Hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel llegaron padres y apoderados de Buin para interponer un recurso de protección contra el alcalde PPD Ángel Bozán y las autoridades de la corporación municipal por el cierre parcial del Colegio de Maipo y el cierre total de la Escuela Rayen Mapu.
Luis Yáñez, presidente de la Federaciones Nacional de Trabajadores de la Educación – SUTE -, señaló que las autoridades no han cumplido con los procedimientos que establece el Decreto 315, que exige la notificación anticipada del cierre de los establecimientos, además de la entrega de actas y certificados que permitan el traslado de las alumnas y alumnos.
Yáñez agregó que la Seremi de Educación no se ha ajustado a la normativa, afectando la educación pública de esta comuna y otras del país.
“Hoy la Seremi se ha hecho parte de una ilegalidad donde muchos municipios, no solamente el de Cerro Navia, sino que también el de Peñaflor, o el de Hualpén, han estado haciendo uso de algunas facultades que no están establecidas en la ley y que han ido dañando el derecho a la educación, rompiendo la educación pública en nuestra comuna”, advirtió.
El recurso de protección fue apoyado por estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, así como por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
Para Eloísa González, esto reafirma que los municipios no están siendo capaces de sostener el sistema educativo.
“La demanda de desmunicipalización hace más sentido que nunca, sobre todo, el que las comunidades educativas se empoderen del espacio mediante el control comunitario. Esta es una consigna que hoy cobra fuerza, pensando en la realidad que están viviendo estas comunidades educativas”, aseveró.
Además del recurso de protección presentado hoy, la próxima semana acudirían a la Contraloría General de la República para denunciar al alcalde y funcionarios de la corporación por notable abandono de deberes administrativos, así como también presentarán antecedentes en materia laboral a la Dirección del Trabajo.
Los dirigentes anunciaron una reunión entre apoderados y las organizaciones para coordinar una movilización en los próximos días.
Hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel llegaron padres y apoderados de Buin para interponer un recurso de protección contra el alcalde PPD Ángel Bozán y las autoridades de la corporación municipal por el cierre parcial del Colegio de Maipo y el cierre total de la Escuela Rayen Mapu.
Luis Yáñez, presidente de la Federaciones Nacional de Trabajadores de la Educación – SUTE -, señaló que las autoridades no han cumplido con los procedimientos que establece el Decreto 315, que exige la notificación anticipada del cierre de los establecimientos, además de la entrega de actas y certificados que permitan el traslado de las alumnas y alumnos.
Yáñez agregó que la Seremi de Educación no se ha ajustado a la normativa, afectando la educación pública de esta comuna y otras del país.
“Hoy la Seremi se ha hecho parte de una ilegalidad donde muchos municipios, no solamente el de Cerro Navia, sino que también el de Peñaflor, o el de Hualpén, han estado haciendo uso de algunas facultades que no están establecidas en la ley y que han ido dañando el derecho a la educación, rompiendo la educación pública en nuestra comuna”, advirtió.
El recurso de protección fue apoyado por estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, así como por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
Para Eloísa González, esto reafirma que los municipios no están siendo capaces de sostener el sistema educativo.
“La demanda de desmunicipalización hace más sentido que nunca, sobre todo, el que las comunidades educativas se empoderen del espacio mediante el control comunitario. Esta es una consigna que hoy cobra fuerza, pensando en la realidad que están viviendo estas comunidades educativas”, aseveró.
Además del recurso de protección presentado hoy, la próxima semana acudirían a la Contraloría General de la República para denunciar al alcalde y funcionarios de la corporación por notable abandono de deberes administrativos, así como también presentarán antecedentes en materia laboral a la Dirección del Trabajo.
Los dirigentes anunciaron una reunión entre apoderados y las organizaciones para coordinar una movilización en los próximos días.
Hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel llegaron padres y apoderados de Buin para interponer un recurso de protección contra el alcalde PPD Ángel Bozán y las autoridades de la corporación municipal por el cierre parcial del Colegio de Maipo y el cierre total de la Escuela Rayen Mapu.
Luis Yáñez, presidente de la Federaciones Nacional de Trabajadores de la Educación – SUTE -, señaló que las autoridades no han cumplido con los procedimientos que establece el Decreto 315, que exige la notificación anticipada del cierre de los establecimientos, además de la entrega de actas y certificados que permitan el traslado de las alumnas y alumnos.
Yáñez agregó que la Seremi de Educación no se ha ajustado a la normativa, afectando la educación pública de esta comuna y otras del país.
“Hoy la Seremi se ha hecho parte de una ilegalidad donde muchos municipios, no solamente el de Cerro Navia, sino que también el de Peñaflor, o el de Hualpén, han estado haciendo uso de algunas facultades que no están establecidas en la ley y que han ido dañando el derecho a la educación, rompiendo la educación pública en nuestra comuna”, advirtió.
El recurso de protección fue apoyado por estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, así como por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
Para Eloísa González, esto reafirma que los municipios no están siendo capaces de sostener el sistema educativo.
“La demanda de desmunicipalización hace más sentido que nunca, sobre todo, el que las comunidades educativas se empoderen del espacio mediante el control comunitario. Esta es una consigna que hoy cobra fuerza, pensando en la realidad que están viviendo estas comunidades educativas”, aseveró.
Además del recurso de protección presentado hoy, la próxima semana acudirían a la Contraloría General de la República para denunciar al alcalde y funcionarios de la corporación por notable abandono de deberes administrativos, así como también presentarán antecedentes en materia laboral a la Dirección del Trabajo.
Los dirigentes anunciaron una reunión entre apoderados y las organizaciones para coordinar una movilización en los próximos días.
