El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá, fue suscrito en abril de 1948 por los países americanos en el marco de la novena Conferencia Panamericana que se celebró en la capital colombiana.
El acuerdo, que entró en vigencia en mayo de 1949, le otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, permitiendo que esta instancia dirima disputas legales entre estados.
En los últimos cinco años, han sido cinco los conflictos latinoamericanos en que se ha recurrido a la corte ubicada en la ciudad holandesa de La Haya. Además del diferendo marítimo entre Chile y Perú, Ecuador presentó una demanda contra Colombia en 2008 por fumigaciones riesgosas en su territorio, aún sin resolver; Uruguay y Argentina se enfrentaron por la instalación de una planta de celulosa en la orilla oriental del río Uruguay; y Nicaragua demandó a Costa Rica por conflictos ambientales, entre otras materias.
Por último, la demanda de Nicaragua contra Colombia terminó con la ampliación de los límites marítimos del país centroamericano, resolución que provocó la molestia del gobierno de José Manuel Santos y el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá.
Francisca Quiroga, analista y académica de la Universidad de Chile, sostuvo que Chile no debe analizar su pertenencia de acuerdo a coyunturas, sino que debe hacerlo de manera estratégica y con proyección, de acuerdo a sus deberes y derechos: “Decir que el problema es firmar o no el pacto, frente a una coyuntura en particular y con fines instrumentales, es irresponsable y, en términos políticos, no es reflexivo. Una cuestión más de fondo sería discutir cuál es el escenario y la estrategia de inserción en América Latina con una serie de otras iniciativas, que no pasan solo por cuestiones jurídicas”, dijo.
Respecto de los llamados de diputados a retirarse del Pacto de Bogotá, la especialista agregó que no se debe caer en una mirada reduccionista y valoró la mirada de un tercero para dirimir no sólo sobre temas limítrofes, sino también sobre migración de personas, derechos del agua, recursos naturales y otros temas importantes para la integración solidaria de los latinoamericanos.
En tanto, el abogado internacionalista de la Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo, subrayó que el Pacto de Bogotá se estableció en un contexto de posguerra en que Naciones Unidas, mediante la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsó un movimiento integracionista, pacifista y proestadounidense.
Asimismo, Rodríguez Elizondo consideró que el tribunal de La Haya es una instancia a la que no se llegaría si hubiera una estrategia de Cancillería que avanzara en las relaciones con los países vecinos: “Lo que se está poniendo sobre el tapete es hasta qué punto los estados escabullen sus responsabilidades políticas de negociación, delegando la solución de problemas importantes en organismos judiciales”, afirmó.
Para el abogado, Chile debió analizar la posibilidad de salirse del Pacto de Bogotá cuando Perú le advirtió a Chile de sus intenciones judiciales, información que le fue entregada a Augusto Pinochet en 1985. En esa ocasión, estimó, faltó inteligencia diplomática para enfrentar la situación: “Estas cosas se hacen cuando corresponde, en forma oportuna, cuando hay previsión e imaginación estratégica, cuando hay buena inteligencia diplomática. Ahora no es una buena decisión, aparece como una medida rencorosa con respecto de las instituciones. Es el tipo de cosas que hacen necesaria una Cancillería con capacidad de análisis prospectivo”, aseguró.
Ambos analistas consideraron que es necesario un vuelco en las relaciones estratégicas y la mirada con que se abordan estos conflictos, más allá de la adhesión o no al pacto. Las malas gestiones en este ámbito tienen a Chile con una imagen de mal vecino que si no es revertida le traerá más problemas a futuro, advirtieron.
Independiente de la resolución del próximo lunes, este tema seguirá causando polémica. El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, ya informó que se reunirá con el canciller Alfredo Moreno este martes para analizar la pertenencia de Chile al tratado.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá, fue suscrito en abril de 1948 por los países americanos en el marco de la novena Conferencia Panamericana que se celebró en la capital colombiana.
El acuerdo, que entró en vigencia en mayo de 1949, le otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, permitiendo que esta instancia dirima disputas legales entre estados.
En los últimos cinco años, han sido cinco los conflictos latinoamericanos en que se ha recurrido a la corte ubicada en la ciudad holandesa de La Haya. Además del diferendo marítimo entre Chile y Perú, Ecuador presentó una demanda contra Colombia en 2008 por fumigaciones riesgosas en su territorio, aún sin resolver; Uruguay y Argentina se enfrentaron por la instalación de una planta de celulosa en la orilla oriental del río Uruguay; y Nicaragua demandó a Costa Rica por conflictos ambientales, entre otras materias.
Por último, la demanda de Nicaragua contra Colombia terminó con la ampliación de los límites marítimos del país centroamericano, resolución que provocó la molestia del gobierno de José Manuel Santos y el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá.
Francisca Quiroga, analista y académica de la Universidad de Chile, sostuvo que Chile no debe analizar su pertenencia de acuerdo a coyunturas, sino que debe hacerlo de manera estratégica y con proyección, de acuerdo a sus deberes y derechos: “Decir que el problema es firmar o no el pacto, frente a una coyuntura en particular y con fines instrumentales, es irresponsable y, en términos políticos, no es reflexivo. Una cuestión más de fondo sería discutir cuál es el escenario y la estrategia de inserción en América Latina con una serie de otras iniciativas, que no pasan solo por cuestiones jurídicas”, dijo.
Respecto de los llamados de diputados a retirarse del Pacto de Bogotá, la especialista agregó que no se debe caer en una mirada reduccionista y valoró la mirada de un tercero para dirimir no sólo sobre temas limítrofes, sino también sobre migración de personas, derechos del agua, recursos naturales y otros temas importantes para la integración solidaria de los latinoamericanos.
