Reforma previsional: AFP Estatal y Sistema de Reparto en debate
Sumar competencia al mercado de las AFP es un objetivo en los tres proyectos que tiene el Congreso para iniciar una reforma previsional. El compromiso está en el programa de la Nueva Mayoría, y los actores sociales van más allá de una entidad pública, y proponen un cambio de esquema que incluya distintas fórmulas de ahorro.
Domingo 19 de enero 2014 10:00 hrs.
Durante la última campaña presidencial, el tema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no estuvo ausente. De hecho, el programa de Michelle Bachelet contempla que “se enviará al Congreso un proyecto de ley que crea una AFP estatal, que permita mayor competencia de precios, con atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes, como los trabajadores independientes, de menores rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los grandes centros urbanos”.
Una vez más se instala la discusión sobre la creación de una AFP estatal. Desde 2008, el Congreso Nacional ha recibido tres proyectos sobre esta instancia pública, los que coinciden en sumar competencia al mercado previsional.
Desde otros sectores rechazan la propuesta por considerar que no representaría un cambio a las actuales condiciones del sistema. La oposición de trabajadores y de organizaciones sociales a la creación de una AFP estatal se manifestó la semana pasada, en Valdivia, donde dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguraron que retomarán el debate en rechazo de la propuesta de Michelle Bachelet.
Precisamente, para la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, el actual sistema de AFP no da cuenta de las verdaderas necesidades, por lo que se debe pensar en un tránsito hacia un sistema de pensiones distinto, como un sistema de reparto.
La líder de la multisindical indica que “comprendemos la lógica de la competitividad del sistema, por ejemplo, a partir de la propuesta de AFP estatal, como un muro de contención que viene a regular, pero que más allá de las reformas y modificaciones, corresponde a un sistema que ya demostró que no garantiza a los trabajadores pasivos de que efectivamente se podría acceder a pensiones dignas”.
“Cambiar el sistema de AFP –agrega– va a requerir una correlación de fuerzas muy grande desde todos los sectores comprometidos y tener la convicción de superar este sistema fracasado, lo que no será fácil”.
Además, según la presidenta de la CUT, “es evidente que el debate se abrirá, lo que es saludable en el contexto del próximo Gobierno. No sé si vamos a estar en condiciones de resolverlo, pero tengo claro que para avanzar dependerá de la fuerza con que levantemos no sólo la demanda por el fin de las AFP, sino también las propuestas alternativas para construir un sistema distinto”.
Avance legislativo
Desde el Congreso se decidió encargar un estudio a una comisión especial del Senado, cuyo informe se apresta a ser presentado en Sala. El presidente es Eugenio Tuma (PPD), y explica que al ser un desafío para el próximo Gobierno, debiera ser discutido en el Congreso con la presencia de los legisladores recién electos, no antes de marzo.
“Se habla mucho de la libertad de elegir, lo que enarbola bastante la derecha. En materia de educación, de salud y de vivienda, que elija la gente. ¿Por qué los trabajadores no pueden elegir donde ponen su plata?”, plantea el senador Tuma, para quien la solución radica en “mantener el sistema de AFP para los que quieran quedarse y perfeccionarlo. Y establecer un sistema distinto y solidario para los trabajadores que deseen estar en un fondo administrado por el Estado, por una institución sin fines de lucro”.
Tuma aclara que no se trata de una AFP estatal. “Lo que se plantea es una alternativa distinta que administraría el Estado, un modelo solidario y de reparto”, explica.
Entre las propuestas acordadas por esta comisión especial para el estudio de reformas al sistema previsional, destaca la creación de un sistema de pensión universal, solidario y público, sin fines de lucro, que consagre el derecho de los trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras.
Además, disminuir los riesgos de los fondos de pensiones, distinguir entre ahorro obligatorio y voluntario, abordar y reparar la deuda previsional, aumentar el tope de sueldo imponible, establecer el pago del 100% de la pensión de sobrevivencia, disminuir el tiempo para hacer efectivo el cambio de fondos, mantener la edad legal de jubilación y que a partir de ésta sea posible incorporarse al Instituto de Previsión Social para que éste administre los ahorros y pague las pensiones.
