El Examen Periódico Universal (EPU) es una audiencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde cada Estado es evaluado por sus pares e interrogado respecto de los avances en los tratados suscritos en distintas materias. Es la evaluación más amplia que compete a los países, donde se emiten distintas “recomendaciones” para avanzar en políticas públicas.
En 2009, Chile presentó su primer informe ante este plenario, donde comprometió trabajar en casi todas las recomendaciones recibidas desde distintos Estados. No obstante, el gobierno no aceptó sugerencias respecto de revisar la penalización de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia ni de informar políticas de fecundidad y ajustar la legislación del aborto en el país.
Este examen llevará a Chile al estrado en materia de derechos humanos justo al término de un gobierno criticado por su relación con movimientos sociales e indígenas. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, señala que las conclusiones de esta audiencia servirán como carta de navegación a las tareas del próximo gobierno.
“Es quizá la instancia más importante y completa de revisión a los Estados, y son los pares los que se revisan, hay una suerte de vigilancia mutua del cumplimiento de derechos humanos en cada país. La adopción final se hace en la próxima sesión ordinaria, que posiblemente sea para el próximo gobierno de Michelle Bachelet, por lo que se transforma en una carta de navegación muy importante, que debe tomarse como una herramienta con las prioridades de derechos humanos para Chile de cara a la comunidad internacional”, indicó Ana Piquer.
Una de las exponentes en esta sesión del EPU es Lidia Casas, investigadora del Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales, quien apronta un escenario complejo al considerar los “innumerables problemas sobre situación de los derechos humanos” durante la actual administración.
“Chile no está en buen pie, siempre ha intentado cultivar una imagen internacional de profundo respeto a los derechos humanos, y hoy enfrenta una serie de fenómenos que se fueron larvando, y que no es posible poner atención en ellos. Chile no puede seguir vendiendo una fotografía respetuosa de los derechos humanos, como lo ha hecho durante mucho tiempo”, dijo.
La investigadora subraya que el uso desproporcionado de la fuerza policial ante las movilizaciones sociales, la criminalización del conflicto mapuche y las comunidades sin acceso a agua potable son parte de conflictos que toman relevancia, además del tema migratorio carente de actualización.
Un punto importante es que, posiblemente, la evaluación repita las sugerencias respecto de derechos reproductivos y ley de aborto, lo cual suma una presión internacional para optimizar su legislación.
Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas que viajará a este encuentro, recalca el riesgo de la imagen país si se mantiene el rechazo al debate: “Cuando Chile rechaza incluso debatir, no sólo le da la espalda al Consejo, sino a las recomendaciones reiteradas para cambiar su legislación. Es importante insistir en esta recomendación, un llamado de atención al próximo gobierno para que se pueda debatir y legislar en torno a ello”.
El Estado ha defendido el avance de la institucionalidad al potenciar el Instituto de Derechos Humanos, pero está pendiente que aún no se tipifica el delito de tortura, se mantiene la Justicia Militar y la Ley de Amnistía. Si bien se promulgó la Ley Antidiscriminación, grupos de derechos civiles señalan que no es suficiente. Un tercer punto clave será la poca actualización de políticas migrantes, además de agravar la relación del Estado con grupos indígenas.
El Examen Periódico Universal (EPU) es una audiencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde cada Estado es evaluado por sus pares e interrogado respecto de los avances en los tratados suscritos en distintas materias. Es la evaluación más amplia que compete a los países, donde se emiten distintas “recomendaciones” para avanzar en políticas públicas.
En 2009, Chile presentó su primer informe ante este plenario, donde comprometió trabajar en casi todas las recomendaciones recibidas desde distintos Estados. No obstante, el gobierno no aceptó sugerencias respecto de revisar la penalización de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia ni de informar políticas de fecundidad y ajustar la legislación del aborto en el país.
Este examen llevará a Chile al estrado en materia de derechos humanos justo al término de un gobierno criticado por su relación con movimientos sociales e indígenas. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, señala que las conclusiones de esta audiencia servirán como carta de navegación a las tareas del próximo gobierno.
“Es quizá la instancia más importante y completa de revisión a los Estados, y son los pares los que se revisan, hay una suerte de vigilancia mutua del cumplimiento de derechos humanos en cada país. La adopción final se hace en la próxima sesión ordinaria, que posiblemente sea para el próximo gobierno de Michelle Bachelet, por lo que se transforma en una carta de navegación muy importante, que debe tomarse como una herramienta con las prioridades de derechos humanos para Chile de cara a la comunidad internacional”, indicó Ana Piquer.
Una de las exponentes en esta sesión del EPU es Lidia Casas, investigadora del Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales, quien apronta un escenario complejo al considerar los “innumerables problemas sobre situación de los derechos humanos” durante la actual administración.
