De acuerdo al calendario de licitaciones que programó el Gobierno, entre octubre de 2013 y febrero de 2014 se abrió el proceso para los hospitales, Santiago Occidente ex Félix Bulnes, Sótero del Río, la Red Sur con los hospitales de Curicó, Linares y Chillán y la Red Quinta con el BiProvincial Quillota, Petorca, y Marga Marga.

A estos se suman el nuevo Hospital El Salvador Geriátrico, cuyo proyecto consiste en la construcción, mantenimiento y explotación de servicios no clínicos de apoyo y además, la provisión, reposición y mantenimiento de equipamiento médico que contempla un presupuesto de 308 millones de dólares.

El proceso, similar al utilizado en la construcción de los nuevos hospitales de La Florida y Maipú, ha sido fuertemente criticado por las organizaciones de la salud, quienes acusan una privatización encubierta del sistema público.

Para la presidenta de la Federación de Profesionales de la Salud (Fenpruss) Gabriela Farías, la experiencia internacional demuestra que este sistema es perjudicial para los usuarios.

En este sentido, la dirigente de los profesionales de la salud indicó que “nosotros hemos visto por la misma experiencia internacional que la atención de los pacientes se ha desmejorado en otros países que la necesidad del concesionario de hacer que el negocio sea un negocio rentable hace que se tomen decisiones médicas equivocadas, y por eso estamos llamando la atención del Gobierno para que detenga esto, además, está generando un proceso aceleradísimo para dejar las licitaciones amarradas finalmente, que nos parece que no corresponde estando a dos meses del cambio de gobierno”.

La Mesa Social de la Salud hizo entrega de una carta exponiendo estos puntos al presidente de la República, Sebastián Piñera.

La dirigente afirmó que el Estado debe ser capaz de generar las fórmulas que eviten “privatizar” el sistema público: “Nosotros tenemos la convicción de que todo lo que se relaciona con salud debiera estar directamente en manos del Estado, es decir, el Estado tendría que generar las fórmulas para que la concesión de los establecimientos se haga por la vía de fondos públicos directos y que la administración y la gestión de los establecimientos sea 100% pública. En ese sentido, nos parece que este Gobierno lo que hizo durante estos cuatro años fue profundizar la privatización de los servicios de salud, y vemos que la lógica con la que se administra la salud por parte de este Gobierno es una lógica mercantilista”.

En tanto, el presidente de la Fenats nacional, Oscar Riveros, afirmó que como sector no aceptarán ningún tipo de concesión, aunque sea parcelado, como han propuesto algunas voces.

“Nos oponemos a cualquier tipo de concesión, porque de una u otra manera va introduciendo como ha sido la práctica y que ha pasado por derivar recursos al sector privado, asfixiando la salud pública, con todo lo que significa eso, falta de especialistas, falta de insumos, falta de infraestructura, falta de personal, falta de tecnología de punta que repercute finalmente en una pésima atención, lo cual instala en la opinión pública una comprobación empírica de que la salud está cada día peor”, aseveró el líder de la Fenats nacional.

Las Bases de Licitación y los Antecedentes Técnicos de los proyectos están siendo retirados por los Licitantes o Grupos Licitantes, previo pago en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.

La Mesa Social por la Salud, compuesta entre otras agrupaciones por Fenpruss, Fenats Nacional, Confusam, Agrupación de Médicos de la Atención Primaria, entre otras,  han interpuesto dos recursos de protección para frenar estos procesos, los cuales han sido admitidos por la justicia, en el caso de los hospitales Félix Bulnes y Sótero del Río.

Hasta el momento, no existe claridad respecto de los interesados en estos procesos de licitación, aunque se habla que la mayoría de ellos correspondería a capitales españoles.