Desde las AFP se mantiene una defensa del modelo, sector al que se ha incorporado recientemente Pablo Longueira, luego de su retiro de la política. El líder gremialista se sumó al registro de directores, donde poco más de 300 nombres son ahora alternativas para 15 directorios donde las AFP deben renovar a sus representantes, lo que podría marcar el próximo escenario del ex candidato presidencial de la Alianza.
Durante la última campaña presidencial, el tema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no estuvo ausente. De hecho, el programa de Michelle Bachelet contempla que “se enviará al Congreso un proyecto de ley que crea una AFP estatal, que permita mayor competencia de precios, con atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes, como los trabajadores independientes, de menores rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los grandes centros urbanos”.
Una vez más se instala la discusión sobre la creación de una AFP estatal. Desde 2008, el Congreso Nacional ha recibido tres proyectos sobre esta instancia pública, los que coinciden en sumar competencia al mercado previsional.
Desde otros sectores rechazan la propuesta por considerar que no representaría un cambio a las actuales condiciones del sistema. La oposición de trabajadores y de organizaciones sociales a la creación de una AFP estatal se manifestó la semana pasada, en Valdivia, donde dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguraron que retomarán el debate en rechazo de la propuesta de Michelle Bachelet.
Precisamente, para la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, el actual sistema de AFP no da cuenta de las verdaderas necesidades, por lo que se debe pensar en un tránsito hacia un sistema de pensiones distinto, como un sistema de reparto.
La líder de la multisindical indica que “comprendemos la lógica de la competitividad del sistema, por ejemplo, a partir de la propuesta de AFP estatal, como un muro de contención que viene a regular, pero que más allá de las reformas y modificaciones, corresponde a un sistema que ya demostró que no garantiza a los trabajadores pasivos de que efectivamente se podría acceder a pensiones dignas”.
“Cambiar el sistema de AFP –agrega– va a requerir una correlación de fuerzas muy grande desde todos los sectores comprometidos y tener la convicción de superar este sistema fracasado, lo que no será fácil”.
Además, según la presidenta de la CUT, “es evidente que el debate se abrirá, lo que es saludable en el contexto del próximo Gobierno. No sé si vamos a estar en condiciones de resolverlo, pero tengo claro que para avanzar dependerá de la fuerza con que levantemos no sólo la demanda por el fin de las AFP, sino también las propuestas alternativas para construir un sistema distinto”.
Avance legislativo
Desde el Congreso se decidió encargar un estudio a una comisión especial del Senado, cuyo informe se apresta a ser presentado en Sala. El presidente es Eugenio Tuma (PPD), y explica que al ser un desafío para el próximo Gobierno, debiera ser discutido en el Congreso con la presencia de los legisladores recién electos, no antes de marzo.
“Se habla mucho de la libertad de elegir, lo que enarbola bastante la derecha. En materia de educación, de salud y de vivienda, que elija la gente. ¿Por qué los trabajadores no pueden elegir donde ponen su plata?”, plantea el senador Tuma, para quien la solución radica en “mantener el sistema de AFP para los que quieran quedarse y perfeccionarlo. Y establecer un sistema distinto y solidario para los trabajadores que deseen estar en un fondo administrado por el Estado, por una institución sin fines de lucro”.
Tuma aclara que no se trata de una AFP estatal. “Lo que se plantea es una alternativa distinta que administraría el Estado, un modelo solidario y de reparto”, explica.
Entre las propuestas acordadas por esta comisión especial para el estudio de reformas al sistema previsional, destaca la creación de un sistema de pensión universal, solidario y público, sin fines de lucro, que consagre el derecho de los trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras.
Además, disminuir los riesgos de los fondos de pensiones, distinguir entre ahorro obligatorio y voluntario, abordar y reparar la deuda previsional, aumentar el tope de sueldo imponible, establecer el pago del 100% de la pensión de sobrevivencia, disminuir el tiempo para hacer efectivo el cambio de fondos, mantener la edad legal de jubilación y que a partir de ésta sea posible incorporarse al Instituto de Previsión Social para que éste administre los ahorros y pague las pensiones.
Desde las AFP se mantiene una defensa del modelo, sector al que se ha incorporado recientemente Pablo Longueira, luego de su retiro de la política. El líder gremialista se sumó al registro de directores, donde poco más de 300 nombres son ahora alternativas para 15 directorios donde las AFP deben renovar a sus representantes, lo que podría marcar el próximo escenario del ex candidato presidencial de la Alianza.