“Chile no está en buen pie, siempre ha intentado cultivar una imagen internacional de profundo respeto a los derechos humanos, y hoy enfrenta una serie de fenómenos que se fueron larvando, y que no es posible poner atención en ellos. Chile no puede seguir vendiendo una fotografía respetuosa de los derechos humanos, como lo ha hecho durante mucho tiempo”, dijo.
La investigadora subraya que el uso desproporcionado de la fuerza policial ante las movilizaciones sociales, la criminalización del conflicto mapuche y las comunidades sin acceso a agua potable son parte de conflictos que toman relevancia, además del tema migratorio carente de actualización.
Un punto importante es que, posiblemente, la evaluación repita las sugerencias respecto de derechos reproductivos y ley de aborto, lo cual suma una presión internacional para optimizar su legislación.
Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas que viajará a este encuentro, recalca el riesgo de la imagen país si se mantiene el rechazo al debate: “Cuando Chile rechaza incluso debatir, no sólo le da la espalda al Consejo, sino a las recomendaciones reiteradas para cambiar su legislación. Es importante insistir en esta recomendación, un llamado de atención al próximo gobierno para que se pueda debatir y legislar en torno a ello”.
El Estado ha defendido el avance de la institucionalidad al potenciar el Instituto de Derechos Humanos, pero está pendiente que aún no se tipifica el delito de tortura, se mantiene la Justicia Militar y la Ley de Amnistía. Si bien se promulgó la Ley Antidiscriminación, grupos de derechos civiles señalan que no es suficiente. Un tercer punto clave será la poca actualización de políticas migrantes, además de agravar la relación del Estado con grupos indígenas.
El Examen Periódico Universal (EPU) es una audiencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde cada Estado es evaluado por sus pares e interrogado respecto de los avances en los tratados suscritos en distintas materias. Es la evaluación más amplia que compete a los países, donde se emiten distintas “recomendaciones” para avanzar en políticas públicas.
En 2009, Chile presentó su primer informe ante este plenario, donde comprometió trabajar en casi todas las recomendaciones recibidas desde distintos Estados. No obstante, el gobierno no aceptó sugerencias respecto de revisar la penalización de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia ni de informar políticas de fecundidad y ajustar la legislación del aborto en el país.
Este examen llevará a Chile al estrado en materia de derechos humanos justo al término de un gobierno criticado por su relación con movimientos sociales e indígenas. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, señala que las conclusiones de esta audiencia servirán como carta de navegación a las tareas del próximo gobierno.
“Es quizá la instancia más importante y completa de revisión a los Estados, y son los pares los que se revisan, hay una suerte de vigilancia mutua del cumplimiento de derechos humanos en cada país. La adopción final se hace en la próxima sesión ordinaria, que posiblemente sea para el próximo gobierno de Michelle Bachelet, por lo que se transforma en una carta de navegación muy importante, que debe tomarse como una herramienta con las prioridades de derechos humanos para Chile de cara a la comunidad internacional”, indicó Ana Piquer.
Una de las exponentes en esta sesión del EPU es Lidia Casas, investigadora del Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales, quien apronta un escenario complejo al considerar los “innumerables problemas sobre situación de los derechos humanos” durante la actual administración.
“Chile no está en buen pie, siempre ha intentado cultivar una imagen internacional de profundo respeto a los derechos humanos, y hoy enfrenta una serie de fenómenos que se fueron larvando, y que no es posible poner atención en ellos. Chile no puede seguir vendiendo una fotografía respetuosa de los derechos humanos, como lo ha hecho durante mucho tiempo”, dijo.
La investigadora subraya que el uso desproporcionado de la fuerza policial ante las movilizaciones sociales, la criminalización del conflicto mapuche y las comunidades sin acceso a agua potable son parte de conflictos que toman relevancia, además del tema migratorio carente de actualización.
Un punto importante es que, posiblemente, la evaluación repita las sugerencias respecto de derechos reproductivos y ley de aborto, lo cual suma una presión internacional para optimizar su legislación.
Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas que viajará a este encuentro, recalca el riesgo de la imagen país si se mantiene el rechazo al debate: “Cuando Chile rechaza incluso debatir, no sólo le da la espalda al Consejo, sino a las recomendaciones reiteradas para cambiar su legislación. Es importante insistir en esta recomendación, un llamado de atención al próximo gobierno para que se pueda debatir y legislar en torno a ello”.
El Estado ha defendido el avance de la institucionalidad al potenciar el Instituto de Derechos Humanos, pero está pendiente que aún no se tipifica el delito de tortura, se mantiene la Justicia Militar y la Ley de Amnistía. Si bien se promulgó la Ley Antidiscriminación, grupos de derechos civiles señalan que no es suficiente. Un tercer punto clave será la poca actualización de políticas migrantes, además de agravar la relación del Estado con grupos indígenas.
