforma legal a la ley de aborto vigente en el país desde 2010. Con estas variaciones, sólo se podría interrumpir el embarazo en caso de violación denunciada o si este conllevara a un grave peligro físico o psíquico en la vida de la madre.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó al Consejo de Ministros una reforma anunciada desde hace dos años y aprobada el pasado viernes por esta instancia, que modifica fundamentalmente la ley aprobada en 2010 en cuanto a la interpretación del aborto.

20 de los 28 países pertenecientes a la Unión Europea consideran al aborto un derecho, en ellos, el sistema se rige por plazos en los que la mujer puede decidir libremente, sin dar explicaciones, hasta un determinado límite de tiempo, el que promedia entre las 12 y 14 semanas de gestación. En la actualidad, el país gobernado por Mariano Rajoy mantiene su despenalización hasta la semana número 14.

En España, la política ha sido criticada desde la oposición al gobierno del Partido Popular y también resistida por la población a favor de la apertura en materia de derechos femeninos. Movilizaciones y acciones desde el PSOE buscan frenar la iniciativa que contaría con los votos suficientes en el parlamento para su aprobación.

Las cifras son una de las razones desde donde se combate la reforma. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), con la actual ley los abortos han disminuido en un 5% en 2012 con respecto al año anterior.

Asimismo, la iniciativa ha sido bien recogida desde otros sectores, entre ellos la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, quien ha esgrimido que el anteproyecto del Ejecutivo “no es el fin del aborto pero es un paso muy importante hacia conseguir ese objetivo”, si bien lo consideran “insuficiente” porque persiguen el “aborto cero”.

El resto del mundo tampoco ha estado ajeno a la iniciativa: desde Francia han criticado abiertamente la decisión española. La ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem, habló de un ” retroceso” donde “los derechos de las mujeres nunca están conseguidos de forma definitiva”.

“Es terrible ver que en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres (…) vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio”, afirmó en una entrevista consignada por medios franceses.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, comparte esta visión, insistiendo en que la prohibición no frena el número de abortos.

“Lo que realmente no comprenden es que las leyes que castigan el aborto no impiden que este se realice, y que la consecuencia de las leyes criminalizadoras es la clandestinidad del aborto y los graves daños para la salud y la vida de las mujeres, daño que se evita en los países que han legalizado el aborto en diversas situaciones”, señaló la jurista.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Verónica Díaz cuestiona la decisión española, mostrando su preocupación por que estos argumentos influyan en el debate local.

“Nos parece un retroceso macabro para toda América Latina también, porque lamentablemente lo que pasa en esos países también se va replicando en América Latina. Nosotros teníamos la secreta esperanza de poder avanzar en nuestros derechos reproductivos, pero creo que esto aporta a que no avancemos, a que nos estanquemos”, acotó.

A diferencia de ellas, Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de Fundación Chile Unido, apoya la solución española, la que daría cuenta de un avance en protección a la mujer y a la vida.

“Sin duda que es mejor de lo que estaba, eso en una serie de puntos. Vemos que el hecho de que una mujer que está en esta situación, no puede en forma inmediata tomar una decisión sobre ese embarazo, por ello debatir de pasar a 7 días en vez de tres es favorable; El que se restrinja la posibilidad de aborto bajo mala formación también nos parece correcto, porque crea personas más humanas, no podemos seguir pensando que en el mundo sólo tienen cabida los que físicamente aparentan ser perfectos; también es positivo que exijan que los médicos informen antes de tomar la decisión, cuáles son los síntomas postraumáticos que van a tener, porque la verdad es que hablamos de lo psíquico de seguir con un embarazo no deseado, pero como Fundación Chile Unido, a lo largo de estos 14 años acompañando a innumerables mujeres en este camino, sabemos que el optar por la vida de sus hijos, les trae mayor satisfacción que abortar”, apuntó la directora de la Fundación.

En la esfera local, en Chile se encuentran penalizadas todas las formas de aborto, siendo esta una materia que desde diversas organizaciones piden someter a revisión.

En el caso español, el anteproyecto enviado por el gobierno contempla que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo tendrán que reflexionar al menos durante siete días antes de dar su consentimiento, por lo que la mujer que se acoge al supuesto de “grave peligro para su vida o su salud psíquica” debe reunir dos informes médicos que acrediten el daño que supondría seguir con la gestación; posterior a ello recibirá una información verbal sobre las consecuencias médicas de la intervención. Una vez obtenida la firma médica, la mujer será informada por los servicios sociales sobre las ayudas a la maternidad. Cuando haya pasado por todas estas fases, se iniciará un periodo mínimo de siete días antes de proceder al aborto.

“El aborto desaparece como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve al Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un “grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer”, y eso incluye anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que dañen psicológicamente a la gestante. Para los embarazos que sean fruto de una violación, el límite serán 12 semanas de gestación. Para el resto de los casos, 22”, explican desde el ministerio de justicia español.