Como una alternativa para atenuar las sanciones por incumplimiento en medidas de protección, Barrick Gold presentó una autodenuncia ante la Superintendencia de Medioambiente, en enero de 2013. No obstante, Greenpeace presentó un nuevo oficio ante este organismo, donde devela una adulteración de los datos presentados por la minera para ocultar daño ambiental.
Específicamente, la minera señala que un alud el pasado 10 de enero afectó el sistema de aguas, lo que derivó en un escape de líquido contaminado al río Estrecho. Lo que no indica la autodenuncia, es que el alud ocurrió seis días después, y Barrick Gold usó este fenómeno como excusa ante la polución del río que alimenta a las comunidades del Valle del Huasco.
Ante ello, Greenpeace no descarta nuevas acciones por este caso. Samuel Leiva, director de Campañas, destaca que es un daño flagrante con una actitud irregular de la minera, por lo que se exige el cierre definitivo del proyecto.
“Es una empresa que no ha tenido voluntad de cumplir con normativa ambiental. Es un engaño flagrante para evitar un daño mayor, incluso con revocar los permisos ambientales por estos eventos. Pudimos demostrar que hubo descarga ilegal al río Estrecho que nunca fue incluido en la autodenuncia que Barrick hizo”, señaló.
Sebastián Cruz, miembro de la Brigada SOS Huasco, señala que estos antecedentes no son nuevos, y que son palpables en la zona los daños al ecosistema producidos por Pascua Lama: “En el Valle del Huasco hay gente que perdió sus cultivos, sus cosechas por el alud. Los terrenos se contaminaron, se afectaron los glaciares, nos preocupa que la autoridad no tome cartas en el asunto, y siga con multas pecuniarias que no colaboran en nada a la vida del Valle del Huasco. Queremos que se revoque la calificación ambiental”.
Esto revela nuevas irregularidades desde Barrick Gold, sumando argumentos para analistas y vecinos organizados en contra de su ejecución. Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Medioambientales, subraya la gravedad de este caso.
“Es extremadamente grave, el Tribunal Ambiental en este caso tiene que administrar justicia, y si uno de los organismos oculta información, es difícil que el tribunal haga su trabajo. Acá está en juego la confianza de las organizaciones y la ciudadanía sobre la nueva institucionalidad, se está pasando a llevar las consideraciones básicas con las que se debe funcionar a nivel de institucionalidad como a nivel de tribunales”, señaló.
Más allá de la responsabilidad de Barrick Gold, Cuenca apunta también una escasa voluntad política para fiscalizar el proyecto, sin que la institucionalidad ambiental opere con las facultades entregadas por ley.
Cuenca indicó que “es un asunto de voluntad política. La gente del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama que oculta información tiene que ver con decisión política, al no entregar esa información. Se debe considerar a la hora de establecer sanciones, incluso evaluar la destitución de funcionarios que están atornillando al revés para que la institucionalidad actúe ne favor de las empresas y no protegiendo el medioambiente y los derechos de la gente”.
Los analistas apuntan que Pascua Lama es un proyecto insostenible, y es parte de los desafíos que enfrentará el gobierno de Michelle Bachelet respecto de protección al medioambiente y proyectos de minería y energía.