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Críticas al MOP:

Concesionaria que se adjudicó autopista Vespucio-Oriente tendría demandado al Estado

Expertos y autoridades comunales cuestionan la decisión del gobierno de adjudicar la concesión del primer tramo de la autopista Vespucio-Oriente. Las críticas apuntan al consorcio adjudicado para la construcción, además de una licitación se habría zanjado en muy pocos días.

Paula Campos

  Miércoles 29 de enero 2014 18:23 hrs. 
Vespucio-Oriente

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Las molestias por la construcción de la autopista Vespucio-Oriente cobran fuerza. Luego de que se concretara la licitación del primer tramo, que va desde El Salto hasta avenida Príncipe de Gales, adjudicada al consorcio conformado por OHL Concesiones Chile-Sacyr, organizaciones y municipio cuestionan a la empresa escogida.

OHL, empresa española, que deberá asumir la construcción de estos 9,3kms, es duramente criticada en su relación con el Estado chileno, esto producto de demandas interpuestas contra el sector público por la construcción del Hospital Militar de Avenida Larraín.

La disputa entre los vecinos y el proyecto de construcción de esta autopista no es reciente. Hace nueve años se propuso por primera vez unir Vespucio desde El Salto hasta Grecia, lo que generó molestia en los vecinos de las comunas de La Reina y Peñalolén.

Hoy, se hacen dos principales reparos a la acción de licitación concluida este martes. Por un lado, la rapidez con la que se efectúo el proceso y, por otro, las empresas a las cuales fue adjudicado el trayecto.

El director de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, manifestó su molestia por ambas situaciones. Resaltando, lo que a su juicio, representa una grave decisión: entregar la concesión a quien ya tiene demandada al Estado chileno.

“La empresa OHL hace dos años demandó al Estado chileno por supuestas perdidas que habrían sufrido con la construcción del Hospital Militar de La Reina. Esa demanda, que es por cientos de millones de dólares, está radicada en un tribunal civil. Nosotros consideramos negligente, al menos, la posición del ministerio de Obras Públicas que entrega un negocio a una empresa que ya demandó al Estado chileno”, explicó Herman como uno de los principales cuestionamientos a la firma, que por declaraciones de la propia ministra Loreto Silva, es quien lidera el proyecto.

El concejal de La Reina, Pedro Davis, concordó con opiniones del experto en urbanismo, señalando que como posición común del municipio, se oponen al proyecto tal como está. En este sentido, Davis informó que llevará el proceso a Contraloría.

“Voy a hacer una presentación a Contraloría, justamente por esa razón y porque OHL, generalmente, en las licitaciones en las que ha participado, acordémonos del centro de Justicia que tuvo un enorme retraso en su entrega, es un proveedor con el que el Estado ha tenido bastantes problemas, además Sacyr tiene un conflicto en el Canal de Panamá”, comentó el concejal, haciendo alusión a los problemas que, durante el último tiempo, ha tenido la otra empresa, también de origen español.

Los vecinos insisten en la molestia por la forma en cómo se ha llevado el proceso. Gabriela Mlynarz, representante de la Coordinadora Vecinal de La Reina, califica como “un amarre” a la premura con la que se resolvieron las licitaciones. Para ella es importante que las nuevas autoridades revisen el proyecto y cumplan con sus promesas de campaña.

“Hace unos meses, siendo candidata, Michelle Bachelet habló claramente que ella consideraba que la autopista tenía que hacerse en un solo proyecto. No me imagino cómo ella podrá solucionarlo, porque este es un impedimento bien claro, un amarre”, dijo la vecina.

Asimismo, agregó que una de las mayores preocupaciones que tenían era la “incertidumbre de no tener todo claro, por lo que durante la construcción podrían salir con nuevos problemas”.

Radio Universidad de Chile se contactó con el ministerio para rescatar su opinión del tema, sin embargo, no obtuvimos respuestas positivas.

En cifras, el tramo tiene un valor de US$926 millones. La oferta presentada por la firma, tiene el objetivo de construirlo con un 20% de aporte estatal, mucho menos del 40% pensado por el ministerio para su ejecución.

El proyecto tiene como plazo de entrega el año 2019, restando licitar el trayecto entre Príncipe de Gales y Grecia, otra de las críticas de los entrevistados, quienes aseguran haber preferido una sola construcción.

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