La Fiscalía Centro Norte ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, iniciar una indagación sobre 71 presuntas irregularidades en casos de exonerados políticos. El delito que se investiga es el fraude con subvenciones, producto de falsas declaraciones acreditando una alterada condición de exonerados políticos.
Pese a la acción solicitada, Cristian Letelier, ex diputado UDI y uno de los parlamentarios que se sumó a la entrega de datos a Contraloría, indicó que la cifra era “exigua e insuficiente”, por lo que pedirá mediante acción judicial que la justicia declare al Ministerio Público como incompetente para el caso, dejando la investigación de estas irregularidades en manos de la ministra en visita Mireya López.
“Yo creo, y en su momento mi abogada lo va a promover, de que esto lo vea el ministro en visita porque pienso que el ministerio público es incompetente para conocer de este programa, toda vez que empezó mucho años antes que se creara la reforma procesal penal. Yo creo que todo lo que ellos están haciendo y que la cantidad de exonerados sobre la que van a trabajar, me parece exiguo y absolutamente insuficiente”, pronunció.
Desde el Desde el Comando de Exonerados Políticos insisten en que la presentación de los casi tres mil antecedentes por parte de Contraloría corresponden a una jugada política de desacreditación del gobierno. Respecto de los posibles fraudes, Guadalupe Cerda, primera vicepresidenta de la entidad, reconoce que este puede existir, pero en una escala menor al indicado a mediados de año.
“Aquí se ha pisoteado la honra, la dignidad, de personas que hemos dado una vida de esfuerzo, de trabajo. Nos parece que la información que entrega la Fiscalía, en relación que se investiga a esas personas, demuestra que las irregularidades podrían ser tremendamente mínimas. Yo no puedo poner las manos al fuego porque no haya ninguno, es posible que alguien haya visto una posibilidad de obtener una pensión”, indicó.
Para la abogada de derechos humanos Julia Urquieta, con la declaración del ministerio queda en evidencia que “esto fue un montaje de gobierno, por lo que podría incluso disminuir aún más la cifra”.
“Eso fue parte de un montaje que hizo la ministra Matthei y que se hizo con un objetivo político de tratar de desacreditar la política de reparación hacia los exonerados. Esos 71 podrían disminuir, porque teóricamente esta muestra menor implica un principal descarte que hicieron, pero pueden ser menos”, declaró.
Recordemos que en junio de 2013 se destapó el presunto fraude, en ese momento Contraloría indicó que eran 2951 los casos necesarios de investigar.
Luego de las diversas investigaciones, desde el Comando de Exonerados Políticos preparan la defensa de alrededor de otras 27 personas, quienes por orden del IPS dejarían de percibir su pensión, según adelantó Guadalupe Cerda
La Fiscalía Centro Norte ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, iniciar una indagación sobre 71 presuntas irregularidades en casos de exonerados políticos. El delito que se investiga es el fraude con subvenciones, producto de falsas declaraciones acreditando una alterada condición de exonerados políticos.
Pese a la acción solicitada, Cristian Letelier, ex diputado UDI y uno de los parlamentarios que se sumó a la entrega de datos a Contraloría, indicó que la cifra era “exigua e insuficiente”, por lo que pedirá mediante acción judicial que la justicia declare al Ministerio Público como incompetente para el caso, dejando la investigación de estas irregularidades en manos de la ministra en visita Mireya López.
“Yo creo, y en su momento mi abogada lo va a promover, de que esto lo vea el ministro en visita porque pienso que el ministerio público es incompetente para conocer de este programa, toda vez que empezó mucho años antes que se creara la reforma procesal penal. Yo creo que todo lo que ellos están haciendo y que la cantidad de exonerados sobre la que van a trabajar, me parece exiguo y absolutamente insuficiente”, pronunció.
Desde el Desde el Comando de Exonerados Políticos insisten en que la presentación de los casi tres mil antecedentes por parte de Contraloría corresponden a una jugada política de desacreditación del gobierno. Respecto de los posibles fraudes, Guadalupe Cerda, primera vicepresidenta de la entidad, reconoce que este puede existir, pero en una escala menor al indicado a mediados de año.
