Los hechos ocurrieron el 8 de mayo pasado cuando, en el contexto de una marcha estudiantil, el estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño, Cesar Reyes, fue detenido y obligado a subir a un vehículo sin que se explicaran las causas de la aprehensión.
Según la indagatoria realizada por la Fiscalía Centro Norte, uno de los funcionarios policiales, el subprefecto Flavio Torres, sometió al estudiante a una serie de torturas, entre las que se cuentan agresiones en el cuello y rostro, ser fotografiado en ropa interior e interrogado por cerca de 10 policías quienes lo obligaron a entregar, incluso, su clave de Facebook.
Durante la jornada de este martes, la justicia resolvió dejar en prisión preventiva al imputado, pese a que la fiscalía había solicitado las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El magistrado argumentó que “los actos relatados constituían una vulneración a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad, más aún cuando fueron cometidos por personal policial”.
Rodrigo Román, abogado de la familia del menor, explicó los alcances de esta resolución: “La trascendencia que tiene de lo resuelto ayer por el juez Urrutia dice relación consecutivamente, él está poniendo un freno a lo que corresponde que hagan los Estados, los Estados no se pueden permitir que uno de sus agentes apremie ilegítimamente, torture menos todavía a un adolescente respecto de los cuales hay una protección especial. La importancia que tiene es que marca un muy buen precedente porque en el fondo la judicatura está haciendo lo que tiene que hacer y se está abstrayendo de cualquier presión política de parte del poder político”.
Hasta ahora no se ha podido establecer la identidad de los demás policías involucrados, debido a que la institución se acogió “a una disposición de la Ley de Inteligencia Nacional para resguardar los nombres”.
Rodrigo Román acusó además que el ministerio del Interior esta “encubriendo” a los responsables: “Acá se está encubriendo la identidad de los otros torturadores que son parte de la Policía de Investigaciones y lo más grave es que están siendo encubiertos por parte del ministerio del Interior. Yo no sé si es Chadwick o Ubilla, no sé quién tiene la responsabilidad directa, pero aquellos negaron la impugnación que pidió el Ministerio Público porque efectivamente Torres no patrullaba sólo aquel día”.
Esta apreciación es compartida por la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) Isabel Salgado.
En esa línea la dirigente de los jóvenes estudiantes indicó que “para nosotros es bastante bueno, pero creemos que aquí hay más involucrados, no es el único que está involucrado, porque al compañero lo torturaron, lo secuestraron y la fuerza política actual está impidiendo que se realice un proceso normal porque no quiere apoyar y no quiere dar los nombres de todos los involucrados en este caso”.
El funcionario de la PDI deberá permanecer privado de libertad durante los 90 días de plazo de indagatorias fijados en la audiencia.
De acuerdo a lo informado por la defensa del secundario, existe la posibilidad de que el Ministerio Público recurra a la Corte de Apelaciones para poder conocer la identidad de los otros policías involucrados.
Los hechos ocurrieron el 8 de mayo pasado cuando, en el contexto de una marcha estudiantil, el estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño, Cesar Reyes, fue detenido y obligado a subir a un vehículo sin que se explicaran las causas de la aprehensión.
Según la indagatoria realizada por la Fiscalía Centro Norte, uno de los funcionarios policiales, el subprefecto Flavio Torres, sometió al estudiante a una serie de torturas, entre las que se cuentan agresiones en el cuello y rostro, ser fotografiado en ropa interior e interrogado por cerca de 10 policías quienes lo obligaron a entregar, incluso, su clave de Facebook.
Durante la jornada de este martes, la justicia resolvió dejar en prisión preventiva al imputado, pese a que la fiscalía había solicitado las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El magistrado argumentó que “los actos relatados constituían una vulneración a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad, más aún cuando fueron cometidos por personal policial”.
Rodrigo Román, abogado de la familia del menor, explicó los alcances de esta resolución: “La trascendencia que tiene de lo resuelto ayer por el juez Urrutia dice relación consecutivamente, él está poniendo un freno a lo que corresponde que hagan los Estados, los Estados no se pueden permitir que uno de sus agentes apremie ilegítimamente, torture menos todavía a un adolescente respecto de los cuales hay una protección especial. La importancia que tiene es que marca un muy buen precedente porque en el fondo la judicatura está haciendo lo que tiene que hacer y se está abstrayendo de cualquier presión política de parte del poder político”.
