Este domingo finalizó el primer proceso de consulta indígena en Isla de Pascua, desarrollado por el ministerio de Bienes Nacionales para resolver el futuro de los terrenos pertenecientes al fundo Vaitea.
En 2010, el Ejecutivo comprometió un plan de restitución de tierras que contempla 1.051 hectáreas, ubicadas al este de Hanga Roa. Los terrenos serán divididos en 262 parcelas de 2,5 hectáreas, destinadas a familias que postularon por medio de la Corporación de Desarrollo de la Isla (Codeipa).
La Consulta Indígena contempla un trabajo en conjunto con las comunidades y el Estado, pero representantes del pueblo rapa nui han denunciaron que esto no se ha cumplido: acusan a Bienes Nacionales de no actuar de buena fe ni reunir las garantías mínimas consagradas en instrumentos internacionales, generando un “proceso fraudulento”.
Habitantes de la isla denunciaron que el proceso no se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual “obliga al Estado a establecer un mecanismo de consulta, que considere las instituciones representativas de los pueblos, para que puedan participar libremente en las decisiones que les afecten”.
La vocera de la comunidad Hitorangi, Marisol Hito, llamó a no participar de la consulta, para que no se logre el quórum mínimo, y enfatizó que la consulta “es una creación jurídica propia del ministerio de Bienes Nacionales que no se ajusta a derecho”.
“Esta consulta es ilegítima. Es preocupante que el Gobierno y el ministerio de Bienes Nacionales hayan presionado al pueblo rapa nui para votar en una consulta acerca de la cual el pueblo no participó en nada. Mientras el Estado siga en esa actitud poco favorable para nosotros y poco transparente, la desconfianza siempre va a seguir, porque lo que han hecho nunca ha sido para beneficiarnos”, explicó.
Además, la dirigenta puntualizó que las preguntas planteadas en la consulta son ambiguas y se prestan para múltiples interpretaciones.
En cuanto al plan de restitución de tierras, Rafael Tuki, consejero de Rapa Nui en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), indicó que el proceso debe ser colectivo y garantizar que las tierras no sean traspasadas a privados: “La restitución de las tierras es un deber estatal, según el Convenio 169, que es ley en Chile. Si el Gobierno habla de restitución, está hablando de propiedad colectiva de un pueblo. ¿Cuál es el miedo del pueblo rapa nui? Que el ministerio de Bienes Nacionales siempre ha entregado títulos de dominio y hasta de radicación, lo que convierte la propiedad en un bien transable que se puede vender. Entonces lo que ha pedido el pueblo rapa nui es que, si hay restitución, se haga con títulos colectivos y a la manera ancestral, protegiendo las propiedades para que no puedan ser vendidas”, señaló.
Tuki agregó que si el objetivo de la restitución es solucionar un problema habitacional, el proceso contradice el supuesto destino agrícola definido por el Gobierno. En ese sentido, planteó que se buscaría evitar la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
Asimismo, comentó que aún no existe un padrón electoral, por lo que el derecho de consulta está siendo violado desde su implementación.
Por su parte, la consejera ante la Conadi, Ana Llao, señaló “el Convenio 169 se ha venido violando sistemáticamente en el Gobierno de Piñera y en los anteriores, pese a las movilizaciones. Si hubo algunos cambios, solo fueron superficiales. No hubo acuerdo en tres temas, que son la afectación directa, las medidas que deben ser consultadas y las inversiones económicas. Hoy día el Estado dio luz verde a todos los megaproyectos que se están invirtiendo en las comunidades”.
Las autoridades del pueblo rapa nui presentarán un recurso de protección y manifestaron su intención de llegar a tribunales internacionales para dar a conocer la vulneración a sus derechos ancestrales.