“Aquí se ha pisoteado la honra, la dignidad, de personas que hemos dado una vida de esfuerzo, de trabajo. Nos parece que la información que entrega la Fiscalía, en relación que se investiga a esas personas, demuestra que las irregularidades podrían ser tremendamente mínimas. Yo no puedo poner las manos al fuego porque no haya ninguno, es posible que alguien haya visto una posibilidad de obtener una pensión”, indicó.
Para la abogada de derechos humanos Julia Urquieta, con la declaración del ministerio queda en evidencia que “esto fue un montaje de gobierno, por lo que podría incluso disminuir aún más la cifra”.
“Eso fue parte de un montaje que hizo la ministra Matthei y que se hizo con un objetivo político de tratar de desacreditar la política de reparación hacia los exonerados. Esos 71 podrían disminuir, porque teóricamente esta muestra menor implica un principal descarte que hicieron, pero pueden ser menos”, declaró.
Recordemos que en junio de 2013 se destapó el presunto fraude, en ese momento Contraloría indicó que eran 2951 los casos necesarios de investigar.
Luego de las diversas investigaciones, desde el Comando de Exonerados Políticos preparan la defensa de alrededor de otras 27 personas, quienes por orden del IPS dejarían de percibir su pensión, según adelantó Guadalupe Cerda
La Fiscalía Centro Norte ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, iniciar una indagación sobre 71 presuntas irregularidades en casos de exonerados políticos. El delito que se investiga es el fraude con subvenciones, producto de falsas declaraciones acreditando una alterada condición de exonerados políticos.
Pese a la acción solicitada, Cristian Letelier, ex diputado UDI y uno de los parlamentarios que se sumó a la entrega de datos a Contraloría, indicó que la cifra era “exigua e insuficiente”, por lo que pedirá mediante acción judicial que la justicia declare al Ministerio Público como incompetente para el caso, dejando la investigación de estas irregularidades en manos de la ministra en visita Mireya López.
“Yo creo, y en su momento mi abogada lo va a promover, de que esto lo vea el ministro en visita porque pienso que el ministerio público es incompetente para conocer de este programa, toda vez que empezó mucho años antes que se creara la reforma procesal penal. Yo creo que todo lo que ellos están haciendo y que la cantidad de exonerados sobre la que van a trabajar, me parece exiguo y absolutamente insuficiente”, pronunció.
Desde el Desde el Comando de Exonerados Políticos insisten en que la presentación de los casi tres mil antecedentes por parte de Contraloría corresponden a una jugada política de desacreditación del gobierno. Respecto de los posibles fraudes, Guadalupe Cerda, primera vicepresidenta de la entidad, reconoce que este puede existir, pero en una escala menor al indicado a mediados de año.
“Aquí se ha pisoteado la honra, la dignidad, de personas que hemos dado una vida de esfuerzo, de trabajo. Nos parece que la información que entrega la Fiscalía, en relación que se investiga a esas personas, demuestra que las irregularidades podrían ser tremendamente mínimas. Yo no puedo poner las manos al fuego porque no haya ninguno, es posible que alguien haya visto una posibilidad de obtener una pensión”, indicó.
Para la abogada de derechos humanos Julia Urquieta, con la declaración del ministerio queda en evidencia que “esto fue un montaje de gobierno, por lo que podría incluso disminuir aún más la cifra”.
“Eso fue parte de un montaje que hizo la ministra Matthei y que se hizo con un objetivo político de tratar de desacreditar la política de reparación hacia los exonerados. Esos 71 podrían disminuir, porque teóricamente esta muestra menor implica un principal descarte que hicieron, pero pueden ser menos”, declaró.
Recordemos que en junio de 2013 se destapó el presunto fraude, en ese momento Contraloría indicó que eran 2951 los casos necesarios de investigar.
Luego de las diversas investigaciones, desde el Comando de Exonerados Políticos preparan la defensa de alrededor de otras 27 personas, quienes por orden del IPS dejarían de percibir su pensión, según adelantó Guadalupe Cerda
