La mañana de lunes, periodistas y trabajadores, representantes de organizaciones sindicales, sociales, estudiantes y políticos, rechazaron el proceso de venta completa del diario La Nación. Las principales acusaciones apuntan a falta de voluntad política, además de adjudicar la medida de “amarre” para el próximo gobierno.
Esto último lo han planteado los dirigentes, en cuanto a que el presidente Piñera deja sin posibilidades de frenar la situación a la mandataria electa Michelle Bachelet.
En la actualidad, el Estado es poseedor del 69,26 por ciento de la propiedad. La privatización completa fue dejada a cargo de la Comisión Liquidadora, dos meses antes de terminar el periodo presidencial.
La periodista y presidenta del sindicato Nº3 del Área Periodística, Nancy Arancibia, acusa al actual gobierno de haber resuelto la venta “al mejor postor de un diario de 97 años”.
“La decisión de vender el diario es política, no económica. El diario La Nación no tiene argumentos económicos para ser vendido. Es un diario que estaba en el borde del autofinanciamiento antes que terminara la liquidación, es reconocido como pluralista, lo que es reconocida por el propio presidente Piñera. Finalmente, la perjudicada es la ciudadanía, no los periodistas, son ellos quienes se quedan sin un medio de comunicación”, declaró.
Ante esto, los dirigentes se reunieron con el presidente del Senado Jorge Pizarro (DC), a quien le solicitaron intervenir con el gobierno por medio del ministro Andrés Chadwick. Los representantes de los trabajadores, además se citaron con la presidenta electa para evaluar la continuidad del proyecto.
El senador Pizarro señaló que es preciso hacer un balance de la transcendencia del medio, el cual aporta variedad dentro de los conglomerados de Copesa y El Mercurio.
“Sería bueno que se pudiera tener una mejor evaluación de la marcha del diario, para el efecto de valorizar su permanencia y así contar con un medio que pueda representar la diversidad que existe en el país. Tenemos muy pocos medios de comunicación y la Nación forma parte de nuestra historia, ya tiene 97 años de vida, por lo que no creo que se pueda tomar una decisión sin tener en consideración los elementos políticos”, apuntó la autoridad.
En esta misma línea, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que la situación es “un atentado contra la democracia y el pluralismo”, por lo que “es necesario rescatar el valor de lo público”. Asimismo, Raúl De la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), destacó la alta convocatoria de diferentes agrupaciones, quienes han logrado poner el tema en debate.
Enfatizando en el error que, a su juicio, comete el gobierno, de la Puente indicó: “Sin duda que es una visión política de un Estado subsidiario neoliberal que propicia este gobierno de empresarios que consideran que el mejor Estado es el que no existe. Nosotros creemos que el Estado cumple una importante función de proporcionar información pública que debiera ser toda la ciudadanía, no solamente del gobierno de turno”.
Los estudiantes, por su parte, se han mostrado cercanos a funcionarios y profesionales del diario, siguiendo la línea de unión con diversos sectores sindicales.
Melisa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), criticó el hecho calificándolo de “atentado directo contra la diversidad de expresión”. Lo que complementó con la cantidad de tergiversaciones que ha vivido el movimiento estudiantil, gracias a los medios de comunicación.
La mañana de lunes, periodistas y trabajadores, representantes de organizaciones sindicales, sociales, estudiantes y políticos, rechazaron el proceso de venta completa del diario La Nación. Las principales acusaciones apuntan a falta de voluntad política, además de adjudicar la medida de “amarre” para el próximo gobierno.
Esto último lo han planteado los dirigentes, en cuanto a que el presidente Piñera deja sin posibilidades de frenar la situación a la mandataria electa Michelle Bachelet.
En la actualidad, el Estado es poseedor del 69,26 por ciento de la propiedad. La privatización completa fue dejada a cargo de la Comisión Liquidadora, dos meses antes de terminar el periodo presidencial.
La periodista y presidenta del sindicato Nº3 del Área Periodística, Nancy Arancibia, acusa al actual gobierno de haber resuelto la venta “al mejor postor de un diario de 97 años”.
“La decisión de vender el diario es política, no económica. El diario La Nación no tiene argumentos económicos para ser vendido. Es un diario que estaba en el borde del autofinanciamiento antes que terminara la liquidación, es reconocido como pluralista, lo que es reconocida por el propio presidente Piñera. Finalmente, la perjudicada es la ciudadanía, no los periodistas, son ellos quienes se quedan sin un medio de comunicación”, declaró.
Ante esto, los dirigentes se reunieron con el presidente del Senado Jorge Pizarro (DC), a quien le solicitaron intervenir con el gobierno por medio del ministro Andrés Chadwick. Los representantes de los trabajadores, además se citaron con la presidenta electa para evaluar la continuidad del proyecto.