En tanto, el abogado internacionalista de la Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo, subrayó que el Pacto de Bogotá se estableció en un contexto de posguerra en que Naciones Unidas, mediante la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsó un movimiento integracionista, pacifista y proestadounidense.
Asimismo, Rodríguez Elizondo consideró que el tribunal de La Haya es una instancia a la que no se llegaría si hubiera una estrategia de Cancillería que avanzara en las relaciones con los países vecinos: “Lo que se está poniendo sobre el tapete es hasta qué punto los estados escabullen sus responsabilidades políticas de negociación, delegando la solución de problemas importantes en organismos judiciales”, afirmó.
Para el abogado, Chile debió analizar la posibilidad de salirse del Pacto de Bogotá cuando Perú le advirtió a Chile de sus intenciones judiciales, información que le fue entregada a Augusto Pinochet en 1985. En esa ocasión, estimó, faltó inteligencia diplomática para enfrentar la situación: “Estas cosas se hacen cuando corresponde, en forma oportuna, cuando hay previsión e imaginación estratégica, cuando hay buena inteligencia diplomática. Ahora no es una buena decisión, aparece como una medida rencorosa con respecto de las instituciones. Es el tipo de cosas que hacen necesaria una Cancillería con capacidad de análisis prospectivo”, aseguró.
Ambos analistas consideraron que es necesario un vuelco en las relaciones estratégicas y la mirada con que se abordan estos conflictos, más allá de la adhesión o no al pacto. Las malas gestiones en este ámbito tienen a Chile con una imagen de mal vecino que si no es revertida le traerá más problemas a futuro, advirtieron.
Independiente de la resolución del próximo lunes, este tema seguirá causando polémica. El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, ya informó que se reunirá con el canciller Alfredo Moreno este martes para analizar la pertenencia de Chile al tratado.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá, fue suscrito en abril de 1948 por los países americanos en el marco de la novena Conferencia Panamericana que se celebró en la capital colombiana.
El acuerdo, que entró en vigencia en mayo de 1949, le otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, permitiendo que esta instancia dirima disputas legales entre estados.
En los últimos cinco años, han sido cinco los conflictos latinoamericanos en que se ha recurrido a la corte ubicada en la ciudad holandesa de La Haya. Además del diferendo marítimo entre Chile y Perú, Ecuador presentó una demanda contra Colombia en 2008 por fumigaciones riesgosas en su territorio, aún sin resolver; Uruguay y Argentina se enfrentaron por la instalación de una planta de celulosa en la orilla oriental del río Uruguay; y Nicaragua demandó a Costa Rica por conflictos ambientales, entre otras materias.
Por último, la demanda de Nicaragua contra Colombia terminó con la ampliación de los límites marítimos del país centroamericano, resolución que provocó la molestia del gobierno de José Manuel Santos y el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá.
Francisca Quiroga, analista y académica de la Universidad de Chile, sostuvo que Chile no debe analizar su pertenencia de acuerdo a coyunturas, sino que debe hacerlo de manera estratégica y con proyección, de acuerdo a sus deberes y derechos: “Decir que el problema es firmar o no el pacto, frente a una coyuntura en particular y con fines instrumentales, es irresponsable y, en términos políticos, no es reflexivo. Una cuestión más de fondo sería discutir cuál es el escenario y la estrategia de inserción en América Latina con una serie de otras iniciativas, que no pasan solo por cuestiones jurídicas”, dijo.
Respecto de los llamados de diputados a retirarse del Pacto de Bogotá, la especialista agregó que no se debe caer en una mirada reduccionista y valoró la mirada de un tercero para dirimir no sólo sobre temas limítrofes, sino también sobre migración de personas, derechos del agua, recursos naturales y otros temas importantes para la integración solidaria de los latinoamericanos.
En tanto, el abogado internacionalista de la Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo, subrayó que el Pacto de Bogotá se estableció en un contexto de posguerra en que Naciones Unidas, mediante la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsó un movimiento integracionista, pacifista y proestadounidense.
Asimismo, Rodríguez Elizondo consideró que el tribunal de La Haya es una instancia a la que no se llegaría si hubiera una estrategia de Cancillería que avanzara en las relaciones con los países vecinos: “Lo que se está poniendo sobre el tapete es hasta qué punto los estados escabullen sus responsabilidades políticas de negociación, delegando la solución de problemas importantes en organismos judiciales”, afirmó.
Para el abogado, Chile debió analizar la posibilidad de salirse del Pacto de Bogotá cuando Perú le advirtió a Chile de sus intenciones judiciales, información que le fue entregada a Augusto Pinochet en 1985. En esa ocasión, estimó, faltó inteligencia diplomática para enfrentar la situación: “Estas cosas se hacen cuando corresponde, en forma oportuna, cuando hay previsión e imaginación estratégica, cuando hay buena inteligencia diplomática. Ahora no es una buena decisión, aparece como una medida rencorosa con respecto de las instituciones. Es el tipo de cosas que hacen necesaria una Cancillería con capacidad de análisis prospectivo”, aseguró.
Ambos analistas consideraron que es necesario un vuelco en las relaciones estratégicas y la mirada con que se abordan estos conflictos, más allá de la adhesión o no al pacto. Las malas gestiones en este ámbito tienen a Chile con una imagen de mal vecino que si no es revertida le traerá más problemas a futuro, advirtieron.
Independiente de la resolución del próximo lunes, este tema seguirá causando polémica. El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, ya informó que se reunirá con el canciller Alfredo Moreno este martes para analizar la pertenencia de Chile al tratado.