Durante la última campaña presidencial, el tema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no estuvo ausente. De hecho, el programa de Michelle Bachelet contempla que “se enviará al Congreso un proyecto de ley que crea una AFP estatal, que permita mayor competencia de precios, con atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes, como los trabajadores independientes, de menores rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los grandes centros urbanos”.
Una vez más se instala la discusión sobre la creación de una AFP estatal. Desde 2008, el Congreso Nacional ha recibido tres proyectos sobre esta instancia pública, los que coinciden en sumar competencia al mercado previsional.
Desde otros sectores rechazan la propuesta por considerar que no representaría un cambio a las actuales condiciones del sistema. La oposición de trabajadores y de organizaciones sociales a la creación de una AFP estatal se manifestó la semana pasada, en Valdivia, donde dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguraron que retomarán el debate en rechazo de la propuesta de Michelle Bachelet.
Precisamente, para la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, el actual sistema de AFP no da cuenta de las verdaderas necesidades, por lo que se debe pensar en un tránsito hacia un sistema de pensiones distinto, como un sistema de reparto.
La líder de la multisindical indica que “comprendemos la lógica de la competitividad del sistema, por ejemplo, a partir de la propuesta de AFP estatal, como un muro de contención que viene a regular, pero que más allá de las reformas y modificaciones, corresponde a un sistema que ya demostró que no garantiza a los trabajadores pasivos de que efectivamente se podría acceder a pensiones dignas”.
“Cambiar el sistema de AFP –agrega– va a requerir una correlación de fuerzas muy grande desde todos los sectores comprometidos y tener la convicción de superar este sistema fracasado, lo que no será fácil”.
Además, según la presidenta de la CUT, “es evidente que el debate se abrirá, lo que es saludable en el contexto del próximo Gobierno. No sé si vamos a estar en condiciones de resolverlo, pero tengo claro que para avanzar dependerá de la fuerza con que levantemos no sólo la demanda por el fin de las AFP, sino también las propuestas alternativas para construir un sistema distinto”.
Avance legislativo
Desde el Congreso se decidió encargar un estudio a una comisión especial del Senado, cuyo informe se apresta a ser presentado en Sala. El presidente es Eugenio Tuma (PPD), y explica que al ser un desafío para el próximo Gobierno, debiera ser discutido en el Congreso con la presencia de los legisladores recién electos, no antes de marzo.
“Se habla mucho de la libertad de elegir, lo que enarbola bastante la derecha. En materia de educación, de salud y de vivienda, que elija la gente. ¿Por qué los trabajadores no pueden elegir donde ponen su plata?”, plantea el senador Tuma, para quien la solución radica en “mantener el sistema de AFP para los que quieran quedarse y perfeccionarlo. Y establecer un sistema distinto y solidario para los trabajadores que deseen estar en un fondo administrado por el Estado, por una institución sin fines de lucro”.
Tuma aclara que no se trata de una AFP estatal. “Lo que se plantea es una alternativa distinta que administraría el Estado, un modelo solidario y de reparto”, explica.
Entre las propuestas acordadas por esta comisión especial para el estudio de reformas al sistema previsional, destaca la creación de un sistema de pensión universal, solidario y público, sin fines de lucro, que consagre el derecho de los trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras.
Además, disminuir los riesgos de los fondos de pensiones, distinguir entre ahorro obligatorio y voluntario, abordar y reparar la deuda previsional, aumentar el tope de sueldo imponible, establecer el pago del 100% de la pensión de sobrevivencia, disminuir el tiempo para hacer efectivo el cambio de fondos, mantener la edad legal de jubilación y que a partir de ésta sea posible incorporarse al Instituto de Previsión Social para que éste administre los ahorros y pague las pensiones.
Desde las AFP se mantiene una defensa del modelo, sector al que se ha incorporado recientemente Pablo Longueira, luego de su retiro de la política. El líder gremialista se sumó al registro de directores, donde poco más de 300 nombres son ahora alternativas para 15 directorios donde las AFP deben renovar a sus representantes, lo que podría marcar el próximo escenario del ex candidato presidencial de la Alianza.
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