El senador Pizarro señaló que es preciso hacer un balance de la transcendencia del medio, el cual aporta variedad dentro de los conglomerados de Copesa y El Mercurio.
“Sería bueno que se pudiera tener una mejor evaluación de la marcha del diario, para el efecto de valorizar su permanencia y así contar con un medio que pueda representar la diversidad que existe en el país. Tenemos muy pocos medios de comunicación y la Nación forma parte de nuestra historia, ya tiene 97 años de vida, por lo que no creo que se pueda tomar una decisión sin tener en consideración los elementos políticos”, apuntó la autoridad.
En esta misma línea, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que la situación es “un atentado contra la democracia y el pluralismo”, por lo que “es necesario rescatar el valor de lo público”. Asimismo, Raúl De la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), destacó la alta convocatoria de diferentes agrupaciones, quienes han logrado poner el tema en debate.
Enfatizando en el error que, a su juicio, comete el gobierno, de la Puente indicó: “Sin duda que es una visión política de un Estado subsidiario neoliberal que propicia este gobierno de empresarios que consideran que el mejor Estado es el que no existe. Nosotros creemos que el Estado cumple una importante función de proporcionar información pública que debiera ser toda la ciudadanía, no solamente del gobierno de turno”.
Los estudiantes, por su parte, se han mostrado cercanos a funcionarios y profesionales del diario, siguiendo la línea de unión con diversos sectores sindicales.
Melisa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), criticó el hecho calificándolo de “atentado directo contra la diversidad de expresión”. Lo que complementó con la cantidad de tergiversaciones que ha vivido el movimiento estudiantil, gracias a los medios de comunicación.
La mañana de lunes, periodistas y trabajadores, representantes de organizaciones sindicales, sociales, estudiantes y políticos, rechazaron el proceso de venta completa del diario La Nación. Las principales acusaciones apuntan a falta de voluntad política, además de adjudicar la medida de “amarre” para el próximo gobierno.
Esto último lo han planteado los dirigentes, en cuanto a que el presidente Piñera deja sin posibilidades de frenar la situación a la mandataria electa Michelle Bachelet.
En la actualidad, el Estado es poseedor del 69,26 por ciento de la propiedad. La privatización completa fue dejada a cargo de la Comisión Liquidadora, dos meses antes de terminar el periodo presidencial.
La periodista y presidenta del sindicato Nº3 del Área Periodística, Nancy Arancibia, acusa al actual gobierno de haber resuelto la venta “al mejor postor de un diario de 97 años”.
“La decisión de vender el diario es política, no económica. El diario La Nación no tiene argumentos económicos para ser vendido. Es un diario que estaba en el borde del autofinanciamiento antes que terminara la liquidación, es reconocido como pluralista, lo que es reconocida por el propio presidente Piñera. Finalmente, la perjudicada es la ciudadanía, no los periodistas, son ellos quienes se quedan sin un medio de comunicación”, declaró.
Ante esto, los dirigentes se reunieron con el presidente del Senado Jorge Pizarro (DC), a quien le solicitaron intervenir con el gobierno por medio del ministro Andrés Chadwick. Los representantes de los trabajadores, además se citaron con la presidenta electa para evaluar la continuidad del proyecto.
El senador Pizarro señaló que es preciso hacer un balance de la transcendencia del medio, el cual aporta variedad dentro de los conglomerados de Copesa y El Mercurio.
“Sería bueno que se pudiera tener una mejor evaluación de la marcha del diario, para el efecto de valorizar su permanencia y así contar con un medio que pueda representar la diversidad que existe en el país. Tenemos muy pocos medios de comunicación y la Nación forma parte de nuestra historia, ya tiene 97 años de vida, por lo que no creo que se pueda tomar una decisión sin tener en consideración los elementos políticos”, apuntó la autoridad.
En esta misma línea, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que la situación es “un atentado contra la democracia y el pluralismo”, por lo que “es necesario rescatar el valor de lo público”. Asimismo, Raúl De la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), destacó la alta convocatoria de diferentes agrupaciones, quienes han logrado poner el tema en debate.
Enfatizando en el error que, a su juicio, comete el gobierno, de la Puente indicó: “Sin duda que es una visión política de un Estado subsidiario neoliberal que propicia este gobierno de empresarios que consideran que el mejor Estado es el que no existe. Nosotros creemos que el Estado cumple una importante función de proporcionar información pública que debiera ser toda la ciudadanía, no solamente del gobierno de turno”.
Los estudiantes, por su parte, se han mostrado cercanos a funcionarios y profesionales del diario, siguiendo la línea de unión con diversos sectores sindicales.
Melisa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), criticó el hecho calificándolo de “atentado directo contra la diversidad de expresión”. Lo que complementó con la cantidad de tergiversaciones que ha vivido el movimiento estudiantil, gracias a los medios de comunicación.