Hasta ahora no se ha podido establecer la identidad de los demás policías involucrados, debido a que la institución se acogió “a una disposición de la Ley de Inteligencia Nacional para resguardar los nombres”.
Rodrigo Román acusó además que el ministerio del Interior esta “encubriendo” a los responsables: “Acá se está encubriendo la identidad de los otros torturadores que son parte de la Policía de Investigaciones y lo más grave es que están siendo encubiertos por parte del ministerio del Interior. Yo no sé si es Chadwick o Ubilla, no sé quién tiene la responsabilidad directa, pero aquellos negaron la impugnación que pidió el Ministerio Público porque efectivamente Torres no patrullaba sólo aquel día”.
Esta apreciación es compartida por la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) Isabel Salgado.
En esa línea la dirigente de los jóvenes estudiantes indicó que “para nosotros es bastante bueno, pero creemos que aquí hay más involucrados, no es el único que está involucrado, porque al compañero lo torturaron, lo secuestraron y la fuerza política actual está impidiendo que se realice un proceso normal porque no quiere apoyar y no quiere dar los nombres de todos los involucrados en este caso”.
El funcionario de la PDI deberá permanecer privado de libertad durante los 90 días de plazo de indagatorias fijados en la audiencia.
De acuerdo a lo informado por la defensa del secundario, existe la posibilidad de que el Ministerio Público recurra a la Corte de Apelaciones para poder conocer la identidad de los otros policías involucrados.
Los hechos ocurrieron el 8 de mayo pasado cuando, en el contexto de una marcha estudiantil, el estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño, Cesar Reyes, fue detenido y obligado a subir a un vehículo sin que se explicaran las causas de la aprehensión.
Según la indagatoria realizada por la Fiscalía Centro Norte, uno de los funcionarios policiales, el subprefecto Flavio Torres, sometió al estudiante a una serie de torturas, entre las que se cuentan agresiones en el cuello y rostro, ser fotografiado en ropa interior e interrogado por cerca de 10 policías quienes lo obligaron a entregar, incluso, su clave de Facebook.
Durante la jornada de este martes, la justicia resolvió dejar en prisión preventiva al imputado, pese a que la fiscalía había solicitado las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El magistrado argumentó que “los actos relatados constituían una vulneración a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad, más aún cuando fueron cometidos por personal policial”.
Rodrigo Román, abogado de la familia del menor, explicó los alcances de esta resolución: “La trascendencia que tiene de lo resuelto ayer por el juez Urrutia dice relación consecutivamente, él está poniendo un freno a lo que corresponde que hagan los Estados, los Estados no se pueden permitir que uno de sus agentes apremie ilegítimamente, torture menos todavía a un adolescente respecto de los cuales hay una protección especial. La importancia que tiene es que marca un muy buen precedente porque en el fondo la judicatura está haciendo lo que tiene que hacer y se está abstrayendo de cualquier presión política de parte del poder político”.
Hasta ahora no se ha podido establecer la identidad de los demás policías involucrados, debido a que la institución se acogió “a una disposición de la Ley de Inteligencia Nacional para resguardar los nombres”.
Rodrigo Román acusó además que el ministerio del Interior esta “encubriendo” a los responsables: “Acá se está encubriendo la identidad de los otros torturadores que son parte de la Policía de Investigaciones y lo más grave es que están siendo encubiertos por parte del ministerio del Interior. Yo no sé si es Chadwick o Ubilla, no sé quién tiene la responsabilidad directa, pero aquellos negaron la impugnación que pidió el Ministerio Público porque efectivamente Torres no patrullaba sólo aquel día”.
Esta apreciación es compartida por la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) Isabel Salgado.
En esa línea la dirigente de los jóvenes estudiantes indicó que “para nosotros es bastante bueno, pero creemos que aquí hay más involucrados, no es el único que está involucrado, porque al compañero lo torturaron, lo secuestraron y la fuerza política actual está impidiendo que se realice un proceso normal porque no quiere apoyar y no quiere dar los nombres de todos los involucrados en este caso”.
El funcionario de la PDI deberá permanecer privado de libertad durante los 90 días de plazo de indagatorias fijados en la audiencia.
De acuerdo a lo informado por la defensa del secundario, existe la posibilidad de que el Ministerio Público recurra a la Corte de Apelaciones para poder conocer la identidad de los otros policías involucrados.
